Meta falla a favor de activista peruana y sanciona amenaza de grupo ‘La Resistencia’

La Junta de Supervisión de Meta, conocida globalmente como Oversight Board, ha emitido una decisión histórica al revertir la postura de la compañía sobre una publicación que representa una amenaza implícita contra una defensora de derechos humanos en Perú. El contenido en cuestión, difundido por un integrante del grupo extremista La Resistencia, mostraba el rostro de Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), bañado en sangre: una imagen generada con inteligencia artificial que fue interpretada por expertos y organismos internacionales como un claro mensaje intimidatorio.

A pesar de haber sido reportado inicialmente, Meta consideró que el contenido no infringía sus políticas comunitarias, lo que llevó al caso a ser evaluado por el Oversight Board, una entidad independiente creada por la propia empresa para examinar decisiones complejas. El veredicto fue contundente: el contenido representa una “amenaza velada” y su permanencia en la plataforma constituía un grave riesgo para la seguridad de la activista.

La publicación, realizada en julio de 2024 por Juan José Muñico , alias Jota Maelo, líder y fundador del colectivo ultraderechista La Resistencia, mostraba a Jennie Dador con el rostro ensangrentado, acompañado de un mensaje que la acusaba de lucrar con las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. El post alcanzó aproximadamente 1.000 visualizaciones antes de ser eliminado, pero su efecto fue devastador.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, organización que agrupa a más de 70 entidades civiles en defensa de los derechos fundamentales en el país, ha sido blanco constante de este tipo de ataques. Desde pintas violentas hasta acoso digital, el colectivo La Resistencia ha centrado sus esfuerzos en estigmatizar a activistas, periodistas y opositores, tildándolos de “terroristas” o “enemigos de la patria”.

El fenómeno del “terruqueo” digital, como lo han llamado analistas peruanos, ha ganado fuerza gracias a la permisividad de plataformas como Facebook e Instagram, donde los algoritmos aún no logran identificar el contexto local de los discursos.

Jennie Dador no solo denunció la publicación: envió una extensa comunicación al Oversight Board, detallando el daño psicológico que ha sufrido a raíz de los ataques. Además, la defensora explicó cómo este tipo de publicaciones buscan silenciar la labor de quienes denuncian violaciones a los derechos humanos, como en su caso, al representar judicialmente a las familias de las 49 víctimas de ejecuciones en las protestas de 2022 y 2023. La imagen manipulada, según relató, era un mensaje directo: una amenaza a su vida.

De acuerdo con los documentos oficiales del caso, Meta interpretó inicialmente la imagen como una representación simbólica de que Dador tenía “sangre en sus manos”, lo cual no constituía una amenaza según su análisis. Sin embargo, el Oversight Board desestimó ese argumento, señalando que “la imagen había sido alterada para mostrar una herida sangrante en la cabeza”, lo cual claramente transmite un mensaje de agresión o castigo físico.

Además, el Consejo enfatizó que la afectada es fácilmente identificable por el público peruano, y que una simple búsqueda en internet revelaba su identidad a partir de la fotografía original. A ello se sumó el informe del Trusted Partner, que alertó a Meta sobre el posible riesgo de violencia que el contenido implicaba. A pesar de ello, la empresa no actuó de manera inmediata.

Meta terminó deshabilitando la cuenta del usuario responsable, pero lo hizo no por el contenido específico, sino por una violación general de sus Términos de Servicio. Esta omisión, según la Junta, muestra una subestimación sistémica de las amenazas veladas, especialmente aquellas disfrazadas como críticas políticas o sarcasmo gráfico.

El fallo del Oversight Board también destaca que este tipo de amenazas ya han sido utilizadas anteriormente por La Resistencia. De hecho, Jennie Dador mencionó en su denuncia que ha recibido medidas de protección del Estado luego de que el grupo violento organizara ataques físicos y digitales en su contra en al menos tres oportunidades en 2023.

El veredicto de la Junta de Supervisión ha sido claro: la publicación violó las Normas Comunitarias de Meta al representar una amenaza velada que, en el contexto peruano, podía incitar a la violencia. La imagen no solo mostraba una agresión visual, sino que estaba dirigida a una figura reconocible, en un entorno donde grupos como La Resistencia ya han protagonizado hechos de violencia documentados por medios como El Comercio y RPP. Además, un Trusted Partner, parte de una red de entidades que colaboran con Meta para alertar sobre contenido riesgoso, ya había advertido sobre los peligros del post antes de que se tomara alguna medida real.

El fallo también establece nuevas exigencias para Meta. Entre ellas, se solicita que se clarifiquen las reglas sobre amenazas implícitas, especialmente aquellas donde no se detalla el método de violencia, pero sí se transmite un mensaje de intimidación. Además, el Oversight Board ha recomendado que Meta elabore un informe anual sobre la exactitud de sus sistemas para detectar este tipo de publicaciones, con especial énfasis en casos de acoso a defensores de derechos humanos.

Junto con su fallo, la Junta emitió dos recomendaciones clave:

1. Aclarar su política de incitación a la violencia para incluir “declaraciones codificadas donde el método de violencia no esté claramente articulado” en forma escrita, visual o verbal.
2. Producir un informe anual sobre la precisión de sus decisiones respecto a amenazas implícitas, incluyendo contenido dirigido contra defensores de derechos humanos que ha permanecido indebidamente publicado, así como casos donde se ha eliminado contenido político por error.

Finalmente, el Board indicó que Meta debe asegurar que las versiones republicadas del contenido también sean eliminadas, salvo que se difundan con fines de condena o sensibilización. Esta directiva apunta a prevenir que los contenidos de odio se repliquen mediante cuentas asociadas o anónimas, un patrón que ha sido identificado en este caso.