CIDH inició el primer juicio internacional por el caso de Celia Ramos, víctima de las esterilizaciones forzadas en Perú hace 28 años

Por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) aborda un caso emblemático de violencia reproductiva en el Perú: la muerte de Celia Ramos Durand en 1997 tras una esterilización forzada. Esta audiencia histórica, realizada hoy en Guatemala, representa una oportunidad para que la justicia internacional reconozca la responsabilidad del Estado peruano en la implementación de una política pública que violó masivamente los derechos humanos de miles de mujeres, en su mayoría indígenas, pobres y rurales.

Celia Ramos era una mujer de 34 años, madre de tres hijas, que vivía en el caserío La Legua, en Piura. El 3 de julio de 1997, fue una de las 15 mujeres intervenidas durante una campaña estatal de ligaduras de trompas realizada en un puesto médico en el distrito de Castilla. De acuerdo con el informe “Celia Ramos vs. Perú: Ficha de Hechos”, elaborado por el Centro de Derechos Reproductivos, Demus y CEJIL, personal de salud presionó reiteradamente a Celia para someterse al procedimiento, pese a que ella expresó su negativa. El consentimiento no fue libre, previo ni informado.

Durante la cirugía, Celia sufrió un paro respiratorio inducido por medicamentos usados en el procedimiento. La falta de oxígeno agravó su estado, y tras una atención precaria y un traslado tardío a un centro médico de mayor complejidad, falleció 19 días después sin haber despertado del coma. La Defensoría del Pueblo registró su caso como una de las 16 muertes derivadas de estas prácticas en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) del régimen de Alberto Fujimori.

El informe también denuncia que la Fiscalía archivó el caso de Celia en múltiples ocasiones, lo que impidió que sus hijas accedan a la justicia en el sistema nacional. Las organizaciones defensoras advierten que este no es un hecho aislado, sino parte de una práctica sistemática de impunidad y revictimización.

Hoy, Marisela Monzón Ramos, una de las hijas de Celia, rindió su declaración ante la Corte. Tenía solo 10 años cuando perdió a su madre. “Tiene que haber justicia y una reparación acorde, expresó.

Marisela y sus hermanas, junto con las organizaciones DEMUS, el Centro de Derechos Reproductivos (CRR) y CEJIL, buscan que la CorteIDH declare la responsabilidad internacional del Estado peruano por múltiples violaciones a los derechos humanos de Celia y de otras mujeres víctimas del mismo patrón sistemático.

Entre 1996 y 2000, el Estado peruano ejecutó una política de esterilización forzada como parte del PNSRPF, que buscaba reducir la pobreza mediante el control de la natalidad. De acuerdo con el testimonio de la perita Kimberly Theidon, reconocida antropóloga médica que compareció hoy ante la Corte, “existen pruebas contundentes de que esta política fue aplicada especialmente a mujeres indígenas, analfabetas y empobrecidas”.

Según el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), a febrero de 2025 se contabilizan 6,982 mujeres inscritas. No obstante, estudios independientes y denuncias sociales estiman que el número real podría superar las 300 mil. Theidon advirtió que “un porcentaje mínimo de esas mujeres habría dado un consentimiento previo e informado” y recalcó que las intervenciones se realizaron bajo presión, con engaños y sin respeto a la dignidad de las mujeres.

El caso de Celia es paradigmático porque refleja todos los elementos de esta política estatal: presión institucional, ausencia de consentimiento, condiciones médicas precarias, encubrimiento y negación de justicia. A pesar de las múltiples investigaciones fiscales desde 2002, los procesos contra Alberto Fujimori y sus exministros de Salud han sido archivados en repetidas ocasiones. En julio de 2024, una sentencia judicial anuló el proceso penal iniciado en 2018 y el Congreso aprobó la Ley 32107 que impide investigar crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, amenazando con cerrar el caso definitivamente en el ámbito nacional.

La audiencia celebrada hoy podría marcar un precedente regional. Es la primera vez que la CorteIDH aborda un caso sobre esterilizaciones forzadas en el Perú. Las organizaciones defensoras de derechos humanos esperan que la sentencia reconozca estos hechos como crímenes de lesa humanidad y violencia reproductiva, y que se ordenen medidas estructurales para prevenir su repetición.

Entre las medidas esperadas se incluyen: reparaciones integrales para las víctimas, inclusión de mujeres fallecidas en los registros, acceso a justicia, garantía de consentimiento libre e informado en políticas de salud reproductiva, y el desarrollo de estándares regionales en materia de autonomía reproductiva, justicia interseccional y no discriminación.

En ese sentido, el caso Celia Ramos vs. Perú ante la CorteIDH es más que una búsqueda de justicia individual. Es un reclamo colectivo de verdad y memoria frente a una política pública que mutiló la autonomía de miles de mujeres y cuyas consecuencias siguen impunes. La sentencia podría obligar al Estado a dejar de postergar sus responsabilidades y sentar las bases para un futuro en el que ninguna mujer sea esterilizada sin su consentimiento.