Buscan reducir el IGV al 15% a empresas de todos los sectores productivos y personas naturales: “Para promover la inversión”

El Congreso de la República presentó un proyecto de ley que propone una reducción temporal del Impuesto General a las Ventas (IGV) al 15% para incentivar la inversión y dinamizar la economía nacional. Esta medida aplicaría a personas naturales y empresas de todos los sectores productivos, con el fin de generar un impacto positivo en la capacidad adquisitiva y fomentar la competitividad del país. La iniciativa está enmarcada en un contexto macroeconómico en el que se busca mantener un crecimiento sostenido, a pesar de las tensiones comerciales internacionales y los desafíos internos en la política fiscal peruana.

El proyecto, elaborado por el congresista Ilich Fredy López Ureña y el grupo parlamentario Acción Popular, plantea un régimen especial y temporal para los años fiscales 2026, 2027 y 2028, con tasas escalonadas de IGV del 15%, 16% y 17%, respectivamente. Además, para compensar la reducción tributaria, se propone un ajuste temporal del 1% en el impuesto a la renta para las empresas afectadas. Este conjunto de medidas busca crear un ambiente favorable para la inversión y la generación de empleo, sin comprometer la estabilidad fiscal del país.

El proyecto tiene como objetivo establecer una tasa especial y temporal de IGV para todos los contribuyentes del sector empresarial, tanto personas naturales como jurídicas, que estén afectos al impuesto. No obstante, quedan excluidas las empresas que conformen grupos económicos que no cumplan con las características definidas, así como aquellas con vinculación económica con otras empresas nacionales o extranjeras que invaliden el beneficio.

Se establece que para el año fiscal 2026 la tasa será del 15%, para 2027 subirá al 16% y para 2028 al 17%. Esta reducción es temporal y estará vigente desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2030. Durante este período, las empresas deberán asumir un incremento del 1% en su impuesto a la renta como forma de compensar la reducción en el IGV.

Se faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, para que en un plazo máximo de 60 días hábiles emita las normas reglamentarias necesarias para la correcta aplicación de la ley. Además, el Ministerio elaborará un informe anual que evalúe los costos fiscales y los efectos de la medida sobre la inversión y el empleo. También se contempla que las empresas beneficiarias capaciten a su capital humano y promuevan la certificación correspondiente.

Según el análisis costo-beneficio incluido en el proyecto, la reducción del IGV impulsaría el poder adquisitivo de los consumidores y el consumo general, lo que podría traducirse en un aumento en las ventas y mayor dinamismo económico. Asimismo, se espera que las empresas reinviertan los ahorros derivados de la menor carga tributaria en expansión, tecnología y contratación, favoreciendo la formalización y la competitividad. Por lo tanto, los beneficios estimados superarían los costos asociados a la menor recaudación fiscal, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.

El IGV, o Impuesto General a las Ventas, es un tributo que se aplica en Perú a la mayoría de las transacciones comerciales relacionadas con la venta de bienes y la prestación de servicios. Se trata de un impuesto indirecto, lo que significa que no grava directamente los ingresos de las personas o empresas, sino que se añade al precio final que paga el consumidor al adquirir un producto o contratar un servicio. En esencia, se trata de un porcentaje que se suma al costo original de los bienes o servicios, y su recaudación forma una parte fundamental de los ingresos fiscales del Estado peruano.

Este impuesto busca contribuir a financiar el gasto público, apoyando sectores como la educación, salud e infraestructura, entre otros. El IGV se caracteriza por ser un impuesto generalizado, ya que afecta a la mayoría de las actividades comerciales, salvo algunas excepciones contempladas en la normativa, como ciertos productos básicos o servicios específicos que están exonerados o con tasas diferenciadas. La administración y control del Impuesto General de Ventas corresponde a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que supervisa el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Así, el IGV juega un rol esencial para el sostenimiento económico del país y para garantizar que el Estado cuente con los recursos necesarios para su funcionamiento y desarrollo.