Congreso aprueba expulsión inmediata de delincuentes extranjeros detenidos en flagrancia

El Congreso de la República dio luz verde este miércoles 14 de mayo a una importante medida dirigida a fortalecer la seguridad ciudadana: la expulsión inmediata de delincuentes extranjeros detenidos en flagrancia, sin necesidad de esperar una sentencia judicial firme.

Esta decisión, respaldada por una amplia mayoría de 97 votos a favor, modifica el Código Penal para permitir que un juez pueda ordenar la deportación de un extranjero capturado “con las manos en la masa”, agilizando así los procesos contra la delincuencia.

Esta reforma legal responde a la creciente preocupación de la sociedad peruana ante la incidencia de delitos cometidos por personas extranjeras en el territorio nacional. Según datos de encuestas recientes, una de ellas elaborada por CPI y Exitosa, hasta un 95 % de los ciudadanos encuestados manifestó su apoyo a la expulsión inmediata de quienes cometan delitos en el país, reflejando una demanda contundente por acciones más severas y efectivas frente a la inseguridad.

El dictamen aprobado establece que la expulsión podrá ser ordenada en la audiencia de control de detención o dentro de las 24 horas siguientes a la captura, siempre que la flagrancia quede demostrada.

Este procedimiento judicial expedito permite evitar dilaciones en el proceso, para que la persona detenida sea retirada del país sin necesidad de esperar un largo juicio. Además, la norma contempla que la persona expulsada no podrá regresar al Perú durante todo el tiempo que dure la pena máxima aplicable al delito cometido, un plazo que puede oscilar entre 5 y 25 años.

Un aspecto relevante de esta normativa es que no solo se busca la expulsión, sino que también se permitirá la incautación de bienes del delincuente para reparar el daño causado, a través del decomiso o extinción de dominio. La ley enfatiza que esta reparación civil no estará sujeta a prescripción, garantizando así que las víctimas puedan recibir una compensación adecuada.

El legislador Jorge Soto, de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), impulsor de esta iniciativa, expresó su satisfacción por la aprobación del proyecto y destacó la necesidad de sancionar ejemplarmente a quienes vuelvan al país tras ser expulsados por actos delictivos.

“Somos el único país de la región que permitimos el retorno sin dar sanciones”, afirmó Soto, y añadió que “el delincuente extranjero que pise nuevamente suelo peruano podrá ir a la cárcel por un tiempo que va de los 6 hasta 10 años”. Su mensaje reflejó el compromiso del Congreso por trabajar en equipo para enfrentar la delincuencia internacional.

Cabe precisar que la ley también contempla excepciones para proteger derechos fundamentales, por lo que no se aplicará a menores de edad, solicitantes de refugio ni a personas cuya expulsión pueda vulnerar derechos reconocidos por tratados internacionales o la Constitución peruana. Esto evidencia un equilibrio entre el rigor en la lucha contra la delincuencia y el respeto a los derechos humanos.

La iniciativa fue exonerada de segunda votación, lo que significa que pasará directamente al Poder Ejecutivo para su promulgación y puesta en marcha. Así, se espera que esta nueva herramienta legal contribuya a reducir la incidencia de delitos cometidos por extranjeros y genere un efecto disuasivo frente a quienes planeen delinquir en el país.

Esta medida se suma a una serie de esfuerzos gubernamentales para fortalecer la seguridad en el Perú, en un contexto en que el Ejecutivo, bajo la gestión de la presidenta Dina Boluarte, ha solicitado un endurecimiento en la lucha contra la delincuencia, especialmente aquella vinculada a ciudadanos extranjeros.