Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal: “El MEF está en un incumplimiento sistemático de las reglas fiscales, esto no puede continuar”

El Consejo Fiscal del Perú, encabezado por el economista Alonso Segura, ha expresado su preocupación respecto a una reciente autógrafa que busca transferir la rectoría del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP), actualmente bajo supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la agencia ProInversión. Según Segura, esta medida podría tener implicaciones críticas para la gestión de una cartera de proyectos que asciende a más de 70.000 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 250.000 millones de soles. Este monto representa cerca de una cuarta parte del Producto Bruto Interno (PBI) anual del país y es el doble de lo alcanzado en los últimos 15 años, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad y los riesgos asociados a esta transferencia.

¿Cuál es el problema con apostar fuertemente por las APP y OxI para reconstruir el Perú?

A ver. A nuestro SNPIP se le llama ‘de inversión privada’, pero, en realidad, conlleva un gran componente de gasto público. Hay dos tipos de APP, digamos, unas que se llaman ‘autofinanciadas’, que son muy poquitas. Existen en algunos sectores como transmisión eléctrica, entre otros. Estos proyectos se pagan a sí mismos, tienen rentabilidad privada. El concesionario puede invertir de su propio capital y lo recupera con pagos de tarifas de usuarios, pero esas casi no hay.

El gran tema de las concesiones que no han caminado en Perú —que no ha sabido históricamente estructurarlos bien, a través de ProInversión— son las cofinanciadas. Son proyectos con rentabilidad social beneficiosa para la sociedad, pero insostenibles sin apoyo del Estado. Imagínate una Línea 1 del Metro. Imagínate no la carretera que sale al sur de Lima, sino una carretera en una zona más alejada donde hay menos tráfico, que tiene rentabilidad social. Es decir, es beneficioso para la sociedad que se construyan y se operen, pero, si quisieras cobrarle a los usuarios, tendrías que cobrarles un monto prohibitivamente alto.

Entonces, el Estado le dice al privado: “Yo te pongo una parte -a veces, una parte muy importante de la inversión-, y te cubro también, parcialmente, operación y mantenimiento durante la vida de concesión”, que puede ser 30 o 40 años. Entonces, el gran tema es que estas APP cofinanciadas generan gasto público, y este gasto público es importante. Por eso el MEF es el que define las reglas de juego y el que decide si los proyectos van o no van en distintas etapas.

¿De qué manera el MEF abandonaba sus funciones, para ceder competencias a ProInversión?

Acá lo que se proponía es decir, se lo quito al MEF y se lo doy a ProInversión y relajo los controles que tiene el MEF para poder decidir si los proyectos encajan dentro de la decisión presupuestaria, si tienen rentabilidad social y si tiene sentido que se ejecuten y por qué vía se ejecuten. Porque una alternativa a veces no es APP, puede ser otra obra pública.

Le quitan una serie de competencias al MEF. Eso es lo que pretende esta autógrafa. Y se relajan estos controles fiscales que en terminología internacional —que es una recomendación internacional de la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial del BID— se llaman de “garitas” o “gateways”, donde Hacienda decide en cada etapa si los proyectos pasan o no pasan. Debilitar esos controles fiscales constituye un peligro significativo para la estabilidad económica. Te perforan el sistema.

Por eso, el Consejo Fiscal dijo: “Esto no sigue, es muy peligroso fiscalmente”. Entonces esta autógrafa no puede seguir en estos términos. Es necesario regresar a la pizarra, consultar con expertos internacionales. Y eso es lo que está en discusión ahora. El ministro actual ya ha declarado correctamente que observarían esta ley y que la rectoría y los controles fiscales se tienen que mantener en el MEF. Hay otras cosas que se discutirán, pero esa es la parte central desde el punto de vista fiscal y presupuestal.

El Consejo Fiscal menciona que la ejecución simultánea de algunos megaproyectos podría generar una presión innecesaria sobre el presupuesto. Imagino que se refiere a megaproyectos como anillos viales e infraestructura ferroviaria, todo al mismo tiempo.

Exacto. Acá hay que distinguir también otra cosa. No es solamente por APP. El gran tema con APP era que querían modificar toda la normativa de una manera que debilitaba los controles fiscales del MEF y la capacidad de otros actores de poder supervisar y regular que se hiciera todo bien. Relajaban también controles de reguladores, Contraloría y otros actores.

Le quitan roles a los sectores que, si bien no han hecho bien su trabajo, obviamente son los que tienen la visión estratégica —infraestructura de transporte con el MTC; brecha de educación con el MINEDU—, por eso es una decisión colegiada donde participan actores. No debes quitar todo esto y decir: “Lo concentro en una entidad que ni siquiera ha hecho bien su trabajo de estructuración a lo largo del tiempo”.

Por poner más evidencia, parte de estos 70 mil millones de dólares, en principio, son proyectos que ni siquiera quieren que vayan por APP. Quieren que vayan, por ejemplo, por Gobierno a Gobierno (G2G), que es una modalidad de infraestructura que no es recomendada a nivel internacional, porque no está pensada para proyectos de infraestructura, donde hay potenciales postores, competidores.

¿Y cuál es el problema con el G2G?

El G2G es una suerte de obra pública disfrazada que reduce la competencia. Los acuerdos de este tipo limitan la transparencia y competitividad en proyectos clave. Y son caros porque un gobierno trae sus empresas, gana y después las empresas lo manejan. Tiene muchos efectos negativos. Lo que tienes que analizar en general es cuál es la mejor modalidad de despliegue de infraestructura.

¿Tiene sentido que se ejecute esta infraestructura sí o no? ¿Y a través de qué ventanilla lo saco? APP, obras por impuestos, obra pública, lo que fuera. Eso de ahí todavía tiene que definirse. Y el segundo tema es la escala. La escala que están planteando es 70 mil millones de dólares, que seguramente va a ser mucho más porque está en idea. Eso no encaja en la restricción presupuestaria del Perú.

Estamos hablando de 30 años. Es una envergadura de proyectos que no podríamos pagar con nuestra capacidad. Eso es lo que está alertando el Consejo Fiscal. ¿Cómo así esto va a encajar en variación presupuestaria? Es una discusión que recién empieza, en realidad, que suponemos que el MEF empezará conforme planee desplegar proyectos. Dirá este es el espacio que hay. Para eso hay una serie de metodologías que querían abandonar.

Pero se trataba de una autógrafa consensuada con el Congreso y el sector privado del país, ¿no?

Si bien esta fue una autógrafa, oficialmente, lanzada desde el Legislativo, todos sabemos que no fue una iniciativa del Congreso, sino que fue un proyecto introducido y que recoge muchas propuestas de parte de operadores de infraestructura. La condimentan, le ponen más cosas y, en realidad, todo el sector de Economía es el que trasladó este proyecto y le pidió al Ejecutivo que lo apruebe.

Esta iniciativa de infraestructura es una que sale del Ejecutivo, pero no como corresponde con todos los procedimientos del caso, como que pase por Viceministros, análisis de impacto regulatorio, Consejo de Ministros y entrega de proyectos de ley. Esto ha sido entregado en manos del Ejecutivo, y del Ejecutivo al Congreso.

¿Observar la autógrafa no interrumpirá también las metas del Gobierno para construir penales y equipar comisarías mediante obra cofinanciada?

Eso tiene que estar considerado en el Presupuesto Público, tiene que estar planificado diciendo el Ministerio de Justicia, que tiene un presupuesto de no tengo idea, 30 millones de soles para infraestructura todos los años, va a tener ahora 500. ¿Entonces, la pregunta es, son 500 contra mi restricción presupuestaria, pues a quién le quito 500? ¿Hay menos Transporte, Educación, Salud? Bueno, ya no hay porque 500 se fue para penales o se fue para comisarías.

Ese es el rol del MEF: balancear todas las prisiones y todas las demandas de gasto de todo tipo, incluyendo de infraestructura de múltiples sectores en múltiples modalidades. Es decir, cuando requiere fondos públicos, ¿cómo los asigna? Este es el tamaño de la torta que tengo. No puedo ofrecer una torta de un tamaño diferente. Ese tamaño me alcanza para esta torta, nada más. Eso es lo que tiene que hacer el ministro de Economía, que es lo que típicamente hacía y que tiene ahora que retomar porque estamos en un incumplimiento sistemático de las reglas fiscales.

Estas son ideas faraónicas para hacer proyectos de infraestructura por decenas de miles de millones donde no hay espacio. Es zapatero a tus zapatos: regresa a tu proyección de ingreso de largo plazo, tu producción de gasto, tu capacidad fiscal, tu trayectoria sostenible de deuda.

¿Sigue siendo débil la posición del MEF ante el Congreso, como reconoció el exministro José Arista?

Independientemente de las propuestas de ministros, no es bueno para el país. Y acá no es hablar de las cualidades profesionales ni personales, ni del ministro que acaba de salir, ni del ministro que acaba de entrar. ¿De acuerdo? Voy al hecho concreto de que no es bueno para el país que a un ministro de Economía se le remueva a los tres meses, por la razón que sea.

Eso te demuestra ya no solo debilidad para con el Congreso. Demuestra debilidad absoluta al interior del Ejecutivo, y una falta de respeto al propio Gobierno, digamos, por la institución misma del Ministerio de Economía. Ahora, hay más cosas. El ministro saliente sacó a más de una docena de altos funcionarios, directores generales y otras autoridades del Ministerio de Economía. Eso tampoco está bien.

Uno tiene que respetar a la tecnocracia. Uno siempre puede encontrar que hay alguna posición en que tiene que hacer algún cambio y habrá alguien de confianza. Pero uno no puede arrasar con la alta dirección de un ministerio. Entonces, nuevamente acá el MEF está siendo, lamentablemente, vapuleado desde afuera y desde adentro. Y eso debería de parar.

Pero, ¿cómo entender esta situación donde la mayoría de gremios privados se mostraron a favor?

Es genuino y legítimo que los gremios empresariales formales, en particular, tengan recomendaciones de mejoras regulatorias, de reformas, de mejoras de gestión al interior del Estado. Incluso se han generado mecanismos transparentes para hacer eso: mesas ejecutivas, equipos especializados, seguimiento de la inversión para infraestructura.

Se han creado en los últimos diez o doce años mecanismos para que se dé esa articulación y ese intercambio de información entre el sector privado y el sector público, y al interior del sector público. Hay maneras en que los gremios pueden hacer llegar sus sugerencias y hacer saber dónde les aprieta el zapato. Digamos, donde hay problemas, dicen: “Con esto yo no me dejan invertir, no me dejan contratar mano de obra”. Y eso es perfectamente válido y es positivo para el país.

Yo creo que se cruza una raya cuando pasas de allí a solicitar cada quien una serie de regímenes especiales y beneficios que no necesariamente están alineados con el bienestar de los peruanos. Y es ahí cuando entramos en estas situaciones de exoneraciones tributarias para las ZEE, para el régimen agrario especial, el tratamiento del IGV para turismo y hoteles. Hoy hablamos una ley de APP que querían que pase entre gallos y medianoche, contra práctica internacional, sin discusión ni nada.

Bueno, pero también se trata de reactivar la inversión privada del país, o al menos, la obra pública.

Todas estas cosas no deberían ser apoyadas por sector privado, porque, si no, mañana, más tarde, cuando el Congreso te quiera meter en un enésimo retiro de AFP o un nuevo Reinfo, o una iniciativa de mayor rigidización del régimen de regímenes laborales, ya no tienes, digamos, la ventaja de decir yo actúo por principio, no por interés de parte, porque tú has estado pidiendo eso. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Y lo que se ha estado viendo en todas estas iniciativas es que han contado no solo con el apoyo, sino con la insistencia y el empuje de distintos gremios que solo están viendo su interés y no están viendo su rama del árbol, ni siquiera el árbol ni el bosque completo.

Esta es una suerte de economía que llamamos ‘tragedia de los comunes’. Vamos a poner un ejemplo: una laguna con truchas y cada uno de los pescadores que está alrededor de la laguna solo piensa en su beneficio personal. Entonces cada quien explota la trucha como que si fuera inagotable. Entonces, se sobreexplota el recurso y después ya no hay trucha para nadie. Es el caso de los bienes públicos.

Bueno, acá tenemos una tragedia de los comunes, donde están sobreexplotando el recurso, institucionalidad fiscal y ingresos públicos, pidiendo exoneraciones y cosas por el estilo, porque solo ven lo que les toca a ellos y no ven que un gremio pide una cosa, y otro gremio, otra. Estás perforando la capacidad del Perú de generar ingresos, beneficiando a unos pocos frente a muchos, generando todo tipo de inequidades, heterogeneidades y eso.

¿No es así como se han movido muchas decisiones del MEF y el Gobierno en los últimos años?

Al final, lo que va a terminar pasando es que, cuando se sumen todos estos efectos, te vas a dar cuenta de que has vulnerado la sostenibilidad fiscal del país también y que ya no cuentas con un país de baja recaudación con recursos mínimos para cubrir necesidades de la población.

Hay una parte legítima: busquemos reformas, cambios regulatorios, mejoras de gestión. Pero ojo con ir al otro lado de simplemente pedir beneficios porque me conviene. Esa es la parte que preocupa y que está proliferando en el país. El Consejo Fiscal lo dejó por escrito: en los últimos dos años ha habido diecinueve exoneraciones tributarias o nuevas prórrogas. Y hay 32 proyectos en este momento del Congreso de exoneraciones tributarias. Esto no puede continuar, es muy peligroso.

¿Ya se ha reunido el ministro con ustedes o han conversado previamente?

No, no hemos conversado. Ha habido declaraciones públicas del ministro indicando que la rectoría tiene que permanecer en el MEF y que tiene que sujetarse el despliegue de infraestructura a la restricción fiscal. Entonces, toda esa parte es importante y es una decisión que es correcta.

Ahora hay muchas otras cosas que se quieren cambiar en esa autógrafa que requieren discusión. En opinión del Consejo Fiscal, algunos cambios generan riesgos fiscales, de acuerdo, pero eso debe ser parte de esta discusión que también ha planteado el nuevo ministro; decir que esto se discuta por parte de todos los actores que participan del ecosistema de infraestructura. Y es la manera correcta de proceder. Ya después habrá espacio para coincidencias y desacuerdos de opinión sobre ciertas cosas, pero lo importante es que sea transparente y que se haga de manera responsable.

Ahora, hay otra parte que ya hay que tener cuidado, porque si el propio ministro mantiene la misma idea del ministro anterior, es decir, hay espacio para decenas de miles de millones de dólares en proyectos; una parte por APP, una parte por G2G. Pero ahí es donde nuevamente el Consejo Fiscal ya levantó las alertas. No hay espacio para eso, no se pueden hacer múltiples leyes de ferrocarriles, múltiples líneas de metro, múltiples carreteras, hospitales, escuelas, en simultáneo. No, no se puede.

Parece evidente que este año no lograremos cerrar el déficit en la trayectoria fijada del 2,8%.

En realidad, no es tan evidente. Porque con la proyección de ingresos que hay, ingresos temporales muy fuertes este año por los buenos precios de materias primas y regularización de renta. Son temas técnicos. Si el Ejecutivo mantiene la senda de gasto donde fue aprobada en presupuesto, sí hay una probabilidad no baja de que se pudiese cumplir la regla fiscal este año, pero eso depende de voluntad y disciplina del Gobierno.

Obviamente, si no hay ni voluntad, ni disciplina, o falla alguna de las dos, evidentemente lo que va a pasar es que se va a incumplir la fiscal nuevamente este año. Entonces, el nuevo ministro tiene una tarea ahí de hacer que eso se cumpla. Si eso pasa, podríamos cumplir la regla este año, aunque los siguientes años es prácticamente imposible porque el MEF y el Gobierno mismo le están dejando una trayectoria muy ambiciosa de austeridad al siguiente.

Entonces, si no cumples este año, ya vuelves imposible lo que viene. Si este año se incumple, el resto ya ni siquiera es una probabilidad bajísima. Por eso, acá lo que hay que ver es el mediano plazo. El Perú no termina el 28 de julio del 2026. El Perú sigue ahí. Por eso, como Consejo Fiscal esperamos que el Gobierno tome las medidas de contención de gasto que correspondan para poder asegurar el cumplimiento de las reglas fiscales este año, y dejarle una situación menos apretada al siguiente.

*** Esta entrevista se realizó en las oficinas de Infobae Perú horas antes de que se conocieran las intenciones del MEF y una parte del Congreso para reducir el IGV de 16% al 14% y redistribuir los recursos del Foncomun. Todavía se espera un pronunciamiento oficial del Consejo Fiscal respecto a esta otra situación.