Autoridades refuerzan seguridad en buses: especialistas analizan efectividad de las nuevas medidas

Perú experimentó un alarmante aumento en los casos de extorsión en 2025, que culminaron en una serie de ataques y asesinatos de choferes en Lima y Callao. Esta ola de violencia provocó que los trabajadores del sector se movilizaran en protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, en el que exigen medidas urgentes para abordar la grave problemática.

En respuesta a esta crisis, el Gobierno ha implementado algunas medidas, como el estado de emergencia, aunque estas han sido objeto de críticas por su falta de efectividad en contener los ataques y garantizar la seguridad.

Hace poco, tras el ataque al bus del corredor rojo, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) señaló que acelerará el proceso de adquisición de cámaras de videvigilancia para frenar este vandalismo. Ante esto, el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, advierte esta medida que no representa una solución definitiva.

“Si los delincuentes saben que hay una cámara dentro del bus y quieren cometer el acto delictivo, lo primero que harán será romper la cámara y luego cometer la fechoría. Es difícil garantizar que la instalación contribuya decididamente a la seguridad”, señaló a Infobae Perú.

Quispe Candia señaló que en Lima circulan aproximadamente 24 mil unidades entre combis, cústers y buses del transporte convencional, además de 553 buses del Metropolitano y 875 de los corredores complementarios. “Es un número considerable de cámaras que el Estado debería proveer”, enfatizó.

Calificó la estrategia como limitada. “¿Van a colaborar como medida persuasiva? Sí, si hay dos o tres cámaras que filmen al delincuente podría ayudar. Pero no sabemos cuántas cámaras se colocarán en cada unidad. Es una medida paliativa, pero no una solución”.

De la misma forma, el exministro del Interior durante el mandato de Pedro Pablo Kuczynski, Carlos Basombrío, expresó su escepticismo ante la medida del Gobierno de instalar cámaras de videovigilancia en los vehículos de transporte público para combatir la delincuencia.

El analista político cuestionó la viabilidad y eficacia del plan, señalando que ya se había prometido anteriormente sin resultados concretos. “No lo sé, porque tendrían que tener una cámara para adentro y otra para afuera. El uso operativo de esas cámaras es muy complicado”, indicó a Infobae Perú.

Además, resaltó que muchas de las unidades afectadas por extorsiones pertenecen al transporte informal, lo que complica aún más su fiscalización y control. Basombrío también cuestionó el cumplimiento de las promesas gubernamentales. “Eso lo ofrecieron hace varios, varios meses y ya nadie recuerda porque no se hizo nada. Y ahora, de nuevo, la pregunta es: ¿cómo lo van a hacer? Porque hasta ahora no lo han puesto”, explicó.

El Ministerio del Interior, con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), lanzó el operativo “Transporte Público Seguro” para erradicar la extorsión en el transporte urbano. Los agentes se encuentran estratégicamente ubicados en los paraderos principales, desde donde suben a las unidades para acompañar y garantizar la seguridad de los pasajeros durante el trayecto y al momento de abordar o descender.

Aunque, el especialista Luis Quispe Candia advirtió que dicha medida no resolvería el problema de fondo. “Sería oneroso para el Estado, considerando el número de vehículos que circulan en Lima. Incluso si se limitara solo a los buses y no a combis o microbuses, seguiría siendo una medida costosa”, señaló.

El líder de Luz Ámbar insistió en que la solución requiere un enfoque estructural, con acciones coordinadas entre los tres poderes del Estado. “Lo que tiene que haber son medidas de fondo. El Congreso, el Poder Judicial y el Ejecutivo deben tomar decisiones más decididas para luchar contra la delincuencia. No se trata solo de perfeccionar leyes, sino de que la Policía, que es la encargada de garantizar la vida y la propiedad, esté mejor equipada”, explicó.

“No es cuestión de darles un arma más sofisticada. El verdadero problema está en el rol que cumple la Policía y las instituciones complementarias, como el serenazgo”, agregó.

Por su parte, el exministro Basombrío tuvo una respuesta similar al asegurar la falta de personal y recursos logísticos pondría trabas a la implementación completa de estas medidas.

“Hay que ver cuántos buses hay, pero creo que son varios miles. Además, los policías no pueden trabajar 24 horas. Muchos choferes alquilan el micro para turnos de 12 horas, por lo que se necesitaría duplicar la cantidad de agentes. Es una medida imposible, no hay de dónde sacar policías. No lo van a hacer”, sostuvo.

El exministro fue enfático al señalar que, incluso si se aplicara, pondría en mayor riesgo a los agentes. “Básicamente serían un blanco adicional para los delincuentes. Esta idea es similar a otras que ha dado el Gobierno, como implementar un toque de queda con mil policías. ¿De dónde van a sacar los vehículos? ¿Dónde van a dormir esos policías?”.

Hace un mes, el congresista José Cueto, de la bancada Honor y Democracia, recomendó a las empresas de transporte público instalar láminas antibalas en sus unidades como medida de protección, ante el creciente número de conductores asesinados por mafias extorsionadoras.

Ante esto, Quispe Candia precisó que “Los congresistas tienen unas ideas fabulosas… Es una pena que tengamos un Congreso de tan bajo nivel. Con el respeto que merece la investidura, hay proyectos de ley absolutamente disparatados. Uno no sabe si sentir vergüenza por quienes votaron por ellos o por tener representantes así”, expresó.

Quispe Candia indicó que los costos de implementar blindaje en unidades tan antiguas serían desproporcionados. “El señor no tiene ni idea de cuánto cuesta poner lunas blindadas o láminas de seguridad. Blindar un vehículo de transporte público cuesta más que el propio vehículo. Además, muchos de estos buses son obsoletos, con más de 35 años de antigüedad. Esa no es, de ninguna manera, la solución”.

Por su parte, Basombrío consideró que se trata de una idea técnicamente absurda y logísticamente inviable. “Me sorprende que venga de un congresista que ha sido marino y que debería saber el peso que implican estos materiales. Las placas gruesas que podrían impedir que una bala atraviese la carrocería harían que el vehículo se vuelva inestable o difícil de maniobrar”, comentó.

También recordó que el blindaje no se limita a las partes metálicas. “Además de las placas, tendrían que instalar vidrios antibalas, porque si una bala entra al carro, traspasarlo sería difícil, pero no imposible. Y aun así, ese no es el objetivo de los delincuentes: no buscan atacar vehículos como si fueran unidades militares”, explicó.

El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, exigió una respuesta firme del Estado frente a la ola de extorsiones y violencia que afecta al transporte urbano. Señaló que es responsabilidad de la PNP, y en especial de su unidad de inteligencia, dar con el paradero de los responsables y frenar el avance del crimen organizado.

“En este momento, parece que los delincuentes tienen más tecnología y logística que la propia Policía. Tienen las herramientas, pero no las usan. Es la Policía Nacional de Inteligencia la que tiene que trabajar, diseñar estrategias y liderar una lucha frontal contra la criminalidad”, reclamó.

Asimismo, denunció la infiltración de elementos corruptos en la propia institución policial. “Cuando una empresa o un transportista denuncia una extorsión, los primeros que se enteran son los criminales. ¿Cómo se enteran? Porque hay un filtro dentro de la Policía. Por eso hemos pedido que se implemente un código de seguridad para las denuncias”, advirtió.

El dirigente también propuso la creación de una unidad élite similar a la extinta Policía de Investigaciones del Perú (PIP). “Tiene que haber una reestructuración. No solo la Policía debe actuar, también la Fuerza Armada y la Marina tienen grupos de inteligencia que deben articularse”.

El presidente de Luz Ámbar recomendó que todas las empresas del sector —incluidas las del sistema tradicional, corredores complementarios y el Metropolitano— contraten el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para proteger la vida y salud de sus empleados.

“Una de las medidas que podría aplicarse de inmediato es asegurar a todos los trabajadores del transporte con el SCTR. Este seguro ya es obligatorio para muchos rubros como la construcción civil y está al alcance de cualquier empresa, incluso para oficinas. Tiene un costo razonable y protegería a conductores, cobradores y operadores”, explicó.

El representante recordó que tanto los corredores como el Metropolitano ya tienen a su personal en planilla y con seguros. Sin embargo, pidió que esta práctica se extienda a todo el transporte público. “Sea a través del Ministerio de Transportes o directamente desde la ATU, debería emitirse un documento que exija a las empresas contratar este seguro”.

El líder de Luz Ámbar subrayó la importancia de reforzar el servicio de inteligencia y mejorar la eficacia de la Policía Nacional. “Por eso es importante reforzar el servicio de inteligencia, reforzar la eficacia de la policía”, comentó, haciendo hincapié en que la Policía debe ser la institución principal para garantizar el cumplimiento de la ley en el país.

En ese contexto, Quispe Candia también destacó el rol fundamental que juega la PNP. “Es la institución columna vertebral del cumplimiento de la ley en cualquier país del mundo”, dijo, resaltando que en los países más desarrollados, la policía es un pilar clave. Sin embargo, lamentó que en el país “vemos que se está perdiendo” el respeto y el valor hacia esta institución.