Rafael López Aliaga propone a Dina Boluarte trasladar a presos de Challapalca a megacárcel de Bukele en El Salvador: “Estamos en guerra”

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, planteó este martes al gobierno de la presidenta Dina Boluarte una medida extrema para enfrentar la inseguridad en el país: trasladar a los presos de alta peligrosidad que cumplen condena en el penal de Challapalca al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel gestionada por Nayib Bukele en El Salvador.

En un pronunciamiento en video, López Aliaga presentó una serie de propuestas que iba a exponer ante el jefe de Gabinete, Eduardo Arana, en una reunión que finalmente se frustró. “Son ocho puntos, señor premier”, afirmó antes de aclarar que hablaba como ciudadano y no como autoridad.

En primer lugar, sugirió enviar a sus lugares de origen a “las cabezas delincuenciales de este terrorismo urbano que ha venido de Venezuela o Colombia”. Agregó que no iba “a estigmatizar a todos, pero una parte importante de esta población es informal y no podemos permitirlo más”.

Luego, planteó que los reos de alta peligrosidad que se encuentran en Challapalca y otras prisiones sean trasladados al Cecot, “para que sientan pánico” de estar en lugar “que es un infierno en vida”.

Desde marzo pasado, esta megacárcel alberga migrantes deportados por Estados Unidos acusados de pertenecer a la banda transnacional Tren de Aragua, cuyo estado y condiciones son desconocidos. Con capacidad para 40,000 personas, la prisión fue construida para recluir a los pandilleros más peligrosos de El Salvador. Actualmente, más de 14,500 internos cumplen condena allí, a los que se suman más de 200 migrantes expulsados, en su mayoría venezolanos.

Por otro lado, López Aliaga solicitó que el control de la seguridad pase a manos de los militares. “Ya llegó el momento, no podemos estar en un tema vago, tibio. Estamos en guerra, en conflicto armado interno, bajo ataque”, aseguró.

También pidió que se penalice como terrorista urbano a quien use granadas o extorsione, para aplicar castigos severos. Propuso que el crédito suplementario en trámite debe destinarse completamente a la seguridad ciudadana, además de utilizar grilletes electrónicos para extranjeros no registrados como método para controlar su ubicación y disminuir la saturación en las cárceles.

De igual modo, planteó que si un usuario reporta un celular robado y la empresa de telefonía no bloquea el equipo, se debe presentar denuncia penal. “Tampoco se quiere mirar esta decisión política por lobbys, miedos o compromisos. No pactamos con la corrupción e inseguridad. (...) Al terrorismo ya lo hemos vencido, lo venceremos por segunda vez”, concluyó.

El debate sobre el envío de presos peruanos de alta peligrosidad a El Salvador no es reciente. En mayo pasado, la congresista Jhakeline Ugarte, del Bloque Magisterial, planteó trasladar a internos con condenas por delitos graves, como sicariato, homicidio calificado o extorsión.

“El objetivo es descongestionar los penales del país y reforzar el control institucional frente a bandas criminales que operan dentro de las cárceles”, señala el dictamen. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, también propuso una reorganización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y apoyó la posibilidad de enviar a delincuentes peligrosos fuera del país como parte de una reforma integral del sistema carcelario.

A su vez, López Aliaga solicitó que el Ejecutivo declare al Tren de Aragua como organización terrorista, en línea con la decisión adoptada por Estados Unidos. “Estamos bajo ataque. Ya no se trata solo de inseguridad común, sino de terrorismo urbano”, sostuvo.