JNE obliga a víctimas a asumir costos para probar que partidos políticos usaron sus firmas sin permiso

A los casos de afiliación indebida de ciudadanos por parte de partidos políticos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se le suma una nueva situación: el calvario del trámite de desafiliación que deben hacer cada uno de los ciudadanos afectados, quienes ahora tendrán que correr con los gastos que sean necesarios para probar que la firma presentada ante el organismo electoral no es la suya.

Es el caso de la ciudadana Kharla Márquez (33), natural de Yungay, pero que vive en Chorrillos, quien se verá obligada a pagar más de S/ 500 soles de su bolsillo en menos de 10 días para demostrar que es una víctima de una afiliación indebida.

Desde abril de este año, ella exige ante el JNE que su afiliación al partido Alianza Para el Progreso sea cancelada, pues asegura que nunca se inscribió a la organización liderada por el gobernador de La Libertad y ex candidato presidencial, César Acuña.

Pese a que hace apenas unos días el JNE y Reniec eliminaron el pago de S/ 46.20 que debían hacer los ciudadanos afectados como parte del trámite de desafiliación a partidos políticos, el trámite sigue generando gastos indeseados, pues ahora son las víctimas de presunta suplantación quienes deben obtener las pruebas de que fueron inscritos sin su consentimiento.

Según Márquez, en respuesta a su pedido de desafiliación, el JNE pidió que presente pruebas que acrediten que su afiliación fue indebida. Según ella, entre la documentación exigida por el Jurado y que debe ser entregada en un plazo de 10 días se lista: un estudio grafotécnico realizado por un especialista, y un documento llamado “Anexo 10: Declaración Jurada de afiliación indebida”, que además deberá llevar la firma de un notario.

Infobae Perú se conversó en exclusiva con Márquez, quien afirmó que luego de comprobar que fue afiliada indebidamente al partido Alianza Para el Progreso, inició el proceso de desafiliación.

Joanna Malásquez, amiga de Márquez, indicó a Infobae Perú que aunque la respuesta del JNE pedía la entrega de documentos probatorios, el oficio de respuesta a su solicitud afirma que el Jurado no tiene previsto en su reglamento un plazo específico para su entrega, por lo que se acoge a una norma administrativa para calcular un periodo de 10 días hábiles para que las víctimas de afiliación indebida entreguen pruebas.

Las dos mujeres indican que luego de haber contactado al JNE para pedir aclaraciones, es el propio Jurado, por medio de la funcionaria Patricia Buzonich Menéses, quien les devuelve la llamada y les informa que, en el caso de Kharla Márquez, Alianza Por el Progreso respondió al JNE para evitar la desafiliación. Es en ese momento en el que se indica que es la presunta víctima de suplantación la que debe presentar las pruebas que permitan afirmar que su identidad fue usada sin consentimiento.

Malásquez aseguró que, si bien dentro de la información que ofrece el JNE a los ciudadanos que quieran desafiliarse, se menciona la presentación del llamado “Anexo 10″; el Jurado no indica que en caso de que los partidos respondan, este documento deberá ser presentado firmado y legalizado (algo que tiene costo) y que el cargo económico deberá ser cubierto por la víctima.

Es en este punto que se presenta la gran contradicción en el plazo que otorga el JNE a los ciudadanos que tengan una situación similar a la de Kharla, pues el plazo máximo que una entidad pública responda un pedido de acceso a la información es de 10 días hábiles, los mismos que el JNE le ha dado a la víctima para presentar las pruebas.

Malásquez notó esto y consultó qué hacer en el caso de que el JNE se tome esos 10 días hábiles en responder al pedido de acceso a la información. “Pueden pedir una ampliación”, fue la respuesta que le dio la representante del Jurado Nacional de Elecciones.

Aunque los precios de los documentos que Kharla debe presentar en menos de 10 días hábiles varían según el profesional al que se acuda, en su caso estos suman un coste total superior a S/ 500 soles porque logró encontrar a un perito grafotécnito que puso un precio “en oferta”. El precio real por sus servicios es de S/ 800.

La carrera contra el tiempo de Kharla no es la única. Infobae Perú tomó conocimiento de un segundo caso, también difundido en redes sociales. Pero hasta el momento la identidad del denunciante es desconocida y tampoco se indica cuál es el partido del que se quiere desafiliar la presunta víctima de afiliación indebida. No se sabe si existen más situaciones similares vinculadas a Alianza Para el Progreso u otros partidos.

Infobae Perú intentó comunicarse con un vocero del JNE para tener detalles sobre el proceso de desafiliación y por qué se le exige a las presuntas víctimas que demuestren que lo son en lugar de trasladar este pedido a los partidos políticos, pero hasta el cierre de esta nota