Ministra Leslie Urteaga admite fracaso de programas Qali Warma y Wasi Mikuna: “No fue suficiente”

“No fue suficiente”. Así lo reconoció Leslie Urteaga, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, al anunciar la extinción del programa de alimentación escolar ‘Wasi Mikuna’, nombre que reemplazó en años recientes al conocido ‘Qali Warma’.

En una entrevista con RPP, la funcionaria reconoció que, pese a los esfuerzos realizados por el Estado, el programa no logró alcanzar sus objetivos y arrastra serias deficiencias que afectan directamente a la salud y bienestar de los escolares peruanos.

Urteaga explicó que ‘Wasi Mikuna’ fue una propuesta que buscaba ampliar la cobertura alimentaria incluyendo productos perecibles y no perecibles. Sin embargo, señaló que esto no bastó:

“No fue suficiente, es cierto. Y ya nosotros en este año hemos tomado la decisión de extinguir el programa tal como está”, expresó.

Aclaró también que el servicio de alimentación escolar no se detendrá, ya que constituye una obligación estatal: “El servicio continúa porque es obligación del Estado peruano brindar alimentos de calidad”, enfatizó.

Durante casi 13 años de funcionamiento, el programa acumuló una serie de vacíos que permitieron acciones irregulares, muchas de las cuales ya están bajo investigación fiscal. La ministra mencionó al respecto: “Se están abriendo las puertas a la Fiscalía, al Ministerio Público, para brindar toda la información”, e indicó que se está denunciando a funcionarios presuntamente implicados en malos manejos del programa.

Estas declaraciones surgen en un contexto de creciente presión pública luego de varios casos de alimentos en mal estado distribuidos a escolares, lo que expuso fallas críticas en la supervisión del programa.

El detonante más grave ocurrió el 25 de marzo de 2024, cuando 23 niños de la escuela Gamaliel Churata en Cabana (Puno) sufrieron una intoxicación tras consumir un plato de arroz chaufa elaborado con conservas de pollo de la marca “Don Simón”, provistas por el programa de alimentación.

Las conservas habían sido producidas por Peruvian Aliment Company SAC, una empresa vinculada a Frigoinca, firma señalada por escándalos que van más allá del descuido: sobornos a funcionarios, adulteración de productos con aditivos y mezcla con carne de caballo.

Las investigaciones periodísticas revelaron también que Frigoinca compartía vínculos financieros con Mevalab, el laboratorio encargado de certificar la calidad de las conservas que intoxicaron a los escolares. Se presume una coordinación deshonesta entre ambas entidades para aprobar productos no aptos para el consumo humano.

Pese a estas revelaciones, la falta de acciones judiciales firmes y la aparente lentitud en las sanciones han generado sospechas de encubrimiento, dejando a las familias afectadas en una prolongada espera de justicia.

Frente a estos hechos, la ministra Urteaga confirmó que se suspendieron temporalmente alimentos como pescado, conservas y carnes que representaban un riesgo para los escolares.

Además, señaló que el Gobierno exigió a los proveedores realizar nuevas pruebas de calidad:

“Lo que nosotros estamos pidiendo, y así lo han entendido también los proveedores que han suscrito adendas, es que esto se vuelva a muestrear, pero por laboratorios que nosotros les indiquemos”, precisó.

Urteaga fue enfática al señalar que los problemas no se limitan a un solo eslabón. “Necesitamos reforzar toda la cadena, desde el fabricante hasta el seguimiento posterior”, sostuvo.

Este nuevo enfoque implica una reforma integral del sistema, que incluya mejores procesos de selección de proveedores, fiscalización rigurosa, y monitoreo constante para asegurar que los alimentos lleguen en condiciones óptimas a los escolares.

Aunque el programa ‘Wasi Mikuna’ será extinguido en su formato actual, el Ministerio asegura que se mantendrá la alimentación escolar como política prioritaria. Sin embargo, el camino no será fácil. La pérdida de confianza ciudadana, los graves errores del pasado y la sospecha de corrupción exigen una reforma profunda, transparente y sin impunidad.

Por ahora, los padres de los niños intoxicados siguen esperando justicia, y el país observa con atención si esta vez los cambios serán reales y duraderos, o si se tratará —una vez más— de una promesa sin seguimiento.