En el cruce de la avenida Carlos Villarán, en La Victoria, decenas de vecinos observaban con desconcierto cómo una grúa municipal se llevaba, uno por uno, los vehículos estacionados frente a sus casas o negocios. No se trataba de una intervención por desorden ni de una operación contra el comercio ambulatorio. Según los vecinos, los autos estaban correctamente estacionados, muchos con ticket de parqueo, que desaparecían sin previo aviso.
Las personas empezaron a salir de los edificios. Algunos creyeron que se trataba de una intervención por alguna emergencia, pero al ver que no existía ninguna restricción visible ni señal de prohibición, el desconcierto se convirtió en molestia. Los propietarios, al buscar su vehículo, solo encontraban un cartel pegado en el suelo o en alguna pared improvisada: “vehículo remolcado, diríjase al depósito municipal”.
Los reclamos surgieron de inmediato. Quienes se acercaron al depósito recibieron cifras distintas a las notificadas inicialmente. Las boletas de infracción hablaban de S/ 700, pero al momento de solicitar la devolución del auto, la cifra exigida alcanzaba S/ 1,400, según testimonios recogidos por los propios vecinos y conductores.
“Esto es un abuso total. No solo se llevan tu carro sin razón, sino que cuando vas a reclamar te cambian el monto de la multa y te amenazan con no devolver el vehículo si no pagas lo que piden”, señaló uno de los afectados, cuya identidad se reserva por razones de seguridad.
Vecinos acusan esquema de extorsión
La señora Magali Llerena no pudo contener las lágrimas al relatar su experiencia. Se encontraba en el lugar por una emergencia familiar. Había ido a recoger a su tía para trasladarla a un hospital donde su hermano se encontraba grave con diagnóstico de pancreatitis aguda. Al regresar, el vehículo ya no estaba.
“Estoy desesperada, no tengo tiempo para hacer trámites. Mi hermano está grave en el hospital y yo solo vine a recoger a mi tía. No entiendo por qué se llevan mi carro si estaba bien estacionado. Ahora me piden más de mil soles y nadie me da una explicación”, relató con la voz entrecortada.
Los vecinos denunciaron que esta práctica se ha vuelto frecuente durante las últimas semanas. Aseguran que los operativos no responden a criterios técnicos o legales, sino que estarían impulsados por una estrategia recaudatoria agresiva. Varios testigos afirman que las grúas llegan sin previo aviso, remolcan autos en zonas permitidas y luego imponen multas que duplican su valor en el proceso de recuperación.
Un antecedente en el uso de cámaras ocultas
Este episodio se suma a una serie de denuncias previas contra la Municipalidad de La Victoria por prácticas que los ciudadanos consideran abusivas. El año pasado, varios conductores denunciaron la colocación de cámaras de velocidad en vehículos particulares sin señalización clara, lo que derivó en múltiples multas por exceso de velocidad en zonas con señalización confusa o inexistente.
En una grabación difundida por el noticiero 24 Horas, un taxista mostró cómo un grupo de inspectores se ubicaba en un auto sin distintivos oficiales para captar imágenes de autos que circulaban entre el jirón Abtao y la avenida Isabel La Católica, justo frente al estadio Alejandro Villanueva. La multa por esta infracción, conocida como M-20, asciende a S/ 856.
“Están escondidos en un carro sin logotipos, sacando fotos por la ventana como si fueran paparazzi. No hay señal de 30 kilómetros por hora visible, pero igual te multan”, denunció uno de los conductores grabados en el informe.
En la misma zona, existen dos centros educativos, lo que justificaría una reducción de velocidad. Sin embargo, la señal que impone ese límite se encontraba mal ubicada, lo que generaba confusión entre los choferes que no advertían la restricción hasta que ya era demasiado tarde.
No se trató de un caso aislado. En la avenida Canadá, otro video mostró a un fiscalizador dentro de un vehículo particular captando imágenes con una cámara de velocidad. Según los denunciantes, este tipo de procedimientos no contaban con la autorización necesaria ni respetaban los protocolos establecidos por la autoridad provincial.
La acumulación de estos hechos motivó la reacción de los medios y obligó a la municipalidad a pronunciarse. En su comunicado, la gestión edil aseguró que las papeletas aplicadas en zonas no autorizadas serían anuladas. Además, prometieron que “en adelante, la fiscalización electrónica se realizará de forma transparente”.
Llamado a la intervención de entidades fiscalizadoras
Los vecinos exigen la intervención inmediata de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República para verificar la legalidad de las operaciones de remolque en La Victoria. Aseguran que las prácticas denunciadas responden a un patrón sistemático con fines recaudatorios y no a una política de ordenamiento vehicular.
“No se puede permitir que una autoridad use su poder para generar ingresos a costa del atropello a los derechos de los ciudadanos”, señaló un dirigente vecinal, quien asegura que ya han presentado documentación con pruebas ante instancias superiores.
Mientras tanto, decenas de vehículos siguen retenidos en depósitos municipales, con propietarios que reclaman su devolución, explicaciones claras y un procedimiento justo. La tensión en las calles continúa, mientras la gestión municipal guarda silencio frente a las cámaras y micrófonos que buscan respuestas.
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