Fiscalía denuncia a Morgan Quero y Ángela Hernández ante el Congreso por justificar violencia sexual contra niñas Awajún y Wampis

La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el ministro de Educación, Morgan Quero, y la exministra de la Mujer Ángela Hernández. Esta acusación se centra en el presunto delito de discriminación por declaraciones que promueven la exclusión y desvalorización de los menores de las comunidades nativas Awajun y Wampis en la provincia de Condorcanqui, ubicada en el departamento de Amazonas, informó el Ministerio Público.

La denuncia, formulada a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, se remonta a las expresiones que normalizan la violencia sexual contra niñas de las comunidades indígenas, las cuales les valieron el impulso y presentación de una moción de censura en su contra.

Ello, en un contexto donde diversos medios nacionales informaron sobre la grave situación de abusos en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, donde al menos 524 casos de violencia sexual cometidos por docentes contra escolares fueron registrados, afectando principalmente a niños y niñas indígenas de las comunidades mencionadas, quienes además reportaron casos de contagio por VIH.

El todavía ministro de Educación generó una fuerte reacción de rechazo en diversos sectores de la sociedad peruana al sugerir que las agresiones sexuales contra niñas de la comunidad awajún podrían ser consideradas una “práctica cultural” en las regiones amazónicas. Estas palabras, emitidas a través del canal estatal TV Perú, fueron ampliamente condenadas por activistas, académicos y legisladores, quienes exigen su renuncia.

“Si es una práctica cultural [que] lamentablemente sucede para ejercer una forma de construcción familiar, vamos a ser prudentes, pero también exigiremos una respuesta a la población. Si estas niñas han sido violadas, no nos va a temblar la mano”, expresó.

Por su parte, la exintegrante del gabinete ministerial, encargada de salvaguardar la seguridad e integridad de las mujeres y poblaciones vulnerables, no solo reafirmó lo expresado por Quero al decir que, en efecto, “se tratan de prácticas culturales que debemos desterrar”, sino que responsabilizó a las niñas y adolescentes del abuso.

Ante la ola de comentarios, la exfuncionaria evitó pedir disculpas y trató de justificar sus declaraciones al mencionar que no se publicó la entrevista completa. Hernández manifestó que se refirió al cómo avanzó y se “toleró” la violencia desde hace 40 años, pero no se escucharon sus declaraciones.

“Si escuchamos un poco más de mis declaraciones podemos mostrar que yo me refiero que hace 40 años, en el país, no había una ley de violencia familiar, la violencia era totalmente tolerada, y no había una ley contra el acoso”, indicó en diálogo con RPP.

Asimismo, aseguró que no pidió disculpas, sino su lamento. "Lo que le dije al Apu es que lamentaba, que sentía pesar, porque mi intervención se publicó de manera no completa y que, si eso generó algún tipo de malentendido o malestar, lo lamentaba, pero que mi intención jamás ha sido la de plantear la tolerancia a ninguna situación de violencia contra las mujeres”, concluyó.

En el caso del ministro de Educación, aunque sí emitió disculpas públicas, no fue la única vez en la que brindó expresiones cuestionables que ameritaron una investigación en su contra. De hecho, el pasado 7 de mayo, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional por llamar “ratas” a muertos en protestas. Al igual que en el presente caso, el Ministerio Público consideró que la expresión de Quero “promueve y legitima la exclusión y desvalorización”.

Ahora, ambas denuncias serán derivada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, a fin de que su procedencia sea evaluada. Luego, en caso sea admitida, la Comisión Permanente otorgará un plazo de hasta 15 días para que se elabore un informe final.