El Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial la ampliación por ocho meses del plazo de la investigación contra el exconductor de televisión Andrés Hurtado y la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo.
El requerimiento fue presentado el miércoles pasado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la pesquisa. Según el documento citado por RPP, la prórroga es necesaria “a fin de que se practiquen las diligencias pendientes y otras indispensables para el esclarecimiento de los hechos, y así poder concluir con la investigación”.
La solicitud fue elevada al despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien deberá programar en los próximos días una audiencia virtual con la participación de la defensa de los imputados para decidir si procede o no el pedido fiscal.
La investigación gira en torno a presuntos actos de corrupción relacionados con el empresario Javier Miu Lei, actualmente bajo mandato de comparecencia con restricciones. Se le atribuye el pago de un soborno millonario con el fin de recuperar barras de oro incautadas a su empresa en 2020. El caso también involucra a Iván Siucho, quien se acogió a la colaboración eficaz y enfrenta las mismas medidas judiciales.
El abogado Elio Riera, representante legal del exconductor, se manifestó en contra de la solicitud para extender el plazo de la investigación, al alegar que carece de fundamento. “He presentado la respectiva oposición. Si tienen caso, vamos a juicio. Eso es lo correcto. No dilatemos los procesos”, expresó en su cuenta de X (antes Twitter).
Actualmente, el expresentador enfrenta investigaciones simultáneas por dos despachos del Ministerio Público. Una fiscalía investiga su posible implicación en lavado de activos, mientras que la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria se concentra en sus presuntas operaciones junto a la magistrada Elizabeth Peralta, quien podría haber solicitado un millón de dólares para devolver un cargamento de oro incautado al empresario Javier Miu Lei en 2020.
Hurtado permanece encarcelado desde octubre del año pasado y, días antes de Navidad, el Poder Judicial dictó una segunda prisión preventiva de nueve meses en su contra debido a su presunta intervención en la gestión de un trámite a favor del futbolista Roberto Siucho, realizado en 2019 a través de Roxana del Águila, exjefa de Migraciones.
Cargos
La Procuraduría General del Estado (PGE), por su parte, ha solicitado una reparación civil de 6 millones de soles, la misma que debería ser pagada de manera solidaria por Hurtado, Miu Lei, el confesor Iván Siucho y la fiscal suspendida Elizabeth Peralta, todos implicados en la presunta red corrupta.
La magistrada permanece con un mandato de 18 meses en el penal de Chorrillos, mientras que el empresario y Siucho enfrentan las investigaciones bajo comparecencia. Peralta ha descartado acogerse a la colaboración, pese a que se le acusa de ofrecer influencias para devolver oro incautado al empresario a cambio de un millón de dólares, y de haber recibido 80,000 dólares para influir en una investigación por lavado de activos contra Paltarumi, competidora de Miu Lei.
Un tercer evento la implica con Hurtado en el pedido 100,000 dólares a la familia de Siucho para detener una investigación contra Quantico Servicios Integrados. Al conocer el caso, este último entregó 20,000 dólares, pero al no completar el monto, la investigación se inició. El Ministerio Público tiene un comprobante de depósito a la empresa de Hurtado como evidencia.
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