Narcotráfico en la Amazonía peruana: más de 270 comunidades indígenas en riesgo, revela informe

274 comunidades indígenas de la Amazonía peruana enfrentan invasiones, desplazamientos y violencia por el avance del narcotráfico en sus territorios. Así lo revela un informe presentado este miércoles 28 de mayo en Lima, que detalla las rutas del tráfico ilícito de drogas, sus impactos directos sobre pueblos originarios y cómo las políticas estatales contribuyeron a agravar la crisis.

Cabe señalar que este documento fue elaborado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), el Instituto del Bien Común (IBC), Amazon Watch y fue redactado por Ricardo Soberón.

Soberón advirtió con claridad en declaraciones para RPP: “El Estado no miró que había derechos ancestrales y colectivos en el territorio”, y agregó: “El Estado peruano y los gobiernos, lejos de considerarlos un aliado, los consideran el principal sospechoso”, en referencia a las comunidades nativas.

El informe sostiene que el narcotráfico en la Amazonía peruana ha ingresado a una nueva etapa de expansión y sofisticación. Según cifras del Ministerio del Interior citadas en el documento, Perú es actualmente el segundo país productor de hoja de coca del mundo, con más de 92,000 hectáreas cultivadas en 2023, de las cuales 13,054 hectáreas —el 14% del total nacional— se encuentran dentro de territorios de comunidades indígenas.

Además, se estima que existen al menos 500 pistas de aterrizaje clandestinas en la Amazonía peruana. Solo en la región Ucayali, se han identificado más de 85 pistas, muchas de ellas en funcionamiento activo y ubicadas dentro de comunidades sin seguridad jurídica ni presencia estatal efectiva. Esta infraestructura aérea ilegal es utilizada para movilizar grandes cargamentos de droga hacia países vecinos como Brasil y Bolivia, y desde ahí al mercado internacional.

El documento también señala que la producción potencial de cocaína en el Perú en 2021 fue de 785 toneladas, mientras que el 99% del destino de la droga producida es internacional, lo que implica que la Amazonía ha sido convertida en una plataforma estratégica de exportación para el crimen organizado.

Al menos 274 comunidades indígenas se encuentran afectadas por la expansión del tráfico ilícito de drogas, que actúa mediante mecanismos de presión territorial, sobornos, reclutamiento de jóvenes indígenas, y asesinatos selectivos. Comunidades como las kakataibo, asháninka, yagua y ticuna han sido invadidas por actores ilegales que han establecido cultivos, laboratorios y rutas de tránsito.

El líder kakataibo Marcelo Odicio, presidente de la Fenacoka, lo resumió así: “Existen pistas de aterrizaje y completo abandono del control territorial del Estado peruano, del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa”.

El informe identifica cuatro rutas clave del narcotráfico en la Amazonía peruana:

• Ruta norte hacia Ecuador, desde Amazonas, impactando comunidades Awajún.
• Ruta noreste por el Bajo Amazonas, cruzando Loreto hacia Colombia y Brasil, afectando pueblos ticuna y yaguas.
• Ruta central en Ucayali, región con baja densidad poblacional y alta conectividad aérea ilegal.
• Ruta sur desde el VRAEM, que atraviesa territorios indígenas en Cusco, Puno y Madre de Dios hacia Brasil y Bolivia.

Estas rutas han convertido a los territorios indígenas en corredores operativos del narcotráfico, donde los impactos incluyen deforestación masiva, contaminación de ríos con químicos usados en la producción de cocaína, y desplazamiento de comunidades.

El informe cuestiona directamente las políticas estatales de lucha contra las drogas. Entre 2014 y 2019, DEVIDA promovió la titulación individual de predios en territorios comunales de la Amazonía, bajo una lógica de formalización que, en la práctica, facilitó la fragmentación del territorio colectivo y su posterior ocupación por actores ilegales.

Asimismo, las operaciones de erradicación del CORAH han sido aplicadas sin consulta previa ni alternativas productivas sostenibles, lo que ha empujado la frontera cocalera hacia territorios cada vez más remotos y frágiles, como los de pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV), como los de la reserva Kakataibo Norte y Sur.

Desde 2020, 27 defensores y defensoras indígenas fueron asesinados en contextos vinculados al narcotráfico, muchos sin justicia ni reparación. El informe resalta que las organizaciones criminales no solo han tomado control del territorio, sino que imponen el miedo como forma de dominación y generan un ambiente de violencia estructural.

Luis Hallazi, del Instituto del Bien Común, enfatizó que “el impacto del narcotráfico para los pueblos indígenas amazónicos se refleja en la invasión de su territorio, la degradación ambiental a través de la deforestación y contaminación de ríos para la siembra de coca y producción de cocaína, con la consecuente violencia contra la población y la inseguridad permanente que sufren las comunidades indígenas. La presencia de organizaciones criminales ha llevado a una constante violación de los derechos humanos y la amazonización del narcotráfico”.

Para frenar el avance del narcotráfico en territorios indígenas, el informe propone una serie de medidas urgentes: titular colectivamente y georreferenciar los territorios, reformar la política antidrogas con enfoque intercultural, crear un grupo de trabajo multisectorial que ordene los títulos habilitantes sobre tierras indígenas, fortalecer la protección a defensores y combatir la impunidad, impulsar una cooperación internacional corresponsable —especialmente con los países consumidores—, e invertir en alternativas económicas sostenibles alineadas.

“El informe debe servirnos como alerta y hoja de ruta, tanto al movimiento indígena como a todos nuestros aliados. Pero, sobre todo, esperamos que los Estados amazónicos asuman decisiones radicales para contener este drama ambiental y de derechos humanos, y confiamos en que la comunidad internacional en su conjunto, y en particular los países de destino, donde se consume la cocaína, asuman un papel más decisivo en la protección de los derechos de los pueblos indígenas que estamos poniendo nuestras vidas en riesgo”, expresó Miguel Guimaraes, vicepresidente de AIDESEP.