La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió a trámite las denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena.
A Espinoza se le atribuye supuestamente haber infringido la Constitución al continuar con la investigación del caso Valkiria e incorporar en dicho caso a 14 congresistas. Uno de estos parlamentarios, el acciopopulista Jorge Luis Flores Ancachi, fue quien presentó la denuncia constitucional.
Pero eso no es todo. Flores Ancachi también denunció al mismo tiempo al exfiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena por “no iniciar acciones” contra la fiscal Delia Espinoza por ampliar la investigación del caso Valkiria.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite la denuncia constitucional contra ambos fiscales supremos con 12 votos a favor.
Respecto al fiscal supremo Pablo Sánchez, se le imputa los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia , así como presuntas infracciones a la Constitución. Esto por supuestamente interferir en una diligencia a cargo del exfiscal Rodrigo Rurush a las instalaciones de IDL-Reporteros, diligencia que no tenía autorización judicial donde buscaba incautar los audios que dieron paso a la investigación de Los Cuellos Blancos del Puerto.
El informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional contra Sánchez fue aprobado con 12 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.
¿Qué sigue?
Ahora, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá dar cuenta de los informes de calificación a la Comisión Permanente a fin de que este último otorgue un plazo para la investigación y elaboración de informes finales.
Este informe final puede concluir en que se acusa a los fiscales supremos Delia Espinoza, Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez. Una evidente persecución política. En tanto, la misma Subcomisión no retrocederá en su decisión de archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex.
Subcomisión ratifica blindaje a Boluarte
El Congreso ha decidido no reconsiderar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte en relación con el conocido “caso Rolex”. Esta decisión fue tomada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por María Acuña, quien rechazó la solicitud del Ministerio Público para reabrir el caso.
Acuña enfatizó que el tema está cerrado y pidió a la Fiscalía de la Nación que respete las decisiones del Congreso, subrayando la independencia de los poderes del Estado.
El caso se originó en marzo de 2024, cuando se difundieron imágenes de Boluarte luciendo relojes Rolex en eventos oficiales, los cuales no estaban registrados en su lista de bienes. Inicialmente, Boluarte afirmó que los relojes eran de su propiedad, pero posteriormente admitió que eran préstamos de su amigo, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
Aunque Boluarte reconoció que aceptar estos regalos fue un error y aseguró que los devolvió, la fiscalía, encabezada por el fiscal Juan Carlos Villena, consideró que estos regalos podrían ser indicios de enriquecimiento ilícito y omisión en la declaración patrimonial.
En mayo de 2024, Villena presentó una denuncia formal por cohecho pasivo impropio, argumentando que los regalos del gobernador tenían la intención de influir en las decisiones presupuestales de Boluarte a favor de Ayacucho. Sin embargo, el Congreso decidió archivar la denuncia con votos a favor de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular, mientras que partidos opositores como Perú Libre y Juntos por el Perú votaron en contra.
El Ministerio Público, a través de un comunicado, argumentó que el archivo del caso fue producto de “graves vicios procesales” y solicitó la nulidad de las acciones parlamentarias, alegando que la inmunidad presidencial no debería actuar como un escudo contra la justicia. Según el comunicado, el Parlamento no evaluó adecuadamente los elementos que demostrarían el delito de Boluarte ni consideraron el interés público comprometido.
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