Uno de los principales objetivos del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas al 2030 es incrementar la efectividad de las investigaciones para determinar el paradero de las más de 20 mil víctimas de desaparición forzada que dejó el periodo de violencia política que vivió el Perú en las décadas de 1980 al 2000.
En el 2016, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski aprobó el reglamento del plan, a través de la ley N.° 30470, Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La entonces ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, pidió perdón a nombre del Estado peruano a los familiares de los desaparecidos.
“Claro que hay que pedir perdón, perdón por el olvido, la indiferencia y el abandono. Hay que hacerlo hasta que eso sea historia”, añadió la ministra de Justicia, señaló.
Han pasado casi 10 años de esas palabras. El Perú atravesó momento de turbulencia política y vinieron diferentes gobiernos. Pero es en la gestión de Dina Boluarte, la presidenta denunciada por violaciones a los derechos humanos, que la Dirección de Búsqueda de Desaparecidos emitió una nueva directiva que podría frenar las investigaciones sobre paraderos de las víctimas de desaparición forzada.
¿Qué dice la nueva directiva de la Dirección de Búsqueda de Desaparecidos?
¿Qué pasó? La Dirección de Búsqueda de Desaparecidos, entidad que responde al Ministerio de Justicia y que actualmente está dirigida por el exprocurador, Javier Pacheco, aprobó un documento que establece nuevos plazos para concluir una investigación.
Es decir, da hasta 18 meses para cerrar la búsqueda de desaparecidos del conflicto armado interno. Una medida que contradice la ley vigente y revictimiza a quienes llevan décadas buscando verdad y justicia.
La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y excongresista Tania Pariona explicó los impactos negativos que tendría la nueva política de la Dirección de Búsqueda de Desaparecidos en los casos de desaparición.
Según señaló en entrevista con Epicentro, la disposición establece plazos máximos para culminar los procesos de búsqueda, lo cual contradice el enfoque humanitario que debe guiar este tipo de acciones.
La nueva política propone cerrar los casos en un plazo de hasta 18 meses, aunque no se haya encontrado ningún indicio de los restos de las personas desaparecidas.
Pariona recordó que desde 2016 existe en el Perú una ley específica que obliga al Estado a mantener las acciones de búsqueda de forma indefinida, hasta encontrar a la persona o sus restos. “La búsqueda es una obligación permanente del Estado. No puede estar sujeta a plazos ni procedimientos administrativos cerrados”, indicó.
La exparlamentaria también denunció que esta directiva fue objetada por Naciones Unidas incluso antes de su aprobación, precisamente porque no respeta el principio de reparación integral a las familias de las víctimas. “Les están diciendo a los familiares que su reparación será solo un documento que indique que no hay hallazgos. Eso es inaceptable”, agregó.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ya se había pronunciado sobre la necesidad de que estos procesos tengan un enfoque reparador, sin límites de tiempo, dado que muchos casos en el país han demorado hasta 30 o 40 años en arrojar resultados.
Casos emblemáticos
La noche del 23 de junio de 1986, efectivos militares irrumpieron en la vivienda de Teófilo Rímac Capcha y lo detuvieron. Fue trasladado a la base militar de Carmen Chico, en Huánuco. Desde entonces, su familia no volvió a saber nada de él.
Desde aquel día, su esposa, Doris Caqui, emprendió una larga lucha por justicia y verdad. Décadas después, sigue exigiendo al Estado que le diga qué ocurrió realmente con su esposo y dónde están sus restos. Sin embargo, con la reciente directiva del Ministerio de Justicia que impone plazos para cerrar las búsquedas, su esperanza —y la de miles de familias— corre el riesgo de extinguirse.
Como Doris, muchas otras personas enfrentan la indiferencia de las instituciones. Es el caso de Cromwell Castillo, quien desde octubre de 1991 busca a su hijo, Ernesto Castillo Páez, un estudiante universitario desaparecido durante el régimen de Alberto Fujimori. Aunque existe una sentencia judicial que responsabiliza a miembros de las Fuerzas Armadas por su desaparición, hasta hoy nadie ha revelado el paradero de sus restos.
Ambas historias son reflejo de una deuda pendiente del Estado peruano con los familiares de víctimas de desapariciones forzadas.
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