Perú recibe S/836 millones en los primeros cuatro meses del 2025 gracias a su producción de gas y petróleo, confirma PERUPETRO

Entre enero y abril de 2025, la producción de hidrocarburos en Perú generó 836 millones de soles en concepto de canon y sobrecanon, recursos que fueron distribuidos entre las regiones de Cusco, Piura, Tumbes, Ucayali, Loreto y la provincia de Puerto Inca en Huánuco.

Según informó PERUPETRO S.A., estos fondos están destinados al desarrollo de proyectos de infraestructura de impacto regional y local. Además, desde 1993 hasta la fecha, el total acumulado de transferencias por este concepto asciende a 44.830 millones de soles.

De acuerdo con los datos proporcionados por PERUPETRO S.A., Cusco fue la región que recibió la mayor parte de los recursos, con 568 millones de soles. Le siguieron Piura con 117 millones, Loreto con 91 millones, Tumbes con 34 millones, Ucayali con 23,6 millones y la provincia de Puerto Inca con 2,3 millones.

Estas transferencias benefician a gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales, así como a universidades nacionales e institutos superiores pedagógicos y tecnológicos estatales.

El canon de hidrocarburos, según explicó PERUPETRO S.A., se calcula en función de la producción fiscalizada de gas y petróleo. Este mecanismo permite que los ingresos obtenidos por la explotación de recursos naturales sean redistribuidos a las regiones productoras.

Los fondos deben ser utilizados, según la normativa vigente, para financiar o cofinanciar proyectos de infraestructura que promuevan el desarrollo sostenible de las comunidades. En el caso de las universidades e institutos, los recursos están destinados exclusivamente a la investigación científica y tecnológica.

PERUPETRO S.A., la empresa estatal encargada de administrar los recursos hidrocarburíferos del país, destacó que su labor se centra en garantizar el aprovechamiento sostenible de estos recursos en beneficio de la población.

La entidad subrayó la importancia de estos aportes para impulsar el desarrollo regional y local, especialmente en las zonas donde se lleva a cabo la explotación de hidrocarburos.

En otro ámbito relacionado con los hidrocarburos, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) falló a favor de la empresa española Enagás, ordenando al Estado peruano a pagar 302 millones de dólares (aproximadamente 1.000 millones de soles) como indemnización por la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano.

Este megaproyecto, que buscaba llevar gas natural a seis regiones del sur del país, fue anulado en 2017 en medio del escándalo de corrupción vinculado al caso Odebrecht. El contrato del Gasoducto Sur fue rescindido durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, bajo el argumento de que el consorcio liderado por Odebrecht, que incluía a Graña y Montero y Enagás, estaba involucrado en actos de corrupción.

Sin embargo, el CIADI concluyó que el Estado peruano no logró demostrar que las irregularidades estuvieran directamente relacionadas con Enagás ni que estas hubieran generado un perjuicio económico al país. Según el abogado especializado en arbitrajes, Adrián Simons Pino, en casos como este es necesario probar que los actos corruptos afectaron directamente el contrato en cuestión.

Aunque el fallo establece que el Perú debe realizar el pago en un solo depósito, Enagás ha mostrado disposición para negociar un acuerdo amistoso que facilite el cumplimiento de la indemnización sin afectar de manera significativa las finanzas públicas. Este acercamiento podría abrir la posibilidad de establecer un cronograma de pagos que alivie la presión sobre la caja fiscal del país.

El Gasoducto Sur Peruano, valorizado en 700 millones de dólares, tenía como objetivo principal abastecer de gas natural a las regiones de Arequipa, Cusco, Moquegua, Apurímac, Puno y Tacna. Su cancelación dejó inconclusa una de las obras de infraestructura energética más ambiciosas de Perú, afectando el desarrollo energético y económico de las regiones involucradas.