El reciente Decreto Supremo N° 006-2025-MTC, publicado el 17 de abril de 2025 por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ha generado una fuerte controversia en el sector gastronómico y de servicios de entrega en el Perú.
Según el Gobierno peruano, la norma busca reforzar la seguridad en el servicio de delivery ante el riesgo de que delincuentes se hagan pasar por repartidores. Sin embargo, las disposiciones incluidas han sido calificadas como contraproducentes y perjudiciales por diversos actores del sector, entre ellos Blanca Chávez, vocera de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Perú (AHORA Perú).
Deliverys en Perú se reforman: ¿cajuelas de madera para los motorizados?
Entre las medidas más polémicas se encuentra la prohibición del uso de mochilas de reparto, que serán reemplazadas por cajuelas fijadas al chasis posterior de los vehículos. Chávez señaló que esta disposición no solo es innecesaria, sino también peligrosa y costosa.
Según explicó, las mochilas herméticas actualmente utilizadas permiten mantener la comida caliente y han demostrado ser funcionales para el servicio. Además, advirtió que las cajuelas, generalmente fabricadas con materiales como madera, podrían representar un riesgo en caso de accidentes y alterar el diseño original de los vehículos, lo que podría comprometer la seguridad de los repartidores.
El impacto económico de estas medidas también ha sido motivo de preocupación. Según Chávez, el delivery representa aproximadamente el 30% de los ingresos de los restaurantes que utilizan este servicio, por lo que cualquier barrera operativa o económica podría afectar significativamente al sector. Además, la implementación de las cajuelas supondría un gasto adicional para los repartidores, quienes ya enfrentan condiciones económicas complicadas.
Los chalecos tampoco son del agrado de los restaurantes
Otra disposición incluida en el decreto es la obligatoriedad de que los conductores utilicen chalecos con la placa del vehículo y cascos abiertos. Esta medida ha sido criticada por expertos del sector, quienes consideran que podría estigmatizar a los repartidores y, al mismo tiempo, aumentar los riesgos de seguridad para ellos.
Chávez enfatizó que antes de implementar regulaciones de este tipo, las autoridades deberían consultar con los gremios y actores directamente involucrados, como las cadenas de restaurantes y empresas de comida rápida, que dependen en gran medida del servicio de delivery.
Un registro nacional de repartidores por delivery que despierta críticas
El decreto también establece la creación de un registro nacional de prestadores de servicios de entrega y delega a las 196 municipalidades provinciales la responsabilidad de autorizar el servicio y mantener actualizado dicho registro. Sin embargo, fuentes del sector han señalado que este enfoque regulatorio es inconsistente, ya que podría generar duplicidades, descoordinación y fragmentación normativa. Además, la falta de especificaciones claras y la implementación apresurada sin un reglamento adecuado agravan la inseguridad jurídica para los trabajadores y las empresas del sector.
Si bien se reconoce la necesidad de combatir la delincuencia, diversos actores coinciden en que las medidas adoptadas no deben criminalizar el uso cotidiano de vehículos menores ni crear barreras que afecten el emprendimiento y la competitividad. Según las críticas, las normas deben diseñarse considerando los impactos reales y el problema público que se busca resolver, para evitar consecuencias negativas tanto para los usuarios como para los prestadores del servicio.
¿Qué le espera al negocio de los deliverys en Perú?
El servicio de delivery ha demostrado ser una solución eficiente para muchas personas, especialmente en un contexto de caos vehicular y preocupaciones de seguridad.
Sin embargo, las nuevas disposiciones del MTC podrían poner en riesgo la viabilidad de este sector, que emplea a más de 30.000 trabajadores en todo el país. La controversia en torno al Decreto Supremo N° 006-2025-MTC continúa generando debate, mientras los gremios y expertos del sector esperan que las autoridades reconsideren las medidas y busquen alternativas más efectivas y equitativas.
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