Estos son los partidos en el Congreso con más mineros informales afiliados y sus razones para defender a dirigentes

El Congreso de la República ha sido escenario de una creciente influencia de dirigentes de la minería informal, quienes no solo han buscado estar en la agenda legislativa, sino que también han encontrado espacio dentro de los partidos políticos con representación parlamentaria.

Según un informe del diario El Comercio, al menos 14 dirigentes de este sector están afiliados a diversas agrupaciones políticas, destacando su participación activa en debates clave como la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Entre los partidos con mayor número de afiliados provenientes de la minería informal se encuentra Renovación Popular, que cuenta con siete dirigentes vinculados a la Confederación de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin). En septiembre de 2024, el líder de este partido y alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, expresó su respaldo a estos dirigentes, calificando su sede como “su casa” y ofreciendo reuniones para concretar resultados. Este apoyo se reflejó también en noviembre, cuando sectores informales tomaron las calles del centro de Lima, instalando baños portátiles y presionando al Congreso durante el debate sobre la ampliación del Reinfo, una medida respaldada por la bancada de Renovación Popular.

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, defendió públicamente a los dirigentes mineros, argumentando que no todos los inscritos en el Reinfo son ilegales ni realizan actividades ilícitas. Según Muñante, estas organizaciones están registradas formalmente y tienen derecho a expresar sus demandas como cualquier otro ciudadano.

Otro partido con presencia de dirigentes mineros es Perú Libre, donde figura Adolfo Valverde, asesor legal señalado como parte de una presunta red criminal vinculada al sicariato en La Libertad. El congresista de Perú Libre, Américo Gonza, afirmó estar en contra de la ampliación del Reinfo y haber presentado un proyecto para su eliminación, aunque este no obtuvo consenso. Gonza subrayó que la afiliación de Valverde no representa una postura orgánica del partido, sino una decisión personal del militante.

En Juntos por el Perú, también se identificó a un dirigente minero afiliado, Jaime Apolaya, quien mantiene vínculos con Confemin. El congresista Roberto Sánchez declaró que cualquier investigación sobre posibles delitos debe basarse en hechos comprobados y no en presunciones, dejando claro que su partido no defenderá actos ilícitos.

Además de estas agrupaciones, Podemos Perú alberga a cinco dirigentes mineros informales, mientras que congresistas como Guido Bellido han tenido contacto directo con este sector. Aunque Bellido no respondió a las consultas del programa 24 Horas Noticias, su relación con los mineros informales ha sido señalada como parte de un patrón más amplio de interacción entre parlamentarios y este grupo.

Los dirigentes mineros no se han limitado a la afiliación partidaria. Según consignó El Comercio, han visitado el Palacio Legislativo al menos 28 veces durante septiembre y noviembre de 2024, coincidiendo con los debates sobre el Reinfo. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, justificó estas visitas argumentando que el Congreso es una institución abierta en un país democrático, donde todos los ciudadanos tienen derecho a participar.

El Reinfo, o Registro Integral de Formalización Minera, es un sistema implementado por el gobierno del Perú para registrar y regular las actividades de los mineros en proceso de formalización. Este registro forma parte de la labor del Estado para ordenar la actividad minera informal en el país, dando a los mineros una oportunidad de cumplir con los requisitos legales y ambientales para operar de manera formal y sostenible.

Sin embargo, en los últimos años el Reinfo ha sido cuestionado debido a presuntas irregularidades en su funcionamiento y uso. Entre las principales críticas, se señala que ha sido utilizado para proteger actividades de minería ilegal bajo el amparo de la formalización. En algunos casos, se ha denunciado que personas inscritas en el Reinfo han continuado operando en zonas prohibidas o afectando ecosistemas sensibles, como áreas naturales protegidas.