El 71 % de peruanos cree que la minería ilegal financiará la próxima campaña electoral, según Ipsos

Una reciente encuesta de Ipsos para el colectivo País Seguro, publicada por Perú21, revela que el 71% de los peruanos considera probable que las campañas electorales de 2026 sean financiadas por dinero de la minería ilegal. El estudio, que consultó a 1.051 ciudadanos, expone un clima de desconfianza hacia el financiamiento político en un contexto donde las economías ilegales ganan protagonismo.

De acuerdo con los datos, el 32% de los encuestados cree que es muy probable que se usen recursos de origen ilícito para financiar campañas, mientras que un 39% lo considera probable. En el otro extremo, solo un 18% ve esta posibilidad como poco o nada probable. Un 6% se mantiene neutral y un 5% no precisa su opinión.

El analista político Iván Arenas alertó que este fenómeno representa un riesgo concreto para la gobernabilidad. “Nunca se ha visto una representación directa tan clara. Antes delegaban, ahora quieren estar ellos mismos en el Congreso o en el Ejecutivo”, advirtió. Según el experto, la intención de los líderes mineros ilegales de participar en política responde a una estrategia de legitimación que podría trasladar una agenda vinculada no solo a la minería informal, sino también a otras actividades ilícitas como el narcotráfico o el tráfico de armas.

En ese sentido, Arenas subrayó que “cuando entran al poder no lo hacen solo por el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), sino con una agenda que puede extenderse a otros sectores económicos”.

La preocupación no es infundada. Recientemente se conoció que al menos 168 mineros informales de Pataz con REINFO vigente están afiliados al partido Alianza para el Progreso (APP). Además, se documentaron 158 visitas de dirigentes mineros informales al Congreso entre enero de 2024 y mayo de 2025, siendo el periodo más activo el de debate sobre la prórroga del REINFO.

Esta presencia fue defendida por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, quien afirmó: “Este es un país libre, democrático. Todos los ciudadanos pueden ingresar al Congreso”. No obstante, expertos advierten que esta dinámica podría convertirse en un canal de influencia directa de intereses ilegales en la toma de decisiones.

Otro dato alarmante de la encuesta es que un 16% de los encuestados no considera la minería ilegal como un delito, lo que revela una preocupante validación social del fenómeno. En ciertas regiones del país, la minería ilegal ha construido un discurso de legitimación que desvincula la actividad de su impacto ambiental y social, y la asocia más bien con una fuente de ingresos ante el abandono estatal.

El escenario electoral se va configurando. El expresidente Martín Vizcarra, inhabilitado por el Congreso, lidera las encuestas pese a no poder ejercer cargos públicos, seguido por Keiko Fujimori. Analistas como Enrique Castillo consideran que Vizcarra juega una estrategia política de presión para levantar su sanción o construir una bancada afín que pueda desinhabilitarlo en el próximo Congreso.

En paralelo, figuras como Carlos Álvarez y Hernando de Soto aparecen como contendores fuertes en el espectro de la derecha, mientras que la izquierda buscará canalizar el respaldo que aún conserva el “castillismo” en sectores del sur andino, con la figura emergente de Vicente Alanoca.