Murieron calcinados mientras trabajaban encerrados en Las Malvinas: casi 8 años después, ¿qué pasó con los culpables?

En junio de 2017, un incendio en la galería Nicolini, en el corazón de Las Malvinas, acabó con la vida de dos jóvenes que laboraban en condiciones precarias y encerrados sin posibilidad de escape. La tragedia expuso las duras realidades de la explotación laboral que persiste en ciertos sectores y la dificultad para que la justicia actúe con contundencia.

Jovi Herrera y Jorge Luis Huamán perdieron la vida atrapados en un contenedor cerrado durante el incendio del 22 de junio de 2017. A pesar de las condenas emitidas, uno de los principales implicados sigue evadiendo a las autoridades, mientras las familias siguen esperando una reparación completa.

Jonny Coico Sirlopu, quien alquiló el contenedor donde murieron calcinados los jóvenes, fue sentenciado en 2018 a 35 años de prisión por trata de personas con fines de explotación laboral y violación de la libertad personal. En tanto, Vilma Zeña Santamaría, quien también administraba los espacios donde trabajaban los jóvenes, recibió una condena inicial de 32 años. Sin embargo, ambas penas fueron reducidas por la Corte Superior de Lima: Coico a 30 años y Zeña a 15 años.

Mientras Coico Sirlopu cumple su condena en el penal Miguel Castro Castro, Zeña Santamaría nunca fue capturada. Desde 2023, figura en el programa de recompensas del Ministerio del Interior, que ofrece S/50,000 por información que conduzca a su paradero. A la fecha, continúa en calidad de no habida. Las familias de las víctimas consideran que la justicia sigue pendiente y que el caso ha sido invisibilizado con el paso del tiempo.

El fuego comenzó el 22 de junio de 2017 en la galería Nicolini, ubicada en la zona comercial de Las Malvinas. Se trató de uno de los incendios más largos y difíciles de controlar en la capital: las llamas se extendieron durante cinco días. Más de 500 bomberos trabajaron en turnos ininterrumpidos para extinguir el fuego. Las imágenes del humo negro cubriendo el cielo limeño se convirtieron en símbolo de una tragedia que puso en evidencia el descuido de las autoridades y las condiciones extremas en que laboraban muchas personas en el lugar.

Durante los primeros días del siniestro, los bomberos confirmaron que había dos personas atrapadas en un contenedor de metal ubicado en los pisos superiores. Se trataba de Jovi Herrera y Jorge Luis Huamán, quienes trabajaban sin contrato, encerrados bajo llave, reetiquetando productos eléctricos. Pese a los pedidos de auxilio, no hubo forma de ingresar a tiempo para rescatarlos. Perdieron la vida en medio del fuego, sin poder salir, debido a la falta de salidas de emergencia y el uso de candados por fuera.

Herrera y Huamán realizaban tareas repetitivas por un salario mínimo, sin acceso a servicios básicos ni seguridad. El contenedor en el que estaban encerrados servía como área de producción para la empresa administrada por Coico y Zeña. Estaba acondicionado con estantes, cables expuestos, cajas apiladas y materiales inflamables. No existía ninguna ruta de evacuación, y la única puerta estaba cerrada con candado desde el exterior.

La investigación reveló que estas condiciones eran conocidas por los empleadores y que no eran casos aislados. Varios testigos confirmaron que otros trabajadores también eran encerrados para evitar que “pierdan el tiempo” o “roben productos”. La existencia de ese sistema evidenció una forma sistemática de explotación laboral, amparada en la informalidad y el desinterés de las autoridades por fiscalizar estos espacios de alto riesgo.

La madre de Jovi Herrera ha denunciado públicamente que, a pesar de las sentencias emitidas, no ha recibido ninguna reparación económica. Afirma que no ha recibido ni un sol por parte de los condenados ni del Estado, a pesar de que los jueces ordenaron una indemnización para las familias afectadas. Su exigencia no se limita a lo económico: pide que se capture a Zeña Santamaría, quien lleva años fugada sin que las autoridades den con su paradero.

Ambas familias han tenido que convivir con la ausencia de sus hijos y con la lenta respuesta del sistema judicial. Organismos de derechos humanos y colectivos ciudadanos han señalado que este caso representa una herida abierta en la historia laboral del país, no solo por la tragedia en sí, sino por la indiferencia institucional que la siguió. A casi ocho años del incendio, los nombres de Jovi y Jorge aún no han sido plenamente reivindicados por la justicia peruana.