Crisis por metales tóxicos en Perú: más del 30% de peruanos bebe agua contaminada con metales como plomo, mercurio y arsénico

Más de diez millones de personas en Perú, lo que equivale al 31,5 % de la población, están expuestas a niveles peligrosos de metales tóxicos como arsénico, plomo, cadmio y mercurio, según denunció la Plataforma Nacional de Afectadas y Afectados por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas.

Esta crisis sanitaria, que afecta principalmente a comunidades rurales y originarias, ha cobrado recientemente la vida de seis niños, según informó la organización. Los voceros de la Plataforma señalaron que la falta de atención estatal y la ausencia de infraestructura adecuada, como laboratorios y censos, agravan la situación.

De acuerdo con la Plataforma, la contaminación está vinculada a actividades extractivas como la minería y la explotación petrolera, que han dejado a comunidades enteras en condiciones críticas. Representantes de regiones como Pasco, Junín, Huancavelica, Callao, Cusco, Moquegua, Apurímac, Amazonas, Loreto y Áncash denunciaron que no existen campañas médicas permanentes ni un registro oficial de las personas afectadas.

Anthony Oscátegui, presidente de la Plataforma, afirmó que desde 2017 han intentado visibilizar el impacto de estas actividades, pero hasta ahora no se ha implementado un plan efectivo para atender a los afectados. “Nos están dejando morir lentamente”, declaró.

En el distrito de Andoas, en la región de Loreto, cinco menores fallecieron tras un derrame de petróleo, según denunció Elvis Saavedra, vocero de la región. Saavedra también señaló que desde 2016 se han registrado casos similares en Morona, pero la falta de laboratorios regionales y de campañas médicas sostenidas impide conocer el alcance real de la contaminación.

Además, criticó la insuficiencia de recursos en las microredes de salud amazónica, donde, según explicó, en el mejor de los casos solo se dispone de medicamentos básicos como paracetamol.

Desde La Oroya, Lila Torpoco cuestionó el modelo económico extractivista del país y la limitada inversión en salud pública. Según Torpoco, de cada 1.000 soles recaudados por el Impuesto General a las Ventas (IGV), solo 0,40 soles se destinan al sector salud, y apenas 2 soles por persona se asignan para atender a los afectados por metales tóxicos. “¿Cuál es el valor de una vida para este país?”, preguntó.

En 2021, el gobierno peruano aprobó el Plan Especial Multisectorial para la Atención Integral de la Población Expuesta a Metales Pesados y Otras Sustancias Tóxicas, pero su ejecución sigue pendiente, según denunció Elsa Benavente, vocera de Huancavelica. Benavente explicó que no se han asignado los recursos necesarios ni se ha informado a los gobiernos regionales sobre cómo implementar el plan.

Además, señaló que muchas comunidades consumen agua con niveles de arsénico que superan ampliamente los límites permitidos, mientras que en algunas zonas los suelos contienen mercurio en concentraciones que exceden en un 100.000 % lo tolerado por las normas ambientales.

La falta de un registro nacional actualizado de personas afectadas es otro de los problemas críticos señalados por la Plataforma. Oscátegui afirmó que el Ministerio de Salud (Minsa) no ha consolidado ni publicado esta información, lo que dificulta la identificación de los afectados y la planificación de medidas de atención. “No sabemos cuántos somos. No sabemos quiénes están contaminados ni con qué niveles. El Estado tiene los datos, pero los guarda bajo siete llaves”, denunció.

Aunque la crisis afecta principalmente a comunidades rurales, la Plataforma advirtió que zonas urbanas como San Mateo, Ventanilla y Callao también presentan altos niveles de exposición a metales tóxicos. Oscátegui subrayó que incluso en Lima se consume agua contaminada, lo que desmiente la percepción de que la capital está a salvo de esta problemática.

Durante una conferencia reciente, los voceros de la Plataforma exigieron la ejecución inmediata del Plan Multisectorial, así como la asignación de presupuesto para la remediación ambiental y el monitoreo de la salud de las poblaciones afectadas. También pidieron que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) no autorice nuevos proyectos extractivos sin estudios de impacto ambiental ni procesos de consulta previa. Además, solicitaron una fiscalización rigurosa de los recursos ya asignados a los gobiernos regionales.

Entre los datos más alarmantes presentados por la Plataforma se encuentran las muertes recientes de seis niños, uno en Pasco y cinco en Condorcanqui, Amazonas. Asimismo, estudios regionales indican que el 80% de la población de Moquegua está expuesta a metales pesados. A pesar de estas cifras, el presupuesto destinado a la atención de los afectados sigue siendo insuficiente, lo que, según los voceros, refleja la falta de prioridad que el Estado otorga a esta crisis.

“La vida de quienes habitamos en zonas de sacrificio también vale. No queremos más discursos ni promesas, queremos acciones concretas”, concluyó Oscátegui, en representación de las comunidades afectadas.