Congreso pretende que adolescentes de 14 años también sean juzgados como adultos: Lo que dice la nueva propuesta de APP

La congresista Lady Camones, de la bancada Alianza para el Progreso (APP), presentó, este martes 13 de mayo, ante la Comisión de Constitución un proyecto de reforma constitucional para establecer que los adolescentes desde los catorce años puedan ser imputables penalmente de manera especial. La propuesta busca modificar el artículo 30 de la Constitución y ha sido sustentada por la legisladora como una forma de “evitar ambigüedades normativas” sobre el tema.

Este nuevo proyecto llega poco después de que el Congreso aprobara una controvertida ley que permite procesar penalmente a adolescentes de dieciséis y diecisiete años como si fueran adultos en casos de delitos graves. Esta norma fue duramente cuestionada por diversas instituciones, incluyendo el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ahora, con esta nueva iniciativa, se plantea ampliar aún más el rango de edad para aplicar responsabilidad penal diferenciada, lo que ha encendido nuevamente el debate.

Durante la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento, Lady Camones argumentó que la actual normativa presenta “una falta de precisión institucional sobre la edad mínima para atribuir responsabilidad penal”, lo que, a su juicio, genera un vacío normativo dentro del ordenamiento jurídico peruano.

“Consideramos necesario que esté delimitado en la Constitución”, indicó Camones, quien explicó que, si bien existen disposiciones sobre responsabilidad penal diferenciada para menores, la Carta Magna no establece explícitamente un punto de inicio.

Por ello, la iniciativa plantea modificar el artículo 30 de la Constitución para añadir un nuevo párrafo que precise que toda persona mayor de catorce años puede ser imputada penalmente, “de acuerdo con el principio de legalidad y la normativa correspondiente”. Y con ello, que adolescentes entre catorce y dieciséis años puedan asumir responsabilidad penal especial.

En su exposición, la legisladora afirmó que la propuesta se alinea con lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce la existencia de mecanismos de responsabilidad penal juvenil, siempre que se respeten garantías diferenciadas. “Con esta reforma, brindamos respaldo constitucional a leyes ya existentes, y fortalecemos la percepción de justicia y seguridad entre la ciudadanía”, indicó.

Camones también aseguró que su propuesta no busca criminalizar a menores por cualquier delito, sino dar sustento constitucional al tipo de responsabilidad penal especial ya contemplado en el Decreto Legislativo.

El concepto de “imputabilidad penal especial” se refiere a la posibilidad de procesar a adolescentes por delitos cometidos, bajo un régimen distinto al de los adultos. En Perú, esta figura está regulada en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (Decreto Legislativo 1348), que aplica para personas entre los 14 y 17 años. Este régimen contempla procesos diferenciados, sanciones específicas y medidas socioeducativas.

A diferencia del sistema penal ordinario, el enfoque especial considera factores como la edad, el contexto del delito y las posibilidades de reinserción social. Las sanciones pueden incluir centros juveniles como Maranguita o Santa Margarita, medidas de orientación o apoyo familiar, entre otras, pero no contemplan prisión en penales comunes.

Sin embargo, con la ley ya aprobada para adolescentes de dieciséis y diecisiete años, ahora es posible aplicar penas como prisión o cadena perpetua para ciertos delitos, lo que rompe parcialmente con la lógica diferenciada del sistema juvenil. La propuesta de Lady Camones deja la puerta abierta a que futuras reformas puedan ampliar la severidad de las sanciones o reducir aún más la edad mínima de responsabilidad.

El Ministerio Público, como institución, ha expresado su posición y preocupaciones frente a las reformas que buscan reducir cada vez más la edad para procesar penalmente a menores de edad. La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, fue una de las voces más firmes en advertir sobre las consecuencias de esta tendencia normativa, quien Alertó sobre los peligros de seguir rebajando la edad penal frente a una problemática social.

“Si la criminalidad quiere más adelante instrumentalizar a nuestros niños y niñas ya no usando a los chicos de 16 y 17 años, sino a los de 15, 14, 13 o 12, ¿vamos a seguir cambiando la ley para perseguirlos como si fueran adultos? Ese es el camino equivocado y estamos a tiempo de rectificar”, advirtió la titular del Ministerio Público.

También se ha cuestionado que estas reformas puedan ir en contra del espíritu garantista de la Convención sobre los Derechos del Niño, que si bien permite mecanismos de responsabilidad penal juvenil, también exige un tratamiento acorde con la edad y madurez del infractor.