Gabinete de Eduardo Arana: ¿quiénes son los once ministros bajo investigación fiscal y qué delitos se les atribuyen?

Pocas horas después de que la presidenta Dina Boluarte formalizara el cambio de tres ministros —incluyendo las carteras de Economía, Transportes e Interior— en un intento por sostener al entonces premier Gustavo Adrianzén, este presentó su renuncia al cargo. Su salida se produjo en medio de una fuerte presión política, tanto por su defensa inicial del secuestro de 13 mineros en Pataz —quienes luego fueron hallados sin vida, con signos de tortura— como por el rechazo sostenido desde el Congreso.

En ese escenario de crisis, Eduardo Arana asumió como nuevo presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, lejos de distender el ambiente, el nuevo gabinete también arrastra serias observaciones: once de sus ministros están siendo investigados por el Ministerio Público en un total de 26 casos fiscales por presuntos delitos que van desde corrupción y colusión hasta abuso de autoridad y tráfico de influencias. Este panorama agudiza las dudas sobre los estándares éticos dentro del Ejecutivo en un contexto de alta desconfianza ciudadana.

— Eduardo Arana: El presidente del Consejo de Ministros, afronta una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias agravado en el marco del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. La indagación responde a sus comunicaciones en 2018 con el exjuez Walter Ríos, acusado de integrar una presunta red criminal al interior del sistema judicial peruano.

— César Vásquez: En el caso del ministro de Salud, el Ministerio Público le atribuye cuatro investigaciones fiscales en curso. Los presuntos delitos incluyen negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, así como omisión o demora de actos funcionales, relacionados a su desempeño como funcionario en gestiones anteriores.

— Desilú León: La ministra de Comercio Exterior y Turismo es quien concentra la mayor cantidad de procesos fiscales: siete carpetas abiertas por presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad y negociación incompatible. Las investigaciones se remontan a periodos en los que ejerció funciones públicas previas a su actual nombramiento.

— Durich Whittembury: Otro caso que llama la atención es el del titular de Vivienda, quien tiene dos investigaciones fiscales activas. La primera por cohecho pasivo propio y la segunda por tráfico de influencias, ambas vinculadas a posibles irregularidades administrativas.

— Leslie Urteaga: En tanto, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social es investigada por colusión, discriminación y negociación incompatible, con tres procesos en total. De igual manera, el ministro de Justicia, Juan Alcántara, ha consignado en su declaración jurada una investigación por negociación incompatible, sin mayor detalle disponible.

— Carlos Malaver: Por su parte, el ministro del Interior registra una indagación en el Ministerio Público por el presunto delito de lesiones leves. Cabe recordar que en febrero de 2022, el ex alcalde provincial de Piura, Juan Díaz Dios, solicitó la destitución del entonces general Carlos Malaver Odias como jefe policial en Piura y Tumbes por su desempeño insatisfactorio en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad en la región.

— Walter Astudillo: El titular de Defensa, , enfrenta una investigación por peculado, pero además figura en registros fiscales con otro proceso por daño simple y lesiones graves.

— Raúl Pérez Reyes: En la cartera de Economía y Finanzas, el actual ministro tiene abierta una investigación por el presunto delito de abuso de autoridad.

— Morgan Quero: El ministro de Educación ha declarado tener tres investigaciones fiscales, dos de ellas por discriminación y una por extorsión. Esta última habría sido iniciada a partir de una denuncia del expremier Alberto Otárola por el caso Yacyretá Pinedo. Sin embargo, en el Registro de Denuncias Fiscales también aparece otra investigación contra Quero por cohecho pasivo propio.

— Daniel Maurate: El ministro de Trabajo ha reconocido tener una investigación vigente por el presunto delito contra la fe pública, vinculada a su desempeño en cargos públicos anteriores.

Estar bajo investigación fiscal significa que el Ministerio Público ha iniciado una indagación preliminar o formal contra una persona por indicios razonables de la comisión de un delito. No implica necesariamente una acusación formal ni una condena, pero sí la existencia de evidencia que amerita ser investigada.

En el caso de los ministros, la situación es aún más delicada debido al nivel jerárquico de sus cargos. De acuerdo con el artículo 117 de la Constitución, el presidente de la República solo puede ser acusado en funciones por delitos muy específicos, pero los ministros sí pueden ser investigados penalmente mientras ejercen sus funciones, y sus casos pueden escalar al Congreso o generar inestabilidad política si se agravan.