Racha de atentados en el Oleoducto Norperuano no tiene fin: Petroperú anuncia cuarto ataque en lo que va del 2025 y lanza llamado de emergencia

Un nuevo atentado contra el Oleoducto Norperuano (ONP), ocurrido el 27 de mayo de 2025, ha agravado la crisis ambiental y social en la región Loreto, Perú.

Según informó Petroperú en un comunicado oficial, el incidente fue provocado por la manipulación intencionada de una grapa de seguridad instalada en el kilómetro 315+535 del Tramo II del oleoducto, ubicado en la comunidad nativa Sinchi Roca, en el distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón.

Este acto generó una nueva fuga de petróleo que alcanzó una quebrada cercana, intensificando el impacto sobre el ecosistema y poniendo en riesgo la salud de las comunidades locales.

De acuerdo con Petroperú, este es el cuarto atentado registrado contra el ONP en lo que va del año, lo que ha generado pérdidas millonarias para la empresa y ha comprometido la sostenibilidad operativa de este Activo Crítico Nacional (ACN).

La compañía detalló que la operación del oleoducto requiere un gasto anual superior a los 120 millones de dólares para garantizar su funcionamiento y confiabilidad. Además, enfatizó que estos actos vandálicos no solo afectan la infraestructura, sino que también representan un grave daño ambiental y un riesgo crítico para la salud pública.

El primer incidente de esta serie de ataques ocurrió el 19 de marzo de 2025, cuando se detectó una perforación en el mismo tramo del oleoducto. Aunque Petroperú activó de inmediato su Plan de Contingencias, logrando sellar la perforación y contener la fuga inicial, el personal de la empresa enfrentó impedimentos para realizar las labores de limpieza y recolección del hidrocarburo.

Estas restricciones fueron impulsadas por las autoridades comunales y dirigentes de organizaciones locales, quienes buscan presionar al gobierno central para obtener financiamiento para proyectos de inversión en la zona.

Desde el primer atentado, representantes de Petroperú, junto con funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Defensoría del Pueblo, han participado en diversas mesas de diálogo con la comunidad de Sinchi Roca. Sin embargo, las negociaciones han enfrentado múltiples obstáculos, incluyendo la retención involuntaria de trabajadores y la obstrucción de los sistemas de aseguramiento y contención.

Durante la última reunión, realizada el 21 de mayo de 2025, los representantes comunales presentaron demandas que Petroperú calificó como inaceptables, entre ellas la contratación de 100 personas y el pago de jornales diarios de 150 soles. Además, advirtieron que, de no cumplirse sus exigencias en un plazo de 72 horas, procederían a retirar las medidas de seguridad instaladas en el oleoducto.

El incumplimiento de estas demandas derivó en el atentado del 27 de mayo, que agravó la situación ambiental en la región. Según Petroperú, la fuga de petróleo alcanzó una quebrada cercana, lo que incrementó el impacto sobre el ecosistema y la salud de las comunidades aledañas. La empresa reiteró su llamado a las autoridades competentes para que adopten medidas urgentes que garanticen la protección de esta infraestructura estratégica y eviten futuros ataques.

Emergencia ambiental en el Amazonas por fuga en Oleoducto

El Oleoducto Norperuano, una de las principales infraestructuras de transporte de hidrocarburos en el país, ha sido objeto de constantes ataques en los últimos años, lo que ha generado preocupaciones sobre su sostenibilidad operativa y su impacto ambiental. Petroperú subrayó que estos actos de sabotaje no solo afectan la economía de la empresa, sino que también tienen consecuencias graves para el medio ambiente y las comunidades locales, que dependen de los recursos naturales de la región para su subsistencia.

En su comunicado, Petroperú instó al gobierno y a las autoridades locales a trabajar de manera conjunta para resolver esta problemática y garantizar la seguridad del oleoducto. La empresa también destacó la necesidad de establecer un diálogo constructivo con las comunidades afectadas para encontrar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas, sin recurrir a medidas de fuerza que pongan en peligro la integridad de la infraestructura y el bienestar de las personas.