Defensoría pide al TC suspender ejecución de imputabilidad de menores y declararla inconstitucional

La Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) por la ley n.° 32330, que establece la imputabilidad penal de adolescentes de 16 y 17 años. Asimismo, interpuso una medida cautelar excepcional con el objetivo de suspender los efectos a fin de prevenir una “afectación inminente e irreparable” a los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes en el país, mientras se resuelve el proceso contra dicha norma.

De acuerdo con la entidad liderada por Josué Gutiérrez, la ley promulgada el pasado 11 de mayo, que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, incorporando a los adolescentes mayores de 16 años como sujetos imputables en casos de delitos graves como sicariato, extorsión, homicidio calificado y violación sexual, contraviene tratados internacionales ratificados por el Estado peruano, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Además, señala que la norma vulnera la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, que otorga primacía a los convenios sobre derechos humanos en el ordenamiento jurídico nacional. Según la Defensoría, esta incompatibilidad con el marco normativo constitucional requiere ser corregida mediante el control constitucional.

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas también expresó su rechazo a la reciente norma, señalando que esta contraviene los estándares internacionales de protección a la infancia. Recordó el organismo, el Perú es signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño desde 1990, lo que implica un compromiso con medidas que prioricen el bienestar y desarrollo de los menores de edad.

El comité, a través de un comunicado de sus expertos, subrayó la importancia de implementar medidas alternativas al sistema judicial tradicional, reservando las penas de prisión como último recurso. En este sentido, el organismo recomendó fortalecer el Sistema de Justicia Juvenil en el país, asignando mayores recursos y promoviendo la creación de tribunales especializados para abordar los casos de adolescentes involucrados en actividades delictivas. Estas acciones, según el comité, son esenciales para garantizar un enfoque más rehabilitador y menos punitivo.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, aceptó que la norma es “controvertida”, pero argumentó que “la mayoría de sicarios son menores”. Según el legislador, en las últimas semanas, en la región de La Libertad, varios ataques con granadas y asesinatos atribuidos a sicarios han sido perpetrados por adolescentes de entre 16 y 17 años.

“La mayoría de las personas que utilizan un arma, en motocicleta, para victimar a un ciudadano indefenso son menores de edad. En las últimas semanas, en La Libertad, los que han arrojado granadas a las oficinas del Ministerio Público y a la casa de una jueza han sido menores de 18 y mayores de 16 años”, afirmó Salhuana.

Sobre las críticas, el integrante de Alianza para el Progreso (APP) insistió en que la norma busca responder a una problemática creciente de violencia juvenil. No obstante, aclaró que esperará la decisión del máximo intérprete de la carta magna. “En el Estado de derecho que tenemos es el Tribunal Constitucional el máximo intérprete de la Constitución Política del país. Si ella dice que es inconstitucional (una ley) se dejará sin efecto. Mientras, los jueces y fiscales deben aplicar esta norma en toda la República”, declaró.