PNP informa que identificó a 20 implicados en la masacre de mineros en Pataz y recolectan pruebas en zona del crimen

El general Víctor Zanabria Angulo, comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), durante una conferencia realizada en Trujillo, informó que se ha identificado a al menos 20 personas como presuntos implicados en el asesinato de 13 trabajadores de seguridad en una bocamina de la provincia de Pataz (La Libertad), ocurrido el pasado 2 de marzo.

Según explicó, estas personas habrían estado involucradas en el ataque, incluyendo tanto a quienes ingresaron armados a la bocamina como a aquellos que habrían coordinado la acción desde otro punto. Para la Policía, el móvil del crimen iría más allá del simple robo de mineral, ya que apuntaría a una disputa por el control territorial de la zona donde se ubican los socavones.

Las identidades de los sospechosos aún se mantienen en reserva, mientras los agentes realizan nuevas incursiones en la zona del crimen para recolectar pruebas como casquillos de bala, huellas y otros elementos forenses que permitan sustentar las investigaciones.

Añadió que en la provincia de Pataz se ha detectado la presencia de cinco organizaciones criminales con fuerte presencia territorial, especialmente en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, donde se concentran los principales yacimientos mineros. Además, se han identificado alrededor de 14 bandas delictivas que operarían de manera intermitente, dedicándose al “chalequeo” —cobro por protección— y a la extorsión en distintos puntos de extracción de mineral.

El consejero regional de La Libertad, Luis Rodríguez, advirtió sobre la falta de fiscalización frente al crecimiento de la minería ilegal en la provincia de Pataz. Según indicó, la comisión regional de Energía y Minas no ha vuelto a reunirse desde la vacancia de su presidente, lo que ha paralizado la elaboración y ejecución de un plan de trabajo para enfrentar esta problemática.

En declaraciones al medio local Sol TV, Rodríguez lamentó que, a pesar de la reciente masacre donde fueron asesinadas 13 personas en una bocamina, aún no exista un plan de intervención integral en la zona. Afirmó que la situación de criminalidad se ha desbordado por la presencia del oro y cuestionó la inacción del Gobierno ante esta crisis.

El consejero también señaló que actualmente hay cerca de 15 mil mineros informales en proceso de formalización en la región. En ese sentido, enfatizó que la única forma de lograr una minería responsable es a través de procesos serios de formalización y capacitación para los trabajadores del sector.

Rodríguez exhortó al Ministerio de Energía y Minas a asumir un rol más activo en Pataz, con presencia en territorio y medidas concretas que permitan prevenir nuevas tragedias.

El estado de emergencia decretado en Pataz tras el asesinato de 13 trabajadores de seguridad en una bocamina ha generado el rechazo de algunas autoridades locales y dirigentes sociales. El Gobierno Central dispuso, desde el 9 de mayo, un toque de queda de 6 p.m. a 6 a.m. en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, además de la suspensión de toda actividad minera y el ingreso del control militar. Sin embargo, estas medidas han sido calificadas como desproporcionadas por afectar directamente a la población que depende de la minería artesanal para subsistir.

Tanto el consejero regional de La Libertad, Luis Rodríguez, como el presidente de las rondas campesinas de Pataz, Santos Quispe, señalaron que la medida castiga a miles de familias sin atacar el verdadero núcleo del problema. Advirtieron que alrededor de 17 mil familias han quedado paralizadas por la suspensión de labores, mientras que las grandes empresas mineras continúan operando. Además, denunciaron que el Gobierno está confundiendo minería informal con criminalidad, lo que agrava la tensión social en la zona.