Tribunal Constitucional amplía hasta 2030 el plazo para que el Ejecutivo solucione el hacinamiento en los penales

Tras cumplirse el plazo de 5 años que se le otorgó y en vista de la solicitud del Gobierno, el Tribunal Constitucional amplió el plazo para que el Poder Ejecutivo dé solución al problema del hacinamiento carcelario, situación que ha sido calificada como un “estado de cosas inconstitucional”.

Debido a que el hacinamiento continúa, se tuvo que haber dispuesto el cierre de los seis penales con mayor sobrepoblación, es decir, que no se permita el ingreso de nuevos internos. Sin embargo, en una resolución publicada hoy martes 27 de mayo, los magistrados acuerdan por mayoría extender el plazo hasta 2030.

Los tribunos también ordenaron al Inpe y al Ministerio de Justicia informar en enero de los próximos 5 años sobre los avances para reducir la sobrepoblación en los penales.

La decisión se adopta considerando las medidas que implementó el Gobierno para hacinamiento carcelario, tales como la emisión de normas para que internos de baja peligrosidad puedan salir en libertad, la ampliación de la capacidad de los penales y la implementación de políticas y planes estratégicos.

“Este Tribunal estima que, a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de los objetivos propuestos en la Política Nacional Penitenciaria, y no contravenir sus lineamientos y metas elaboradas en función al periodo de tiempo determinado; (...) resulta conveniente que el plazo señalado en la aludida sentencia para cumplir con la reducción significativa del hacinamiento carcelario, se amplíe hasta el año 2030″, se lee en la resolución.

Algunas medidas dispuestas por el Ejecutivo para solucionar la sobrepoblación en los penales fue el cuestionado Decreto Legislativo 1585, que elevó los requisitos para imponer prisión preventiva y relajó las condiciones para suspender una pena de prisión. Gracias a esta norma Kenji Fujimori evitó la cárcel.

También se aumentó la capacidad de penales y se preparan mega cárceles para poder ingresar a nuevos internos. Sobre esto último, el premier Eduardo Arana aseguró que la construcción de nuevos centros penitenciaron contará con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (CID) y el Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF).

Como parte de las acciones para el deshacinamiento de los penales, el Gobierno ahora planea facilitar que rateros y padres que no cumplieron con pagar alimentos salgan de las cárceles.

El director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia, Walter Martínez, anunció que la iniciativa consiste en ofrecer defensa legal gratuita a condenados por hurto simple y omisión de prestación de alimentos para que accedan a beneficios penitenciarios como la libertad condicional.

Martínez subrayó que esta acción no pretende generar impunidad ni favorecer la criminalidad, sino que busca garantizar los derechos fundamentales de los individuos encarcelados y contribuir al alivio del congestionamiento en las prisiones.

“Se va a brindar asistencia legal gratuita a aquellas personas que se encuentra recluidas en los distintos penales del país que ya habrían cumplido con los requisitos para acceder a los beneficios penitenciarios. Eso quiere decir que estas personas ya deberían estar en libertad porque han cumplido con los requisitos para acceder a estos beneficios, han pasado por las evaluaciones correspondientes del INPE. Han cumplido pues con la resocialización”, dijo a Canal N.

Según cifras oficiales, la medida podría beneficiar a más de 6.000 personas que cumplen sentencias por estos delitos específicos, a saber, más de 2.200 por omisión de prestación de alimentos y más de 4.000 por hurto simple.

La propuesta, conocida como el plan Libertad 2025, no incluye a aquellos condenados por delitos graves como el sicariato, extorsión y pertenencia a organizaciones criminales, entre otros crímenes de alta peligrosidad.