“De cada 100 internos, 25 regresan”: premier Eduardo Arana plantea que el interno debe ser una inversión social, no un gasto para el Estado

En las últimas semanas, la discusión sobre la reincidencia penal volvió a instalarse en la agenda pública tras la declaración del premier Eduardo Arana Ysa: “De cada 100 internos, 25 regresan”, afirmó, aludiendo a una cifra que refleja uno de los desafíos más persistentes del sistema penitenciario. Sus palabras se dieron en medio de la conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros sobre los beneficios penitenciarios otorgados a sentenciados por delitos menores.

“La tarea del Estado y de cada gobierno es resocializar, reeducar y reintegrar al interno a la sociedad. Ese es el rol fundamental del Instituto Nacional Penitenciario y de Justicia”, remarcó Arana. Según dijo, parte de ese trabajo se refleja en la reducción del analfabetismo en los penales y en programas educativos como “Orquestando”, que incorporan disciplina, enseñanza musical formal y horarios estrictos dentro de los centros penitenciarios.

El debate se vuelve urgente no solo por las cifras de reincidencia, sino también por el hacinamiento que limita la eficacia de cualquier política de resocialización. “Muchos consideran que los penales son la escuela del delito. Sin embargo, las cifras también nos dan un mensaje”, sostuvo el premier.

El exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Federico Llaque Moya, respaldó los datos expuestos por el premier y precisó que la reincidencia general se mantiene en el 25%.

Según explicó, este porcentaje se reduce significativamente en internos que acceden a talleres productivos. En el caso del programa Cárceles Productivas, la reincidencia baja al 7.5%, una diferencia que el funcionario califica como evidencia concreta del impacto positivo de las capacitaciones laborales. “Es decir, tres veces y medio menos que la reincidencia general del 25%”, subrayó.

La alfabetización y el acceso a estudios técnicos y secundarios también forman parte de la estrategia para reducir la reincidencia. Llaque indicó que cerca de 15 mil internos cursan algún tipo de formación educativa, con el apoyo de unos 700 docentes, entre los que figuran profesores del Ministerio de Educación y del Inpe.

También se refirió al programa artístico “Soy Libertad”, con una década de ejecución, por el que pasaron 123 internos. De los 72 que obtuvieron libertad, solo siete reincidieron. Un porcentaje cercano al 10%, significativamente menor al promedio general. La educación teatral mostró resultados similares: de 60 participantes, 51 salieron libres y solo cinco retornaron al penal.

Pese a los resultados alentadores de algunos programas, el hacinamiento continúa limitando su expansión. “El hecho de que exista un hacinamiento impide que nuestros talleres puedan ser ampliados en los diferentes penales del país”, reconoció el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara Medrano.

Alcántara remarcó que el sistema penal peruano es uno de los más severos de la región. “Casi el 70% del catálogo de penas está privado de beneficios”, señaló. Por tanto, el universo de internos que puede acogerse a medidas alternativas es reducido y, en su mayoría, corresponde a quienes fueron condenados por delitos considerados leves.

Desde el Inpe, se impulsa por primera vez un sistema de seguimiento postpenitenciario. “Estamos monitoreando a todos aquellos que salen en libertad y les hacemos acompañamiento. Les preguntamos: ¿a qué te dedicas?, ¿te sirvió en algo lo que te capacitamos?”, relató Llaque.

Esta práctica, según explicó, permite evaluar si los programas de tratamiento logran su propósito y, en caso contrario, rediseñarlos. “Si no le sirve, tenemos que cambiar de ruta, porque lo que estamos haciendo es un gasto inútil”, advirtió.

El enfoque busca transformar al interno en una inversión social. “El objetivo como Estado es que el interno tiene que ser una inversión y nunca un gasto. ¿Cuándo es un gasto? Cuando regresa al sistema penitenciario”, afirmó.