Solo el 8% de peruanos confía plenamente en las elecciones generales de 2026, según encuesta

A menos de un año de las elecciones generales del 2026, el panorama político en el Perú es sombrío. Una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reveló un dato alarmante: solo el 8% de los ciudadanos confía totalmente en el desarrollo de los próximos comicios. En el otro extremo, el 37% respondió con un rotundo “1” cuando se le pidió calificar su nivel de confianza en una escala del 1 al 7, dejando en evidencia que no creen en lo absoluto en el proceso electoral que se avecina.

Estos resultados no son solo cifras; son el reflejo de una democracia que tambalea por la falta de credibilidad en sus instituciones y representantes.

La encuesta del IEP utilizó una escala de confianza del 1 al 7, y a partir de ella definió tres niveles: baja, intermedia y alta. Casi la mitad de los encuestados (49%) se ubicó en la categoría de baja confianza, lo que sugiere que una mayoría significativa de la población no se siente segura ni representada por el sistema electoral. Este sentimiento de desconfianza predomina con más fuerza en las regiones del oriente, sur y norte del país, entre los sectores socioeconómicos D y E. Asimismo, es más común entre los ciudadanos que tienen poco interés por la política y un débil respaldo al sistema democrático en general.

En contraste, solo un 13% de los encuestados expresó una alta confianza en las elecciones. Este pequeño grupo se concentra principalmente en Lima Metropolitana y pertenece, en su mayoría, a los niveles socioeconómicos A y B. Esta diferencia sugiere que la percepción sobre la transparencia y legitimidad de los procesos electorales está fuertemente marcada por el lugar de residencia y la condición económica del votante.

El interés por las elecciones tampoco es alentador. La población peruana parece haberse alejado emocionalmente del proceso político. Solo un 28% de los ciudadanos afirma tener mucho interés en las elecciones del 2026, un porcentaje que crece entre los habitantes de Lima, en los niveles A/B y entre quienes sí confían en los comicios. Por el contrario, el 48% declara tener poco o ningún interés en las elecciones. Esta desafección se concentra especialmente en zonas rurales, en las macrozonas del sur y oriente, entre personas mayores de 40 años y en los sectores sociales con menores recursos.

A esta crisis de confianza se suma una percepción preocupante sobre la autonomía de la presidenta Dina Boluarte. La encuesta del IEP también revela que más de un tercio de los peruanos considera que la mandataria no actúa con independencia política frente al fujimorismo. Ante la pregunta: “¿Cuál considera que tiene más influencia en el gobierno de Dina Boluarte?”, el 37% respondió que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, es quien tiene mayor peso en las decisiones del Ejecutivo. Esta respuesta refuerza la idea de que existe una cooptación del poder por parte de ciertos sectores políticos tradicionales, lo que deteriora aún más la confianza en el gobierno.

Pero Fujimori no es la única figura política señalada como influyente. Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, que llevó a Boluarte a la vicepresidencia en 2021, también es percibido como influyente por un 16% de los encuestados. En tanto, César Acuña, gobernador de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso, es visto como una figura con poder en el gobierno por un 15% de los ciudadanos. Completan la lista Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y líder de Renovación Popular (6%), y José Luna, líder del partido Podemos Perú (2%).

El panorama es claro: los peruanos no solo desconfían del proceso electoral, sino que también perciben que quienes toman las decisiones en el país no son siempre quienes han sido elegidos democráticamente. La baja participación, el desinterés ciudadano y la percepción de que las élites políticas controlan el poder socavan la legitimidad del sistema democrático.

De cara a los comicios del 2026, el desafío para las autoridades electorales y políticas será recuperar la confianza de una ciudadanía cada vez más distante. Reforzar la transparencia, garantizar procesos imparciales y promover una participación informada se presentan como tareas urgentes si se busca revertir la apatía y reconstruir el vínculo entre el voto y la representación. Las cifras del IEP no solo alertan sobre una crisis de confianza, sino también sobre la fragilidad del compromiso cívico en un contexto donde la democracia parece no convencer a gran parte del país.