MEF apoya reducción del IGV, pero expertos advierten de pérdida millonaria: “La ley fiscal más perjudicial del siglo”

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que el Ejecutivo solicitará facultades legislativas al Congreso para implementar un paquete de medidas orientadas a incrementar la recaudación tributaria en el país. Esta decisión forma parte de una estrategia para mantener la sostenibilidad fiscal y garantizar un déficit por debajo del 2% del Producto Interno Bruto (PIB).

El titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, informó a RPP que el Gobierno está de acuerdo con la reestructuración gradual del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), cuyo objetivo es incrementar el porcentaje que recibe dicho fondo proveniente del Impuesto General a las Ventas (IGV).

“Lo que hemos dicho es que estamos de acuerdo con esta reestructuración del Foncomun. Inicialmente, la propuesta era hacerlo de inmediato, pero planteamos un cronograma gradual hasta el 2029 para llegar al 4 %. Eso vendrá acompañado de medidas que queremos trabajar en el marco de la delegación que vamos a solicitar para incrementar la recaudación tributaria. Uno de los temas es el IGV, sin duda, y también el Impuesto a la Renta, para recuperar capacidad de gasto y mantener un déficit fiscal por debajo del 2 %“, declaró Pérez Reyes al citado medio. Esta medida busca fortalecer las finanzas municipales mediante una distribución más equitativa de los recursos tributarios.

Actualmente, del 18% que se recauda por IGV, el 16% se destina al gobierno central y el 2% al Foncomun, que financia a las municipalidades. La reciente reforma aprobada por el Congreso reducirá la participación del primero al 14% y aumentará la del segundo al 4%.

El congresista Ilich López, presidente de la Comisión de Economía, destacó que esta medida busca descentralizar los recursos y entregar más fondos a las municipalidades que cumplan con ejecutar el 100% de su presupuesto y destinen ese dinero a obras de inversión.

En paralelo, se ha presentado un proyecto de ley, impulsado por el congresista Ilich López, que propone reducir progresivamente el IGV del 18% al 15% en un plazo de cinco años. Esta iniciativa busca estimular la economía y fomentar la formalización empresarial, especialmente entre las micro y pequeñas empresas (Mypes), aliviando su carga tributaria para fortalecer su entorno económico. Aunque aún está en debate, el objetivo principal es favorecer el crecimiento y la formalización de este sector.

Para compensar la caída en la recaudación fiscal que implicaría la reducción del IGV, el MEF planteó un aumento temporal del 1% en la tasa del impuesto a la renta. Esta medida busca mantener el equilibrio en las cuentas públicas sin afectar la sostenibilidad fiscal del Estado.

No obstante, la reforma generó críticas por parte de expertos y exfuncionarios. Luis Minaya, exjefe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), advirtió que la iniciativa podría ser inconstitucional debido a que las municipalidades ya reciben recursos por otros mecanismos. Además, alertó sobre un impacto fiscal negativo, estimando que la medida provocaría una pérdida anual de aproximadamente 10 mil millones de soles para el Tesoro Público, lo que complicaría la situación financiera del país y trasladaría el problema fiscal al próximo gobierno.

“El aumento al Foncomun recorta recursos al Estado y podría generar un déficit importante”, advirtió Minaya, señalando que la redistribución de recursos podría desbalancear las finanzas públicas si no se toman medidas complementarias para incrementar la recaudación.

El economista y docente Waldo Mendoza advirtió en una entrevista con RPP que la reciente modificación tributaria provocará una pérdida anual cercana a los 10 mil millones de soles para el gobierno central. Según Mendoza, esta medida afecta directamente la recaudación del IGV, que el presupuesto nacional había previsto en un 14 %, y la calificó como “la ley fiscal más perjudicial de este siglo”. Esta situación genera un serio desafío para la planificación financiera del Estado.

Frente a esta caída en los ingresos fiscales, el gobierno se encuentra ante dos alternativas: reducir el gasto público para ajustarse a la nueva realidad o aumentar su nivel de endeudamiento para mantener los gastos programados. Mendoza considera que lo más probable es que el Ejecutivo opte por endeudarse, tanto en los mercados internos como externos, para sostener el ritmo de gasto. Esta decisión impactaría negativamente en el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, que ya ha registrado incumplimientos en 2023 y 2024 y que podría volver a ser vulnerada debido a la necesidad de financiarse con deuda.

El economista subrayó que esta medida aumentará el déficit fiscal en alrededor de un punto porcentual del Producto Bruto Interno (PBI) en los próximos años. Esta situación dificulta la meta de reducir progresivamente el déficit y aleja la posibilidad de disminuir la deuda pública, que ha crecido del 25 % del PBI antes de la pandemia a un rango cercano al 32-33 % en la actualidad.