Una nueva alerta de violencia sacudió la capital este martes 27 de mayo. En horas de la tarde, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmaron el hallazgo de un artefacto explosivo en la puerta principal del penal Miguel Castro Castro, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). El objeto, con capacidad letal, fue encontrado acompañado de una carta extorsiva.
Según fuentes policiales, el explosivo fue desactivado por la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) como parte del protocolo de seguridad. La situación generó gran tensión entre el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y evidenció una vez más la presión que ejercen las organizaciones criminales tanto fuera como dentro del sistema penitenciario.
Carta exige traslado de reo y amenaza con hacer “volar el penal”
El contenido de la carta, actualmente bajo análisis de inteligencia, incluyó amenazas directas al personal del INPE y una exigencia concreta: el traslado de un interno señalado como cabecilla de una red delictiva que, según la investigación, seguiría operando desde su celda.
“La advertencia fue clara: si no se cumple el traslado, harán volar el penal”, señalaron fuentes vinculadas al caso. consultadas por Radio Exitosa. Por razones de seguridad, las autoridades no han revelado públicamente la identidad del reo aludido, aunque confirmaron que ya está siendo evaluado por la división de inteligencia penitenciaria.
Este hecho ha puesto nuevamente en el centro del debate la capacidad del Estado para contener el avance de las mafias dentro de los centros penitenciarios, donde se ha reportado el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos prohibidos para coordinar actividades delictivas.
No es la primera vez: un caso similar ocurrió en enero
Este episodio no es aislado. El 22 de enero de 2025, una granada de guerra fue colocada en el mismo penal, también acompañada de una carta con amenazas dirigidas al INPE. En aquella oportunidad, el mensaje mencionaba el nombre de Víctor Hugo Criado Zanelly, alias ‘Negro Víctor’, un interno capturado en 2024 tras ser vinculado a un atentado ocurrido en 2022.
Criado, según informes policiales, habría coordinado actividades ilícitas desde su celda. Su caso encendió las alarmas sobre la penetración de redes criminales en los penales peruanos y motivó operativos de requisa y aislamiento de internos de alta peligrosidad.
Tras el hallazgo del 27 de mayo, las autoridades del INPE y la PNP han intensificado las medidas de seguridad en Castro Castro y otros centros penitenciarios del país. Además, se ha abierto una investigación para determinar el origen del explosivo, los responsables de su colocación y el alcance de las amenazas.
La investigación también incluye la trazabilidad de comunicaciones internas en el penal, con el fin de establecer si hubo colaboración de personal interno o si el explosivo fue introducido desde el exterior.
Este nuevo intento de intimidación refleja una tendencia creciente: la presencia activa de redes delictivas en los centros penitenciarios del país. Extorsiones, amenazas y coordinación de actos violentos desde el interior de las cárceles siguen siendo una de las principales preocupaciones de seguridad interna.
Las autoridades han reiterado que no cederán a chantajes ni amenazas. Sin embargo, los recientes episodios revelan que la infraestructura carcelaria y el control operativo del sistema penitenciario siguen siendo vulnerables ante las mafias organizadas.
En paralelo, continúan las investigaciones para identificar a los autores materiales e intelectuales del hecho.
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