INPE reporta más de 100 mil internos en penales del país: sobrepoblación supera el 100 % y el TC amplía plazo al Gobierno

El sistema penitenciario peruano enfrenta una crisis estructural que se arrastra desde hace décadas. La sobrepoblación carcelaria ha superado el 100 %, generando condiciones que vulneran los derechos fundamentales de los internos. De acuerdo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en la actualidad hay más de 100 mil personas privadas de libertad distribuidas en 69 establecimientos penitenciarios, cuando la capacidad total del sistema apenas alcanza los 41 mil cupos. Seis de estos penales se encuentran entre los más críticos por su alarmante nivel de hacinamiento.

Frente a esta situación, el Tribunal Constitucional (TC) decidió ampliar por cinco años adicionales el plazo para que el Gobierno cumpla con su mandato de resolver el problema. El nuevo vencimiento se traslada al 2030, postergando nuevamente la solución de un problema que el propio TC considera grave. Esta decisión se dio luego del pedido del Ministerio de Justicia, que alegó que los impactos económicos derivados de la pandemia de la COVID-19 y del ciclón Yaku impidieron avances sustantivos en infraestructura carcelaria.

El problema no es reciente ni circunstancial. La falta de espacios suficientes para los internos ha sido una constante que se ha agudizado en los últimos años. Aunque existen 69 establecimientos penitenciarios en el país, no todos presentan la misma realidad. Hay seis penales donde la situación es particularmente crítica. El caso más extremo es el del centro penitenciario de Quillabamba, en Cusco, que registra un nivel de sobrepoblación del 505 %, una cifra que supera cualquier parámetro aceptable incluso en contextos de emergencia.

Estas cifras han llevado a expertos a cuestionar la capacidad del Estado para garantizar condiciones mínimas de dignidad dentro de los penales. La exjefa del INPE, Rosa Mavila, señaló a Panamericana que el problema no se resuelve con simples ampliaciones de plazo ni con la construcción esporádica de establecimientos. “Es un dilema estructural entre el número de personas detenidas y el espacio físico disponible para vivir”, advirtió. Mavila también recordó que entre 2011 y 2016 se lograron habilitar más de 10 mil nuevas plazas, el avance más significativo de las últimas dos décadas, pero desde 2016 no se han levantado nuevas infraestructuras relevantes.

La ampliación del plazo otorgada por el TC responde a un pedido formal del Ministerio de Justicia. El Ejecutivo argumentó que las restricciones presupuestarias, derivadas de la pandemia y los daños causados por el ciclón Yaku, impidieron concretar las obras penitenciarias. Sin embargo, este discurso contrasta con los anuncios de la presidenta Dina Boluarte durante su mensaje a la Nación del 28 de julio de 2023. En esa ocasión, se comprometió a destinar 300 millones de soles a la construcción y ampliación de dos penales.

Un año después, el entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, fue más ambicioso y anunció la construcción de seis nuevos penales. Según declaró, era viable edificar al menos tres en un solo año, con ubicaciones tentativas en Lima, Cusco y Trujillo, además de la ampliación del penal de Challapalca en Tacna. Este último anuncio no prosperó debido al rechazo de la población local, lo que obligó al Ejecutivo a dar marcha atrás.

Frente a la imposibilidad de resolver el hacinamiento mediante infraestructura, el Gobierno planteó una alternativa: liberar a internos condenados por omisión a la asistencia familiar y hurto. Esta medida, según la Dirección de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, podría beneficiar a unas 6,200 personas privadas de libertad. Para Rosa Mavila, esta acción aliviaría la presión sobre el sistema, aunque no aborda la raíz del problema. Propuso, además, establecer mecanismos regulares de evaluación del perfil delictivo para definir estrategias más amplias.

En esa misma línea, el exministro Víctor García Toma sostuvo que esta propuesta podría ser útil, aunque requiere respaldo legislativo. Señaló que sin una ley que faculte a los jueces a conceder beneficios penitenciarios o recortar penas, no es posible aplicar estas medidas de forma inmediata. También planteó como opción viable el uso de grilletes electrónicos en delitos no violentos, como los denominados “de cuello blanco”, para reducir la carga del sistema.

La construcción del denominado mega penal de Ica, paralizada por disputas contractuales durante cinco años, es otro ejemplo de la falta de continuidad en la política carcelaria. El proyecto, que podría albergar a más de 3 mil internos, aún no se reactiva a pesar de los anuncios del Ejecutivo. Este tipo de retrasos genera desconfianza sobre la capacidad del Estado para implementar soluciones estructurales.

Según el INPE, la sobrepoblación carcelaria sigue siendo una de las principales limitaciones para garantizar condiciones mínimas en los establecimientos penitenciarios. Esta situación también dificulta las labores del personal de seguridad y administración. Con la nueva ampliación otorgada por el Tribunal Constitucional, el Ejecutivo deberá presentar reportes anuales que evidencien avances en la reducción del hacinamiento y en la mejora de la infraestructura carcelaria.