Consejo Fiscal en contra de reforma de inversiones APP en el MEF: “PROINVERSIÓN asumiría el control total del sistema”

El Consejo Fiscal (CF) ha expresado su preocupación por las implicancias fiscales que podrían derivarse de las modificaciones propuestas al marco legal que regula las Asociaciones Público-Privadas (APP) a cargo de PROINVERSIÓN. Una medida que fue el caballo de batalla del exministro de Economía y Finanzas, José Salardi, pero que ahora podría tener un grio de 180 grados con Raúl Pérez-Reyes al frente de la cartera.

Según el comunicado N° 04-2025-CF, el organismo advierte que la autógrafa de ley que establece un nuevo marco normativo para el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP), actualmente pendiente de promulgación u observación hasta el 30 de mayo de 2025, podría debilitar los controles diseñados para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. El CF ha instado al Poder Ejecutivo a evaluar rigurosamente los efectos de esta norma antes de su aprobación.

“En este contexto, PROINVERSIÓN asumiría la conducción normativa y operativa del sistema, así como la conducción integral de los procesos de formulación, estructuración, transacción y ejecución contractual”, dijo.

De acuerdo con el CF, la reforma propuesta transfiere la rectoría del SNPIP del MEF a PROINVERSIÓN, lo que limitaría significativamente la capacidad del MEF para ejercer un control presupuestario adecuado sobre los proyectos de inversión.

Este cambio eliminaría mecanismos clave de supervisión, como los análisis de capacidad fiscal y las opiniones vinculantes, contraviniendo las mejores prácticas internacionales recomendadas por organismos como la OCDE, el FMI, el Banco Mundial y el BID. Según el CF, esta medida podría comprometer la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y aumentar los riesgos fiscales.

El Consejo también ha señalado que la desvinculación entre la programación presupuestal y la aprobación de proyectos APP podría generar presiones insostenibles sobre el gasto público. La reforma, al romper la articulación entre estas dos áreas, permitiría la ejecución simultánea de megaproyectos que podrían superar la capacidad fiscal disponible.

Esto, según el CF, comprometería la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo, dado que el MEF, como ente técnico encargado de administrar la hacienda pública, desempeña un rol esencial en la preservación del equilibrio financiero del país.

El contexto en el que se plantea esta reforma también ha sido objeto de análisis. Según el CF, el esquema propuesto busca viabilizar una cartera de proyectos de inversión por un monto de 70.000 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 25% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.

Este monto duplica el total adjudicado en los últimos 15 años, que ascendió a 37.000 millones de dólares. El CF advierte que la adjudicación de proyectos de esta magnitud podría generar obligaciones presupuestarias rígidas, especialmente en el mediano y largo plazo, debido a los requerimientos de cofinanciamiento público no solo en la etapa de inversión, sino también en las fases de operación y mantenimiento.

Un ejemplo citado por el CF para ilustrar los riesgos asociados a la falta de controles técnicos estrictos es el caso del Corredor Vial Interoceánico Sur. Este proyecto, que inicialmente representaba un gasto anual de 86 millones de soles en 2006, incrementó su costo a 1.400 millones de soles en 2015, acumulando un gasto total de 20.000 millones de soles en los últimos 20 años.

En 2024, el gasto anual asociado a este proyecto fue de 800 millones de soles. Según el CF, este caso debe servir como advertencia sobre los riesgos de comprometer recursos públicos sin una adecuada planificación y supervisión.

El CF también ha enfatizado que el cierre de las brechas de infraestructura no debe depender exclusivamente del mecanismo de inversión elegido, sino de una priorización técnica basada en la capacidad presupuestaria real.

Aunque existe consenso sobre la necesidad de reducir estas brechas, el organismo subraya que este proceso debe realizarse de manera progresiva, priorizando proyectos con mayor impacto en la provisión de servicios públicos y en la productividad.

Además, señala que cualquier modalidad de inversión, ya sea APP, Obras por Impuestos, Gobierno a Gobierno, Proyectos Especiales de Inversión Pública o la obra pública tradicional, debe ser evaluada en función de su eficiencia y de los riesgos fiscales asociados.

En su comunicado, el CF ha recomendado al Poder Ejecutivo que toda reforma, incluida la del SNPIP, se construya de manera transparente, basada en evidencia técnica y con la participación de todos los actores competentes. Asimismo, ha destacado la importancia de adoptar un enfoque de largo plazo para consolidar un sistema de inversión pública y de APP que promueva el desarrollo del país, sin comprometer la estabilidad fiscal.

El llamado del CF ha tenido eco en el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, quien declaró recientemente a medios de prensa que su gestión brindará herramientas al SNPIP para asegurar el financiamiento sostenible de los proyectos de infraestructura en los próximos años.

El funcionario indicó que su despacho evalúa modificar algunos aspectos de la nueva ley de APP, así como de la regulación de Obras por Impuestos y de las condiciones de gobernanza bajo las cuales PROINVERSIÓN tendrá una mayor participación en el SNPIP.

“Tenemos que asegurarnos de que muchos de los proyectos no solo se construyan, sino que también cuenten con recursos para operaciones y mantenimiento”, afirmó Pérez-Reyes.