El IGV será de 14% desde 2026: Dina Boluarte sabotea al próximo presidente y promulgará ley de reducción aprobada por el Congreso

El Pleno del Congreso de la República ha aprobado el texto sustitutorio de más de una veintena de proyectos que dan vida a la nueva “Ley que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales fortaleciendo el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun)”, cuyo objetivo, presuntamente, es aliviar el reparto de ingresos públicos entre los gobiernos subnacionales y promover el “desarrollo sostenible de las zonas alejadas del país mediante una distribución eficaz y eficiente de los recursos del Estado”.

Sin embargo, este nuevo dispositivo, ya saludado desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), establece en su tercera disposición complementaria modificatoria un cambio drástico e inopinado del artículo 17 del Decreto Legislativo 821, correspondiente al texto de la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), para reducir el primero de estos de su actual 16% al 14% desde 2026.

El IGV es un impuesto de naturaleza regresiva que pagan todos los ciudadanos al realizar una adquisición, es decir, se cobra en la compra final del bien o servicio. La tasa no es del 18%, sino que se aplica un 16% al IGV y un 2% al Impuesto de Promoción Municipal (IPM). Según la ley vigente, aplicada por la SUNAT, este tributo se retiene para todas las actividades, “con excepción de las exportaciones, la que establezca la ley u otra norma especial, así como bienes y operaciones consideradas exoneradas y/o inafectas”.

El Ejecutivo ya salió adelante a referir que, en efecto, promulgará la nueva ley, la cual también fue exonerado de segunda votación. Ad portas del pedido para que la presidenta Dina Boluarte viaje a EEUU, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, adelantó en Huancayo que la norma que reduce el IGV al 14% en el Perú desde 2026 “será aprobada por este Gobierno a la mayor brevedad”.

“Por encima de todo están los peruanos y las peruanas que requieren atención a sus necesidades más elementales. Aquello en que estemos de acuerdo, se ejecutará sin demora”, manifestó el premier el último fin de semana.

También ante la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), el ingresante ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, hizo lo propio y manifestó, contradictoriamente, que el Gobierno peruano tiene que “hacer un esfuerzo para trabajar en una mayor recaudación en el IGV“.

“En ese horizonte, es importante la reciente aprobación en el Pleno del Congreso de un incremento gradual del Foncomún entre 2026 y 2029, que pasará de 2% a 4%”, remarcó el ministro. El problema está en que los efectos de la reducción del IGV al 14%, en la práctica, serán asumidos por el siguiente presidente del Perú.

Luis Arias Minaya, exjefe de la SUNAT, advierte que la ley carece de sustento técnico y no contó con la opinión del MEF antes de su aprobación. El experto señaló que esta reforma implicará una pérdida anual de 10.000 millones de soles para el Estado, lo que equivale a un punto porcentual del Producto Bruto Interno (PBI).

Además, criticó que la norma transfiera la carga fiscal al próximo gobierno, calificándola como una “farra fiscal populista” que beneficia a más de 2.000 municipios al duplicar sus recursos, sin garantizar que estos se destinen exclusivamente a inversión pública.

“El Congreso es el único facultado a crear impuestos por ley. Pero, en este caso, no es que se está creando un impuesto, se está cambiando la composición del financiamiento presupuestal. Al reducirse el IGV a 14% y subir el IPM a 4%, se está aumentando la parte del presupuesto que va para los municipios, y se está reduciendo la parte del presupuesto que queda en el Gobierno central. Entonces, en la práctica, no es que se esté modificando un impuesto. Lo que se está haciendo es aumentar el gasto público”, apuntó.

Arias explica que el texto aprobado establece que el incremento en el Foncomún será gradual, pasando del 2% al 4%, mientras que la reducción del IGV al 14% afectará directamente los ingresos del Gobierno central. Según el tributarista, esta redistribución presupuestal no solo compromete la sostenibilidad fiscal, sino que también limita la capacidad del MEF para gestionar los recursos públicos.

Además, el exjefe de la SUNAT encuentra difícil que el Poder Ejecutivo pueda plantear una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, toda vez que la posición del premier Arana y del ministro Raúl Pérez-Reyes también ha sido interpretada como una muestra de debilidad del Gobierno frente al Congreso, que ha impulsado varias iniciativas de gasto en los últimos meses.

“No obstante, la ley sí es anticonstitucional, porque crea una obligación de gasto público sin margen de maniobra para el Ejecutivo”, aseveró.