En los márgenes del país, a cientos de kilómetros de Lima, la agenda política se siente distante, lejana, casi ajena. Pero el 15 de mayo de este año, esa distancia se acortó abruptamente para 144 alcaldes distritales, quienes debieron movilizarse hasta la capital bajo una consigna que, para muchos de ellos, sonó más a exigencia que a invitación. A cambio de fondos vitales para sus comunidades, se les citó para firmar convenios en una ceremonia organizada por el Ejecutivo. Lo que en otros años se resolvía en oficinas regionales, esta vez requería presencia física en Palacio de Gobierno.
El traslado no fue sencillo. Hubo alcaldes que recorrieron más de 1.000 kilómetros por carretera, algunos a bordo de camiones de carga. No existió alternativa: debían acudir en persona. “Imagínese, estoy a dos días. Solo para firmar”, contó uno de los burgomaestres al programa Punto Final. Otro agregó: “Nos va a generar más de S/3.500 ida y vuelta, [más] la estadía. Es un promedio de S/5 mil solamente para ir a firmar”.
Desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) se sostuvo que no existió obligación, solo una invitación formal. Sin embargo, el documento enviado dejaba entrever otra cosa. “Se solicita su participación con el fin de dar inicio al proceso de transferencia financiera a favor de su comuna”, decía el oficio.
Mientras los alcaldes esperaban bajo el sol limeño, en la cuadra del Jirón de la Unión, el fondo real del evento empezaba a evidenciarse.
La ruta hacia Palacio
Cada año, los alcaldes distritales acuden a las oficinas zonales del programa Llamkasun Perú (anteriormente Trabaja Perú) para firmar convenios que les permitan ejecutar obras locales y generar empleo temporal. Las oficinas están distribuidas en 22 regiones y el trámite siempre fue descentralizado. En 2025, la dinámica se alteró.
El lunes 12 de mayo, a las 6 de la tarde, los 144 alcaldes recibieron un oficio del MTPE: debían acudir a Lima tres días después. El documento, con membrete oficial, los convocaba inicialmente a la sede del ministerio en la avenida Salaverry. Sin embargo, un día después, se les envió una nueva versión: el evento ya no sería en el ministerio, sino en Palacio de Gobierno. La razón, según el documento, era “visibilizar las acciones del gobierno central”.
Algunos alcaldes, consultados por el dominical, expresaron su sorpresa por la modificación. “Yo vivo en un distrito lejos. No voy a llegar a Lima en bus, llego a las 38 horas de viaje”, dijo uno. Otro comentó: “Nos han dicho para viajar. El problema es que estamos con las carreteras interrumpidas y de repente no podemos llegar a tiempo”.
Firmas simbólicas, fondos reales
Durante el evento, los alcaldes firmaron los convenios en presencia de la presidenta Dina Boluarte. Muchos de ellos venían de distritos rurales, varios en situación de pobreza o pobreza extrema.
No obstante, el acto tuvo una naturaleza más simbólica que administrativa. Según reveló un jefe de oficina zonal del programa, los convenios ya habían sido firmados con antelación por las entidades regionales y enviados escaneados a Lima. “Los convenios se han ido con las firmas escaneadas de los jefes territoriales para algo simbólico, algo protocolar. Sin embargo, ellos, al regresar a sus regiones, tienen que pasar por nosotros para poder tener los convenios firmados de manera original”, explicó.
Eso no impidió que se realizara el acto con despliegue ceremonial. Las imágenes mostraron a los alcaldes estrechando manos con la mandataria, algunos con rostros agotados tras horas de viaje. Otros apenas lograban mantenerse despiertos.
¿Condicionamiento político?
Jessica Tumi Rivas, jefa del programa Llamkasun Perú desde septiembre de 2023, fue quien encabezó la organización del evento. Afiliada al partido Alianza para el Progreso, y excoordinadora del mismo durante la campaña de 2021, se limitó a declarar: “Nosotros lo que hemos hecho es cursar la invitación, no se ha obligado a ninguna autoridad”.
Pero para la abogada Cecilia Ruiz, especialista en contratación pública, las palabras del documento oficial dan lugar a otra lectura. “Es irregular, es ilegal porque tal condición no está escrita en la letra de la ley. La ley por supuesto no dice que tienen que venir a la ceremonia para darles el dinero”, comentó a “Punto Final”.
Para los alcaldes, la jornada representó más que una firma: fue un desgaste físico y económico. “Presión tremenda. Es una falta de respeto al pueblo más necesitado de nuestro Perú”, dijo uno de los presentes. Las autoridades locales mostraron indignación ante la convocatoria centralista, que no solo generó gastos, sino que implicó dejar a sus comunidades por días.
El MTPE había emitido una resolución en enero de este año, delegando la firma de convenios a sus oficinas zonales. No era necesario ir a Lima. Pese a ello, la cita se concretó en Palacio de Gobierno. Según los documentos obtenidos por el dominical, el verdadero propósito del evento fue “visibilizar las acciones del gobierno central”.
En palabras de un alcalde entrevistado por el dominical: “Estoy preocupado, oiga. De repente no llegamos a tiempo con la documentación. Ahora por las lluvias nos demoramos hasta cinco, siete horas, a veces día entero. Hermano, estamos ahí esperando que limpien la carretera”.
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