Víctimas del Sodalicio exigen al Vaticano denunciar delitos económicos y financieros ante Perú y EE.UU.

Las víctimas de abusos físicos, psicológicos, sexuales y económicos del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), suprimido por el papa Francisco a inicios del año, solicitaron este jueves a la Santa Sede que denuncie a la agrupación ante las autoridades de Perú y Estados Unidos por presuntos delitos económicos y financieros.

En un comunicado público, los sobrevivientes señalaron que la fortuna del SVC, generada principalmente por su sociedad San Juan Bautista y estimada por medios periodísticos en aproximadamente mil millones de dólares, “habría sido obtenida mediante fraude al Concordato de 1980 entre el Vaticano y el Estado peruano”.

Así, “lograron beneficios que deberían haberse destinado a obras sociales y de caridad, a través de una ingeniería financiera basada en defraudación fiscal, lavado de activos y uso irregular de hasta cuatro offshore distintas, dos de ellas domiciliadas en EE.UU.”.

Por esta razón, instaron a la “Secretaría de Estado del Vaticano, en la persona del cardenal Pietro Parolin y del sustituto monseñor Edgar Peña Parra”, a cumplir con su “deber in vigilando” y llevar estos casos ante la justicia de ambos países.

De igual modo, pidieron que, en caso de comprobarse estos ilícitos, la asociación y las demás sociedades del SVC “paguen las reparaciones correspondientes a las víctimas y a las comunidades más pobres de las zonas afectadas”.

Asimismo, exigieron que determinados miembros de la jerarquía eclesiástica peruana que en su momento respaldaron a la agrupación adopten ahora una postura de rectificación y manifiesten solidaridad con las víctimas.

“Nos han causado un profundo dolor en el pasado, monseñor Miguel Cabrejos, expresidente de la Conferencia Episcopal Peruana y los otros obispos peruanos que se responsabilizaron de los cementerios ‘Parque del recuerdo’ de los que eran propietarios mientras el Sodalicio se los administraba; el cardenal Gianfranco Ghirlanda y el cardenal Luis Martínez Sistach, quienes en el año 2000, con su asesoría jurídica, permitieron al Sodalicio construir su trama financiera presuntamente corrupta”, se lee en el pronunciamiento.

Los afectados valoraron la supresión como “un paso importante hacia la reparación moral y simbólica, así como una señal clara de que no hay lugar en la Iglesia Católica para comunidades fundadas sobre el abuso, el silencio y la impunidad”. Reconocieron el apoyo del papa León XIV, entonces obispo de Chiclayo, “a las víctimas y a los periodistas que denunciaron” el caso.

También agradecieron a la misión enviada por Francisco a Perú, conformada por Charles J. Scicluna y Jordi Bertomeu, “por su compromiso con la verdad y la justicia, pero sobre todo por su empatía y cercanía a nosotros, víctimas que llevábamos décadas de maltrato eclesial”.

Entre otras demandas figuran que “las autoridades vaticanas garanticen mecanismos de reparación integral a todas las víctimas, incluyendo indemnización económica, acompañamiento terapéutico y reconocimiento público a todas las personas que sufrimos en manos de esta organización sectaria”, así como que información “con transparencia” y acción “ante las autoridades peruanas para que acabe la presión judicial sobre los periodistas denunciantes y sobre los comuneros de Catacaos y Castilla”.

Con tristeza, señalaron que “solo a partir de la intervención de un Estado extranjero, el Vaticano”, las víctimas han tenido “un poco de justicia” en Perú, “puesto que los abusos de todo tipo del Sodalicio, incluidos los económicos, nunca hubieran sido posibles en un Estado con instituciones democráticas fuertes, sólidas y controladas por los mecanismos propios de un Estado de derecho”.

Finalmente, solicitaron a sor Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio de los Consagrados, que “publique cuanto antes todos los decretos de supresión del Sodalicio y el decreto de nombramiento del Comisario Apostólico para la liquidación de este grupo”, puesto que las víctimas tienen “derecho a saber por qué fue suprimido y las posibilidades de alcanzar finalmente una verdadera reparación”.

También pidieron a León XIV que los reciba en audiencia privada “para visibilizar así nuestra condición y acompañarnos mutuamente en nuestro dolor, tras 25 años desde aquella denuncia pública de José Enrique Escardó”, primer denunciante del SVC.