Así operó por 300 años la mina más letal del Perú: más de 30 mil indígenas murieron por el mercurio en Huancavelica

A 3.700 metros sobre el nivel del mar, en las montañas andinas de Huancavelica, se encuentra el complejo minero de Santa Bárbara, conocido históricamente como “la mina de la muerte”. Este sitio fue uno de los mayores productores de mercurio en América durante la época colonial, un mineral vital para la extracción de plata, base de la riqueza del Virreinato del Perú. Sin embargo, el costo humano de esta producción fue devastador.

Miles de indígenas fueron sometidos al sistema de mita minera, que los obligaba a trabajar en condiciones infrahumanas, generando una tasa de mortalidad brutal. La toxicidad del mercurio, combinada con jornadas extenuantes y precarias condiciones de seguridad, marcó un capítulo oscuro en la historia minera y social del país.

La mina de Santa Bárbara fue descubierta en 1564, en plena época de consolidación del dominio español en los Andes. Su explotación comenzó formalmente en 1571 y rápidamente se convirtió en una pieza clave para la economía colonial, ya que el mercurio extraído se utilizaba en el proceso de amalgamación para extraer plata de las minas de Potosí y otras regiones.

Este proceso químico dependía enteramente del mercurio, por lo que Huancavelica pasó a ser una región estratégica para la corona española. Sin embargo, la extracción de mercurio implicaba un proceso extremadamente peligroso para quienes trabajaban en la mina. A diferencia de la plata o el oro, el mercurio es un metal líquido altamente tóxico, y su manipulación sin protección causaba envenenamientos severos.

La principal fuerza laboral en Santa Bárbara fue la población indígena, reclutada mediante el sistema de mita, una forma de trabajo obligatorio impuesto por las autoridades coloniales. Este sistema obligaba a comunidades enteras a enviar a un porcentaje de sus miembros a trabajar en las minas por períodos prolongados, sin remuneración justa y en condiciones precarias.

Los indígenas eran trasladados desde sus comunidades altoandinas hacia Huancavelica, donde enfrentaban condiciones extremas: altitud, frío, falta de oxígeno, y una atmósfera cargada de vapores tóxicos de mercurio. Los túneles subterráneos eran estrechos, mal ventilados y peligrosos, sin las mínimas medidas de seguridad. Las jornadas podían extenderse por más de 12 horas diarias, y la ausencia de atención médica adecuada condenaba a muchos a la muerte.

Durante los tres siglos de operación, se calcula que más de 30 mil indígenas perdieron la vida en Santa Bárbara debido a la combinación de la explotación física, los accidentes frecuentes y, sobre todo, la intoxicación por mercurio. Este número representa una tragedia humanitaria de dimensiones mayúsculas, que afectó a decenas de comunidades.

Las enfermedades derivadas de la exposición crónica al mercurio incluyen daños neurológicos irreversibles, problemas respiratorios, daños renales y cutáneos, entre otros. La acumulación del metal pesado en el organismo producía cuadros de envenenamiento progresivo que causaban la muerte o incapacitaban a los trabajadores.

Además, la muerte no solo se daba dentro de la mina, sino que afectaba a las familias y poblaciones indígenas en sus comunidades, quebrando estructuras sociales y culturales tradicionales.

Aunque la mina Santa Bárbara cerró hace décadas, los metales pesados no se fueron. Según un informe realizado por Salud con Lupa, el mercurio sigue en el aire, el agua y la tierra de Huancavelica, afectando la salud de miles de personas. Estudios recientes han encontrado concentraciones peligrosas en plazas, colegios y centros de salud, especialmente en el casco urbano. La contaminación ha sido reconocida incluso por sentencias judiciales y declaratorias de emergencia, pero las medidas concretas no llegan.

El Ministerio de Energía y Minas, principal entidad responsable de remediar estos daños, no ha incluido a Huancavelica en el Inventario de Pasivos Ambientales Mineros. Tampoco ha elaborado un plan de limpieza. ¿La razón? Aseguran que falta un informe técnico clave, sin el cual no pueden iniciar el proceso de saneamiento. Así, la respuesta estatal está detenida por un trámite burocrático, mientras la exposición al mercurio sigue afectando especialmente a niños y ancianos.

En esta región —una de las más pobres del país— hay solo cinco hospitales para más de 330 mil personas. Y a pesar de que los diagnósticos médicos por enfermedades respiratorias y neurológicas se han duplicado en tres años, no existen políticas específicas para atender a las víctimas de metales pesados. Los especialistas alertan que el tiempo pasa, pero el daño continúa. Y, hasta ahora, nadie ha sido sancionado ni se ha iniciado una remediación efectiva.