Pugna entre OEFA y SNI por Tengda: empresa de mayólicas china vinculada a Boluarte sigue sin cerrar su capítulo de contaminación en Ica

El Comité de la Industria de Vidrio, Cerámica, Refractores y Afines a la Construcción de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) ha expresado su rechazo a la decisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de impedir su participación en el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra la empresa Tengda Perú, que construyó una planta de cerámicos y porcelanato en una zona agrícola de Ica sin los permisos correspondientes. Según informó la SNI, esta decisión fue adoptada sin argumentos legales claros, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

De acuerdo con la Resolución Directoral N° 00292-2025-OEFA/DFAI, la OEFA consideró que la SNI solo tiene un interés simple en el caso, lo que no justificaría su intervención. Sin embargo, el gremio presentó un recurso de apelación que también fue rechazado, aunque uno de los vocales, Rafael Ramírez, manifestó su desacuerdo al considerar que la SNI tiene un interés legítimo según sus propios estatutos. La SNI argumenta que, como asociación sin fines de lucro que promueve la formalidad y la sostenibilidad en el sector industrial, su participación en el caso es fundamental para garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales y territoriales.

La planta de Tengda Perú, ubicada en una zona agrícola del distrito de Salas Guadalupe, ha generado múltiples impactos ambientales negativos. Según detalló la SNI, la construcción ha afectado el suelo agrícola al reducir su permeabilidad, alterar la recarga de acuíferos y contaminarlo con materiales como aceites y asfaltos. Además, se han generado residuos que agravan el daño al ecosistema.

En cuanto al agua, la impermeabilización del suelo ha alterado el drenaje natural, provocando sedimentación, mientras que el uso de agua para la construcción en una zona donde está prohibido llevó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a sancionar a la empresa con una multa de 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a aproximadamente 99.000 soles (unos 26.000 dólares). La empresa utilizó agua destinada al riego agrícola para fines constructivos y domésticos, incumpliendo la Ley de Recursos Hídricos.

El impacto ambiental también incluye la contaminación del aire por material particulado y emisiones de gases generadas por maquinaria pesada, así como la generación de ruido y la pérdida de hábitats para la fauna local.

Además, la construcción ha reducido significativamente las tierras disponibles para el cultivo, afectando la actividad agrícola en una región que, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), lidera la agroexportación en el Perú, representando el 20% del total nacional en 2023.

El caso de Tengda Perú tiene antecedentes que se remontan a 2024, cuando la Municipalidad Provincial de Ica rechazó el cambio de zonificación solicitado por la empresa, argumentando la falta de un análisis de impacto en los predios vecinos. Sin embargo, informes técnicos y legales de otras entidades, como el Municipio de Salas Guadalupe, respaldaron la modificación.

En diciembre de ese año, el gerente del Comité de Cerámicos de la SNI, Renzo Gomero Rodríguez, denunció que la planta fue construida sin la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ni del Plan de Participación Ciudadana, requisitos establecidos en el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno.

En mayo de 2025, el portal La Lupa informó que siete regidores de la Municipalidad Provincial de Ica enfrentan cuestionamientos por haber aprobado el cambio de zonificación de terrenos agrícolas a industriales, lo que permitió la instalación de la planta de Tengda.

Durante una audiencia descentralizada de la Comisión Agraria del Congreso, celebrada en Ica, se criticó la ausencia de los regidores involucrados, lo que fue interpretado como un intento de eludir responsabilidades. La presidenta de la comisión, Tania Ramírez, advirtió que podrían ser citados al Congreso para explicar las irregularidades en el procedimiento.

El caso también ha generado controversia por los vínculos de la empresa con figuras políticas. Según un reporte del portal AgroPerú, el abogado de Tengda, Nicanor Boluarte, es hermano de la presidenta peruana, Dina Boluarte, lo que ha despertado sospechas sobre posibles influencias políticas.

Además, se reveló que el representante legal de Tengda, Chen Ming, envió una carta al entonces presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, solicitando una reunión con el Ministerio de la Producción (Produce) para agilizar trámites administrativos.

Este hecho fue calificado, en su momento, como un intento de presión política por el exgobernador de Ica, Fernando Cillóniz, quien denunció públicamente la falta de sanciones durante la construcción de la planta.

Ica, que en 2023 lideró las exportaciones agropecuarias del Perú con un 20% del total nacional, enfrenta ahora el caso de Tegnda para salvaguardar su ecosistema agrícola frente a proyectos industriales que no cumplen con las normativas ambientales y urbanísticas. La controversia continúa generando debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y sanción en el país.