El Poder Judicial está evaluando la posibilidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N.º 32330, que establece la imputabilidad penal para adolescentes de 16 y 17 años, o de sumarse a la acción ya presentada por la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional. Normativa impulsada por el Congreso de la República es cuestionada por atentar contra la Constitución, el Código del Niño y del Adolescente y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Durante una reunión con la representante adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el Perú, la presidenta del PJ, Janet Tello Gilardi, destacó que los jueces y juezas están analizando los mecanismos legales disponibles para enfrentar esta situación. Reiteró que cualquier norma que desatienda la doctrina de protección integral y el interés superior de los adolescentes entra en conflicto con los marcos legales nacionales e internacionales.
Subrayó que el sistema penal juvenil del Perú ha mostrado resultados positivos, con un nivel de reincidencia mínimo entre los adolescentes en conflicto con la ley. Según datos proporcionados, solo el 2% de los adolescentes vinculados a hechos delictivos reinciden, lo que evidencia la efectividad del enfoque rehabilitador del sistema actual. Además, advirtió que la implementación de esta ley enfrenta serias limitaciones prácticas, como la falta de instalaciones adecuadas para separar a los adolescentes de los adultos en los centros penitenciarios. Según la presidenta de la entidad, esta carencia estructural pone en evidencia que la normativa está destinada al fracaso, además de ser inconstitucional.
Por su parte, Laura Salamanca Díaz, representante de Unicef, expresó su respaldo a la postura del Poder Judicial y coincidió en que la Ley N.º 32330 vulnera los derechos de los niños y adolescentes, además de contravenir la Constitución peruana. Salamanca destacó el rol del Poder Judicial como un aliado estratégico en la administración del sistema de justicia penal juvenil, resaltando los avances logrados en los últimos años en este ámbito.
En el marco de esta reunión, también se informó que la Fiscalía de la Nación está considerando unirse a la acción de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo. Según consignó el Poder Judicial, esta ley introduce un enfoque punitivo que desconoce la especial condición de los adolescentes, lo que contraviene estándares nacionales e internacionales de protección.
Anteriormente, la titular del PJ ya ha invocado al Parlamento a revisar las leyes elaboradas. Entre ellas, la imputabilidad a menores y la ley de extinción de dominio. “La reformulación de la Ley de Extinción de Dominio, teniendo en consideración que sentencias condenatorias vayan incluso en casación hasta la Corte Suprema, en pocas palabras, significa la destrucción del sistema. [...] Cuando se dicta una norma que permite una condena mayor a quienes captan a adolescentes y bajan la edad de adolescentes para su imputabilidad es un contrasentido, por lo que solicito revisar, también, estas dos normas que son contradictorias entre sí”, señaló.
“No resuelve la criminalidad”
En el IV Congreso Internacional de Flagrancia, donde expertos internacionales expusieron sobre criterios penales para combatir el crimen organizado, el jurista español Tomás Montero Hernanz sostuvo que el incremento de sanciones a través del sistema penal a adolescentes o menores de edad no son efectivas contra la criminalidad.
“La experiencia dice que mientras mayor punición a los presuntos sicarios adolescentes, empiezan a aparecer sicarios entre trece y catorce años, por eso, esa solución nunca ha llegado a resolver el problema y nada puede hacerse sacrificando los derechos humanos. […] Hay una percepción adversa de la sociedad contra los adolescentes, pero hay que recordar que ellos antes de ser infractores de la ley son niños y que en la pobreza y la desigualdad de oportunidades está el caldo de cultivo del crimen”, concluyó durante su intervención.
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