Taxis por aplicativo en la mira: Congreso evalúa bloquear plataformas como DiDi, Uber, Cabify e InDrive por crímenes de sus conductores

Un proyecto de ley en Perú podría transformar radicalmente el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte como DiDi, Uber, Cabify e InDrive, al imponerles regulaciones similares a las de los servicios públicos de taxi.

Según un comunicado emitido por estas empresas, junto con cámaras de comercio y asociaciones civiles, la propuesta legislativa, actualmente en agenda del Pleno del Congreso, amenaza con desnaturalizar el modelo tecnológico y colaborativo que caracteriza a estas plataformas, afectando a más de 150.000 familias que dependen de ellas para generar ingresos y a millones de usuarios que las utilizan diariamente.

De acuerdo con el comunicado, el dictamen de la Comisión de Transportes y Comunicaciones sobre el Proyecto de Ley N.º 842 busca reclasificar a estas empresas como servicios públicos de taxi, lo que implicaría la exigencia de licencias específicas, cambios en el color de los vehículos y otros requisitos propios del transporte público tradicional.

Las plataformas argumentan que estas medidas no solo incrementarán los costos operativos, sino que también limitarán el acceso de conductores y usuarios, afectando la calidad del servicio y la movilidad urbana en general.

El proyecto, que fue presentado originalmente a finales de 2021, logró superar las barreras de las comisiones de Trabajo y Transportes del Congreso y fue aprobado por el Pleno en junio de 2024.

Sin embargo, fue observado por el Ejecutivo antes de su promulgación, lo que llevó a su retorno a la Comisión de Transportes. Actualmente, el texto sustitutorio, denominado “Ley que regula el servicio de intermediación digital para el transporte de personas”, se encuentra nuevamente en la agenda del Pleno, tras evitar su revisión por la Comisión de Economía del Parlamento.

Entre las disposiciones más destacadas del proyecto se encuentra la creación de un Registro Nacional de Empresas de Intermediación Digital para el Transporte de Personas y un Registro Nacional de Usuarios Afiliados a estas plataformas. Además, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sería el encargado de fiscalizar y sancionar a las empresas en relación con los requisitos para su autorización de operación.

Según el artículo 7 del proyecto, las plataformas digitales tendrían la obligación de garantizar la calidad del servicio, verificar los requisitos de afiliación de los conductores, administrar bases de datos de usuarios y remitir información actualizada al MTC de manera trimestral. También estarían obligadas a brindar acceso a estas bases de datos a la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial en caso de investigaciones.

El comunicado de las empresas señala que estas medidas no garantizan una mayor seguridad ni formalización del sector. Según un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), el 64% de los peruanos considera que las plataformas digitales son más seguras que los taxis tradicionales, gracias a herramientas como el monitoreo en tiempo real, los botones de emergencia y la posibilidad de compartir el trayecto. Las empresas argumentan que imponer requisitos similares a los de los taxis regulados no mejorará la seguridad, sino que podría desincentivar el uso de estas plataformas.

En cuanto a la formalización, las plataformas aseguran que ya operan bajo un marco legal vigente y emplean tecnologías avanzadas para garantizar la transparencia, como pagos bancarizados y filtros de seguridad para conductores. Según el comunicado, la imposición de trámites adicionales no solo dificultará el acceso al modelo de negocio, sino que también afectará la disponibilidad del servicio y la experiencia de los pasajeros.

Otro punto crítico señalado por las empresas es el impacto económico que estas regulaciones podrían tener en los conductores afiliados. La implementación de normativas rígidas y costos adicionales limitaría la capacidad de miles de personas para generar ingresos de manera flexible e independiente. Además, los plazos de adecuación propuestos en el proyecto son considerados demasiado cortos, lo que podría dejar a muchos conductores sin una fuente de ingresos en el corto plazo.

El comunicado concluye con un llamado al Congreso para que revise la propuesta con responsabilidad y adopte un enfoque regulatorio moderno, alineado con los modelos digitales y las demandas económicas actuales. Las empresas reafirmaron su compromiso con la innovación y la libertad económica, destacando la importancia de un entorno regulatorio que fomente el desarrollo responsable y seguro de la movilidad privada en el país.