Empresa de Zamir Villaverde desacata orden del TC y mantiene bloqueado el acceso a playa Los Lobos, donde fue denunciado por usurpación

El Tribunal Constitucional ha declarado fundada la demanda de hábeas corpus presentada por dos pobladores de la playa Los Lobos (Cañete) contra la empresa Villaverde Company SAC, propiedad del colaborador eficaz Zamir Villaverde.

El máximo intérprete de la Constitución concluyó que dicha firma vulneró su derecho fundamental a la libertad de tránsito al instalar tres portones que bloqueaban el acceso al balneario.

La sentencia fue emitida en los primeros días de abril y ordenó el retiro inmediato de los portones, ubicados en una vía considerada espacio público. No obstante, los vecinos denunciaron que, en lugar de acatar el fallo, ahora se colocaron bloques de concreto para impedir el paso.

“Eso se llama desobediencia y resistencia a la autoridad, y sobre todo a los mandatos judiciales del TC —dijo a Infobae Perú el abogado Stefano Miranda, defensor de los pobladores de la asociación Las Conchitas de la playa—. Lo peor es la omisión de los funcionarios de la Municipalidad de Cerro Azul, porque ellos representan a la unidad ejecutora”.

Como efecto de la sentencia, el TC ordenó que la compañía de Villaverde retire los portones y dispuso que se notifique a la comuna para que adopte las acciones necesarias que garanticen el cumplimiento de la medida.

“El TC expide una resolución de carácter ejecutivo y la municipalidad es quien tiene que ir a cumplirla con la Gerencia de Fiscalización y Seguridad Ciudadana, pero tampoco lo está haciendo. Lo hemos pedido. Vamos a convocar una marcha, ya hemos corrido traslado de la sentencia a la municipalidad”, agregó la defensa.

En el expediente, los recurrentes demostraron ser propietarios de un inmueble ubicado en el módulo Las Conchitas y señalaron que se les impedía el ingreso debido a la colocación de tres portones metálicos. La empresa sostuvo que dichas estructuras estaban dentro de su terreno y que no existía ningún acceso público ni servidumbre.

No obstante, el Tribunal rechazó este argumento por falta de sustento y basó su decisión en una resolución administrativa definitiva emitida por la Municipalidad de Cerro Azul, la cual sancionó a la empresa por obstruir una vía declarada como pública.

“La instalación de los portones [...] resulta manifiestamente inconstitucional”, ya que constituye una “medida irrazonable por parte de la empresa demandada que restringe de manera absoluta el acceso de los recurrentes a su domicilio”, se lee en el fallo.

Miranda refirió que, de un grupo inicial de un centenar de afectados, solo quedan once que resisten las “presiones” de Villaverde. “(Los demás) han ido aceptando las propuestas extorsivas de este señor. Han hecho contratos, entre comillas, vendiéndoles su propio terreno a los propios propietarios, con la única finalidad de que no les destruya su propiedad ni les impida el acceso”, afirmó.

Denunció que el implicado ejerce un “poder sistemático” para controlar la zona, “apoyándose en la corrupción no solo dentro de la municipalidad, sino también en la comisaría”. De esta manera, él decide quién puede ingresar al condominio y condiciona el acceso al pago de cuotas. “De los 11 que han llevado el proceso conmigo, cinco hemos ganado a través de resoluciones de hábeas corpus, y solo con esas resoluciones se les permite el ingreso”, señaló.

El caso de la playa Los Lobos salió a la luz gracias al programa del periodista Beto Ortiz, que reveló que Villaverde opera con el respaldo de funcionarios que habrían facilitado actos de usurpación, extorsión y daños a la propiedad. Desde 2016, según esos informes, se exigía pagos a los propietarios para residir en la zona, mientras que quienes se negaban enfrentaban amedrentamientos. Posteriormente, Cuarto Poder se sumó al seguimiento a las denuncias.

Miranda confirmó que actualmente hay 14 casos abiertos por usurpación y daños, los cuales fueron reabiertos después de haber sido archivados en la primera instancia fiscal. “Presentamos recurso de elevación (...) Ya están en requerimiento acusatorio”, precisó.

Ortiz y los reporteros de Beto a Saber enfrentan una denuncia presentada por Villaverde. El periodista también figura en otra causa por presunta organización criminal a raíz de los reportajes emitidos en el programa que condujo hasta diciembre del año pasado.

“Lo más grave y engorroso, en realidad, es tener como denunciante a Zamir Villaverde, que fue parte de la gavilla de corruptos de Pedro Castillo y, para salvarse, se acogió a la colaboración con denuncias falsas. Porque él, con el dinero que tiene, puede dedicarse a abrir carpetas fiscales si quiere todos los días, y todas las denuncias que presenta son acogidas de manera veloz. La pregunta es por qué, cuál es la verdadera influencia de este sujeto dentro de la esfera de poder. No nos olvidemos que él estuvo preso porque era parte de todo el andamiaje de corrupción del exministro (de Transportes) Juan Silva", dijo en una entrevista con este medio.