Internos del penal de Tacna tenían celulares y drogas: decomisan objetos prohibidos durante requisa en Pocollay

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizó un operativo de inspección en el penal de Pocollay, en Tacna, que resultó en el hallazgo de diversos artículos prohibidos dentro del establecimiento. Durante la intervención, se descubrieron objetos ilegales, incluidos equipos electrónicos y sustancias ilícitas, que no deberían haber estado en el penal.

Entre los objetos incautados se encontraban 16 teléfonos móviles, routers, cables USB, pantallas de teléfono, audífonos, memorias USB, memorias SD, así como varios ketes de clorhidrato de cocaína y bolsas de marihuana.

Además, se halló una pequeña balanza que podría haber sido utilizada para la dosificación de las drogas. Las autoridades no han determinado aún cómo estos artículos ingresaron al penal, aunque se barajan varias posibilidades, incluyendo el contrabando por parte de visitantes o la complicidad interna.

Este operativo es una nueva evidencia de la fragilidad en el sistema de seguridad del penal de Pocollay. La operación de inspección, que abarcó varios espacios dentro del penal, incluyó la revisión de los ambientes 02, 04, patio y economato.

Durante la intervención en estos lugares, se descubrieron artículos ilegales que facilitaron la comunicación clandestina entre los internos y el exterior, además del tráfico de drogas dentro del centro penitenciario.

A pesar de la presencia de agentes del INPE, la organización interna del penal permitió la entrada de estos artículos ilegales. En total, los agentes encontraron 16 celulares, 2 routers, cables, pantallas de teléfono y varios accesorios que los internos usaban para eludir la supervisión y continuar con sus actividades ilícitas. En cuanto a las drogas, se incautaron varios ketes de clorhidrato de cocaína y marihuana, lo que pone en evidencia el peligro de que el penal sea un centro de operaciones para el tráfico de sustancias.

Se sospecha que algunos de los artículos incautados podrían haber sido introducidos mediante la colaboración de trabajadores del INPE, por lo que se ha abierto una investigación interna para determinar posibles complicidades.

Las autoridades penitenciarias también están revisando grabaciones de las cámaras de seguridad y las comunicaciones dentro del penal para esclarecer cómo se permitió el ingreso de estos objetos prohibidos.

Este hallazgo llega solo días después de un operativo similar en el que se incautaron 570 envoltorios de marihuana y 600 de cocaína, además de celulares, cargadores y 43.100 soles en efectivo.

Estos descubrimientos ponen de manifiesto la gravedad de la situación, donde las restricciones de seguridad parecen ser insuficientes para evitar el tráfico de sustancias ilícitas y otros artículos dentro de los recintos penitenciarios.

El hallazgo de drogas y objetos ilegales en el penal de Tacna no es un caso aislado. Según informó América Noticias, en un operativo realizado días antes, las autoridades descubrieron un total de 570 envoltorios de marihuana y 600 de cocaína. Los paquetes estaban ocultos en colchones y frascos plásticos, lo que permitió a los reclusos mantener un flujo constante de drogas dentro de las instalaciones.

Además de las drogas, se encontraron varios celulares y accesorios, como cargadores y audífonos, que los internos utilizaban para mantenerse en contacto con el exterior y continuar con sus actividades ilícitas.

El director del penal reconoció que existen serias debilidades en el control interno de seguridad, lo que ha llevado a la apertura de una investigación sobre posibles vínculos entre algunos empleados del INPE y los internos.

Mientras tanto, el Tribunal Constitucional (TC) de Perú ha decidido ampliar hasta el 2030 la ejecución de la sentencia sobre el hacinamiento carcelario. Este fallo llega después de que el Gobierno no cumpliera con la resolución anterior, que establecía la solución al problema dentro de un plazo de cinco años.

El hacinamiento en los penales peruanos es uno de los problemas más graves del sistema penitenciario, ya que afecta tanto las condiciones de vida de los internos como la capacidad de control de las autoridades.

La sentencia del TC establece que el Ministerio de Justicia y el INPE deben informar sobre los avances en la reducción de la sobrepoblación carcelaria cada cinco años, y se contempla la implementación de medidas adicionales para garantizar un ambiente seguro dentro de los centros penitenciarios. Sin embargo, el caso del Penal de Pocollay muestra que, incluso con las intervenciones judiciales, las debilidades estructurales continúan afectando el funcionamiento del sistema penitenciario en Perú.