Camisea bajo asedio: Gobierno prorroga estado de emergencia en cuatro distritos de Ayacucho por azote del crimen y el narcotráfico

El Gobierno peruano ha decidido extender por sesenta días el Estado de Emergencia en los distritos de Ayna, Santa Rosa, Anchihuay y Río Magdalena, ubicados en la provincia de La Mar, en el departamento de Ayacucho.

Según lo estipulado en el Decreto Supremo Nº 071-2025-PCM, publicado el 29 de mayo de 2025 en el diario oficial El Peruano, esta medida responde a la persistencia de actividades delictivas relacionadas con el tráfico ilícito de drogas y la presencia de organizaciones criminales que afectan el orden interno en estas zonas. Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el decreto, la prórroga del Estado de Emergencia implica la restricción de ciertos derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal, tal como lo establece el artículo 137 de la Constitución Política del Perú.

Estas limitaciones buscan garantizar la seguridad en las áreas afectadas y permitir una intervención más efectiva de las fuerzas del orden. Además, se especifica que las acciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se regirán por el marco legal vigente, incluyendo el Decreto Legislativo Nº 1186, que regula el uso de la fuerza policial, y el Decreto Legislativo Nº 1095, que establece las normas para el empleo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas.

El decreto también detalla que esta medida se fundamenta en informes reservados de la Policía Nacional del Perú, los cuales evidencian la continuidad de actividades delictivas en la región.

Entre los documentos citados se encuentran el Informe Nº 128-2025-COMOPPOL-PNP/DIRNOS-SEC-UNIPLEDU y el Informe Nº 058-2025-DIRNOS PNP/FP VRAEM-SEC-UNIPLEDU, que destacan la incidencia de delitos relacionados con el tráfico de drogas y la operación de bandas criminales. Estas actividades han sido señaladas como factores que comprometen la paz y el orden en los distritos mencionados.

La medida también afecta a la denominada “Franja Territorial del Eje Energético del Gas de Camisea”, que abarca una distancia de ocho kilómetros a cada lado del sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural, desde el Centro Poblado Nuevo Mundo, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, departamento de Cusco, hasta el distrito de Anco, en la provincia de La Mar, Ayacucho. Este corredor energético es considerado estratégico para el país, y su seguridad es una prioridad en el marco del Estado de Emergencia.

El Decreto Supremo Nº 071-2025-PCM establece que, al término de los sesenta días de vigencia de esta prórroga, la Policía Nacional deberá presentar un informe detallado al Ministerio del Interior sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante este periodo. Este requisito busca garantizar la rendición de cuentas y evaluar la efectividad de las medidas implementadas.

En cuanto al financiamiento de las acciones previstas en el decreto, se aclara que estas se llevarán a cabo con los recursos asignados a los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin requerir asignaciones adicionales. El documento fue refrendado por la presidenta de la República, Dina Boluarte, junto con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y los titulares de los ministerios de Defensa, Interior y Justicia.

El Estado de Emergencia en esta región no es una medida nueva. Ya se habían emitido decretos previos, como el Decreto Supremo Nº 016-2025-PCM y el Decreto Supremo Nº 044-2025-PCM, que establecieron y prorrogaron este régimen de excepción en respuesta a la situación en la zona. En ambos casos, se destacó la necesidad de mantener la intervención conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para enfrentar las amenazas a la seguridad pública.

El marco legal que sustenta estas acciones incluye también el “Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad”. Este protocolo busca garantizar la protección de los derechos de las personas en situaciones de intervención policial, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad.