Acreedores de Teléfonica del Perú decidirán reestructuración o liquidación de la empresa: ¿Qué sucederá con sus clientes?

En un giro significativo para Telefónica del Perú, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) aprobó el inicio de un procedimiento concursal ordinario, transfiriendo el poder de decisión sobre el futuro de la compañía de los accionistas a sus acreedores.

Esta nueva etapa del proceso fue anunciada a través del Boletín Concursal del Indecopi, según informó Richard Almerco, Director Legal de Almerco Abogados. Con este paso, se abre la posibilidad para que los acreedores se registren y participen en la junta que determinará si la empresa atraviesa una reestructuración o su liquidación.

“Esto marca el inicio del proceso concursal de la compañía, lo que implica, entre otras medidas, la apertura de un plazo de treinta días hábiles para que sus acreedores se apersonen voluntariamente, sean calificados por la autoridad concursal y puedan participar en la junta de acreedores. En dicha instancia, se tomará la decisión sobre la reestructuración o, en su defecto, la disolución y liquidación de la empresa”, explicó.

En conversación con RPP, Álvaro Castro, especialista en temas de regulación financiera, advirtió que uno de los principales puntos de preocupación en este proceso concursal es el impacto que podría tener en los usuarios de Telefónica, el cual dependerá directamente de la decisión que tomen los acreedores sobre el futuro de la empresa.

En el caso de que los acreedores opten por una reestructuración, el impacto sobre los servicios sería mínimo. “Mientras los acreedores no acuerden la liquidación de la compañía —y esta no se concrete— Telefónica debería continuar operando con normalidad, por lo que, en teoría, los usuarios seguirían recibiendo sus servicios sin interrupciones (...) no se anticipan cambios significativos para los usuarios", comentó.

Por otro lado, si se opta por la liquidacación de la compañía, esto si podría afectar el servicio de los usuarios. “Si deciden que lo mejor es ya liquidarla, venderla y cerrarla, claramente eso va a implicar en algún punto la suspensión de los servicios”, agregó.

Respecto a los acreedores, Richard Almerco indicó que con el inicio del procedimiento concursal ordinario, se activan una serie de efectos legales que implican la conformación de una masa concursal, es decir, la unificación de todos los activos y pasivos de Telefónica del Perú en un solo conjunto patrimonial. Esto ocurre ante la situación de insolvencia de la empresa y bajo la supervisión del Indecopi, que actúa como autoridad concursal responsable de administrar el proceso.

En este contexto, los acreedores —incluidos aquellos que cuestionan la reciente venta de acciones de Telefónica— tienen un plazo de 30 días hábiles para acreditarse y formar parte de la Junta de Acreedores. Esta junta es la instancia encargada de tomar decisiones clave sobre el futuro de la empresa, ya sea su reestructuración o liquidación. Es importante destacar que su participación en el proceso es válida incluso si existe una controversia judicial en paralelo.

Integra Tec, actual propietaria de Telefónica, continúa con la administración de la compañía. Sin embargo, según Almerco sus acciones están limitadas por las normas del sistema concursal peruano, que prohíben la disposición de activos que afecten directamente el patrimonio destinado al pago de obligaciones concursales.

Es decir que, hasta que se instale la Junta de Acreedores, la administración actual de Telefónica no puede otorgar preferencias de pago a ningún acreedor comprendido en el concurso, ni disponer de activos que formen parte del patrimonio destinado a responder por las obligaciones concursales. Su deber es proteger ese patrimonio. “Al mismo tiempo, debe continuar operando como un comerciante diligente y prepararse para presentar una propuesta que permita el pago total del pasivo concursal”, finalizó Almerco.