El pan de los programas sociales se prepará con quinua y granos andinos: panaderías comerciales quedaron al margen, ¿Por qué?

El gobierno ha promulgado una nueva ley que busca integrar granos andinos como la quinua, la kiwicha, la cañihua y el tarwi en la producción de pan destinado a programas sociales, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria y apoyar a los pequeños agricultores.

Según lo informado, esta normativa establece que la harina de estos granos, reconocidos por su alto valor nutricional, será mezclada con harina de trigo en las adquisiciones realizadas por el Estado.

La implementación será gradual y se completará en un plazo de cinco años, de acuerdo con las disposiciones técnicas que elaborará el Ministerio de la Producción en coordinación con otras entidades gubernamentales.

De acuerdo con el texto de la ley, su propósito principal es promover la articulación entre la industria farinácea y los productores de granos andinos, especialmente aquellos vinculados a la agricultura familiar. Esto busca no solo incrementar la producción y el consumo de estos granos, sino también mejorar los ingresos de más de 120.000 familias que los cultivan en regiones como Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco, La Libertad y Junín.

Durante la presentación de la ley, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, destacó que esta medida incrementará la demanda de productos provenientes de pequeños agricultores, lo que será fundamental para las zonas del sur del país, donde se concentra la mayor parte de la producción de estos cultivos.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte subrayó que esta iniciativa no solo reconoce el esfuerzo de las familias agricultoras, sino que también asegura una mejor alimentación para la población. En sus palabras, “hoy estamos sembrando esperanza”, aludiendo al impacto positivo que tendrá esta ley en la economía rural y en la salud de los peruanos. Además, enfatizó la importancia de trabajar en conjunto con el Congreso, dejando de lado las diferencias políticas, para lograr avances significativos en beneficio del país.

El artículo 3 de la ley establece que la harina de quinua y otros granos andinos se incorporará en la mezcla con harina de trigo, preferentemente de producción nacional, en todas las adquisiciones realizadas por el Estado. Sin embargo, esta disposición se limita exclusivamente a los programas sociales, como Qali Warma y Wasi Mikuna, y no afecta a las panaderías comerciales. Este cambio en la propuesta original, que inicialmente contemplaba la obligatoriedad para todos los panes del país, fue bien recibido por algunos sectores, como la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN).

En declaraciones a Infobae Perú, el presidente de ASPAN, Pío Pantoja, expresó su apoyo a la versión final de la ley, aunque advirtió que la medida no será suficiente si no se complementa con iniciativas adicionales. Pantoja propuso la creación de un “bono PAN”, similar al subsidio del gas GLP, que permitiría a las familias de bajos recursos canjear un bono exclusivamente por pan elaborado con quinua y otros granos andinos.

Según explicó, este mecanismo garantizaría que los recursos lleguen directamente a los beneficiarios y evitaría problemas de corrupción asociados a los programas sociales actuales. Además, señaló que el costo de producción del pan con harina de granos andinos podría ser más elevado, lo que dificultaría su comercialización sin un apoyo adicional.

Vale mencionar que la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX Perú) ya había advertido previamente que la aplicación de esta medida a toda la industria panadera podría encarecer los productos de la canasta básica familiar y afectar la competitividad de las exportaciones. En un comunicado, COMEX señaló que los sobrecostos derivados de la mezcla de harinas podrían impactar negativamente en los consumidores y en el sector exportador. Estas preocupaciones llevaron a que la norma se limitara únicamente a los programas sociales, como quedó estipulado en el texto final aprobado por el Congreso.

La normativa establece que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en coordinación con el Ministerio de Salud, será responsable de priorizar los granos que se incorporarán en la mezcla, basándose en su valor nutricional. Para tal efecto, la implementación de la ley estará a cargo del Instituto Nacional de Calidad (INACAL), que emitirá las normas técnicas necesarias para regular la mezcla de harinas.

Asimismo, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA) será responsable de garantizar la inocuidad de los granos andinos producidos en el país. El reglamento de la ley deberá ser aprobado por el Poder Ejecutivo en un plazo máximo de 60 días desde su entrada en vigor.