Elecciones 2026: sin filtros ni depuración, partidos políticos tienen afiliados a requisitoriados por delitos graves

A menos de un año de las elecciones generales de 2026, diversos cuestionamientos han surgido sobre la capacidad de los partidos políticos para filtrar y depurar a sus miembros, especialmente ante la presencia de afiliados con investigaciones y requisitorias por delitos graves.

Según Jorge Jáuregui, abogado constitucionalista y especialista en temas electorales, esta situación revela una profunda precarización de las organizaciones partidarias y responde, en parte, a los cambios legislativos aprobados por el actual Congreso.

En declaraciones a RPP, Jáuregui advirtió que “los partidos políticos están experimentando una precarización notable en su forma de organización”, lo que ha permitido que personas sean afiliadas incluso sin su consentimiento. Esta situación, aunque aparentemente aislada, se ha visto agravada por un diseño institucional que debilita los filtros de control dentro de las agrupaciones.

El especialista indicó que uno de los principales factores que ha permitido esta situación es la eliminación del modelo original de elecciones primarias. Antes de la reforma legislativa, los partidos estaban obligados a alcanzar una determinada cantidad de votos en una elección primaria abierta, lo que funcionaba como un filtro previo tanto para las organizaciones como para los propios candidatos.

Con la reforma aprobada por el Congreso, los partidos pueden ahora optar por un mecanismo de elección interna indirecto, mediante delegados, lo que ha debilitado ese filtro ciudadano. “Este nuevo modelo institucional incentiva el comportamiento que podrían poner en riesgo el orden democrático”, señaló Jáuregui. Según su análisis, aunque las personas sin sentencias pueden ejercer sus derechos políticos, “los partidos deben garantizar firmes convicciones de respeto al régimen democrático y a los derechos de las personas”.

En este contexto, surge también la discusión sobre la responsabilidad de las agrupaciones políticas en la verificación de antecedentes de sus afiliados. Como se recuerda, muchos representantes partidarios sostienen que no están en condiciones de constatar si las personas que ingresan a sus filas tienen denuncias o investigaciones vigentes.

Sin embargo, Jáuregui afirmó que este argumento pierde validez si se considera que los partidos están obligados a mantener actualizado su padrón ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Sí hay una responsabilidad directa de los partidos políticos de establecer mecanismos de auditoría para garantizar que las afiliaciones sean una expresión de lo que pretenden proponer a la ciudadanía. Es decir, deben responder tanto a la intermediación de demandas sociales como al respeto del orden institucional establecido por el marco constitucional.”, recalcó para RPP.

A su juicio, la falta de control evidencia que los partidos están funcionando más como vehículos para capturar cuotas de poder que como instrumentos de participación política. “El partido político no se ve como un mecanismo constitucional para el ejercicio del derecho al sufragio, sino como un medio para ocupar cargos en el Parlamento”, sostuvo.

Por otro lado, explicó que los requisitos actuales para la inscripción de partidos priorizan el número de firmas de adherentes y afiliados, sin mayor exigencia sobre el contenido democrático de su estructura.

Otro punto crítico abordado fue la ausencia de vida partidaria. Para el abogado, los partidos no están desarrollando debates internos ni construyendo programas de gobierno con participación de sus bases. “Lo que tenemos son entornos controlados por caudillos que manejan la financiación y reducen los partidos a expresiones mínimas de organización”, dijo.

Finalmente, Jáuregui se refirió a un proyecto de ley presentado por cerca de diez bancadas en el Congreso, que busca permitir campañas políticas durante la semana de representación parlamentaria. Este proyecto, según indicó, podría vulnerar el principio constitucional de neutralidad. “Es claramente una infracción al principio de neutralidad política. Quienes detentan la condición de autoridad no pueden usar recursos públicos para afectar el proceso electoral”, explicó el especialista al citado medio.

En ese sentido, destacó que entre 2001 y 2021, el Perú garantizó elecciones competitivas y democráticas en buena parte por el respeto a la neutralidad. Sin embargo, advirtió que esa garantía puede perderse si se permite que funcionarios en ejercicio utilicen su posición y fondos públicos con fines electorales. “Eso mermaría las condiciones de competitividad y pondría en riesgo la imparcialidad del proceso”, concluyó.