Tarifa unificada por uso del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: Ositrán defiende proceso de aprobación del cobro

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) emitió el sábado 24 de mayo un comunicado en el que defiende el proceso de aprobación de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) que entrará en vigor en el Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La declaración de Ositrán surge en respuesta a las acusaciones del congresista Wilson Soto Palacios sobre presuntas irregularidades en el proceso.

Ositrán, un organismo técnico encargado de supervisar los contratos de concesión entre el Estado peruano y los concesionarios de infraestructura de transporte público, resalta su compromiso con el cumplimiento de estos acuerdos. Subraya que no posee la autoridad para modificar unilateralmente los contratos ni para desaplicar sus cláusulas, a menos que una autoridad competente lo disponga.

La discusión se centra en la Adenda N.° 6 del Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, suscrita el 8 de marzo de 2013 entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP). Esta adenda autoriza expresamente el cobro de la TUUA a pasajeros en condición de transferencia una vez que el nuevo terminal inicie operaciones. Ositrán señala que la adenda fue aprobada por Resolución Ministerial N.° 130-2013-MTC/02 y publicada oficialmente el 9 de marzo de 2013, sin que hasta la fecha haya sido cuestionada legalmente.

En línea con esta adenda, Ositrán inició el procedimiento de fijación tarifaria de la TUUA el 6 de junio de 2024, cumpliendo con el Reglamento General de Tarifas. Este procedimiento, según el organismo, fue técnico, transparente y participativo, permitiendo la intervención pública durante una audiencia realizada el 6 de febrero de 2025. La resolución que aprueba la tarifa se emitió el 28 de marzo de 2025, conforme al Reglamento de Organización y Funciones de Ositrán, argumentando la necesidad de prevenir el incumplimiento de compromisos contractuales por parte del Estado.

El comunicado de Ositrán reitera su disposición a defender la legalidad del proceso, subrayando las ventajas económicas para el país derivadas del respeto a los compromisos contractuales existentes. Sin embargo, el congresista Soto ha pedido al Ministerio Público investigar los presuntos delitos en Ositrán, citando a Verónica Zambrano Copello, presidenta del Consejo Directivo, por presunta usurpación de funciones y decisiones económicas de impacto. Soto destaca la aprobación presuntamente ilegal de la tarifa de 7.07 dólares para pasajeros en transferencia, quienes no utilizan servicios aeroportuarios según él.

El congresista Soto también ha presentado el Proyecto de Ley 10911 para prohibir el cobro del TUUA a pasajeros en tránsito, una medida que busca proteger a los ciudadanos de lo que él describe como abusos regulatorios. Este proyecto se plantea como una respuesta directa al descontento con el proceso y las decisiones adoptadas por Ositrán.

Por su parte, Ositrán recalca el respeto por la seguridad jurídica y la atracción de inversiones responsables como aspectos esenciales para la economía nacional. No obstante, las acusaciones de usurpación de funciones y las supuestas interpretaciones contractuales han avivado el debate sobre la transparencia y la legitimidad de las acciones regulatorias en Perú.

Mientras la Presidencia del Consejo de Ministros trabaja en la selección de nuevos integrantes para los Consejos Directivos de los Organismos Reguladores, el diálogo sobre algunos aspectos del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez y sus repercusiones económicas y políticas continúa generando interés y controversia en el país. En este contexto, Ositrán asegura que mantiene su compromiso de actuar con profesionalismo y transparencia para defender los intereses del Estado, los usuarios y los inversionistas, en medio del escrutinio público y las discusiones legislativas en curso.