Eduardo Salhuana asegura que inmunidad parlamentaria “no es impunidad” y ataca a la prensa: “Buscan escándalo”

El presidente del Congreso, el apepista Eduardo Salhuana, salió a defender el dictamen aprobado por la Comisión de Constitución para restablecer la inmunidad parlamentaria. Incluso, atacó a la prensa por supuestamente no informar debidamente dicha noticia.

“La inmunidad no es impunidad. Realmente me preocupa los titulares de algunos medios de comunicación el día de hoy que no aclaran y desinforman, que no buscan la verdad, sino escándalo. Realmente lamento y deploro que en este tema no se esté informando de manera correcta”, declaró a los medios en el Congreso.

El titular del Parlamento aseguró que “la inmunidad parlamentaria es una atribución” que tienen todos los “Congresos del mundo” que es “una facultad que tienen todos los Parlamentos por su origen inglés”.

“De lo que se trata aquí es únicamente de que los congresistas para ser denunciados por cualquier tipo de delito, en 30 días lo que va a hacer el Congreso (a través de) su cámara diputados o senadores evaluará que no tiene connotación política. Si no lo tiene, levanta el fuero y el Poder Judicial los va a procesar. Eso es lo que va a ver”, apuntó.

Finalmente, Eduardo Salhuana aclaró que la inmunidad parlamentaria no alcanzará a los delitos que los congresistas podrían haber cometido antes de resultar elegido.

“Y si hay delito flagrante inmediatamente los pone a disposición de la cámara y esta lo pone a disposición de la Corte Suprema. No hay impunidad. Simplemente una protección para evitar denuncias de naturaleza o índole políticos”, alegó.

La Comisión de Constitución del Congreso ha dado un paso significativo al aprobar un dictamen que busca restablecer la inmunidad parlamentaria, un tema que ha generado controversia desde su eliminación en 2021. Esta medida permitiría que los congresistas no sean procesados ni detenidos por delitos comunes durante su mandato de cinco años y hasta un mes después de dejar el cargo.

La propuesta, que ahora está lista para ser debatida en el Pleno del Congreso, requiere dos votaciones consecutivas con más de 87 votos para evitar un referéndum ratificatorio. El debate sobre la inmunidad parlamentaria podría comenzar en la próxima legislatura, ya que el proyecto está diseñado para aplicarse a los senadores y diputados elegidos en las Elecciones Generales de 2026.

El Congreso actual tiene tres legislaturas restantes: la actual que concluye en junio, la que comienza en julio y la última que inicia en marzo de 2026.

En caso de no alcanzar los 87 votos necesarios, la reforma podría aprobarse con una mayoría de más de 66 votos, pero esto requeriría un referéndum, lo que podría complicar el proceso debido a las dificultades logísticas de organizar una consulta popular.

La percepción pública sobre la inmunidad parlamentaria es crítica, ya que muchos la ven como un mecanismo que garantiza impunidad a los congresistas. Un informe de Proética reveló que entre 2006 y 2019, el Poder Judicial solicitó el levantamiento de la inmunidad en 40 ocasiones, pero solo se concedió en seis casos.

Actualmente, los congresistas que cometen delitos comunes son investigados y procesados sin necesidad de autorización del Congreso, como fue el caso del excongresista Freddy Díaz, sentenciado por violación.El dictamen propone modificar el artículo 93 de la Constitución para que la inmunidad se aplique desde la elección de los legisladores hasta un mes después de cesar en sus funciones.

Si el Poder Judicial solicita levantar el fuero, el Congreso tendría 30 días para decidir. Si no se toma una decisión en ese plazo, se aplicaría un “silencio administrativo positivo”, permitiendo que la Corte Suprema determine si procede el procesamiento penal y el desafuero. Además, se establece una excepción para los delitos flagrantes, donde los senadores o diputados serían puestos a disposición de su cámara o de la Comisión Permanente, que tendría 24 horas para decidir sobre la privación de libertad y el enjuiciamiento.

La propuesta también aclara, a instancias de los congresistas Alejandro Muñante y Martha Moyano, que la inmunidad no se aplicaría a delitos cometidos antes de que el legislador fuera elegido.

La Comisión de Constitución argumenta que el objetivo principal es proteger el funcionamiento normal y eficaz del Congreso, asegurando que los parlamentarios puedan desempeñar sus funciones sin interferencias judiciales externas.

Sin embargo, la medida ha sido objeto de críticas, incluso dentro de la propia Comisión, que reconoce que podría fomentar una percepción de impunidad y afectar negativamente la imagen de los partidos políticos, además de generar una sensación de desigualdad ante la ley entre la población. La discusión sobre la inmunidad parlamentaria en Perú sigue siendo un tema candente, con implicaciones significativas para el sistema político y la percepción pública de la justicia y la equidad.