Juan Alcántara juró como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Eduardo Arana: perfil, trayectoria y polémicas

A solo horas de oficializarse las renuncias de la totalidad de ministros ante la salida del premier Gustavo Adrianzén, la mandataria Dina Boluarte tomó juramento al nuevo gabinete ministerial. Si bien ratificó a la mayoría de los funcionarios, dada la ausencia de Eduardo Arana, quien asumió la titularidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, Juan Alcántara juró como ministro de Justicia y Derechos Humanos (MinjusDH).

El hoy titular de la cartera se desempeñaba como viceministro. Una de las declaraciones que lo posicionó al frente del ojo público fue en relación con la fallida creación de una franja informativa en los medios de comunicación. En entrevista con RPP, sostuvo que aunque la “intención del Poder Ejecutivo no es imponer, sino desarrollar el deber de colaboración que tienen los medios de comunicación privados”, se ha pensado en un tiempo de transmisión. Es decir, que la prensa esté obligada a difundir los contenidos aprobados por el Ejecutivo en el espacio que determinen. Ante los cuestionamientos, el Ejecutivo desistió de dicha propuesta.

Con una sólida formación académica y una trayectoria profesional de tres décadas en la administración pública, Juan Alcántara es abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con estudios avanzados en Derecho Penal por la Universidad Nacional Federico Villarreal ha desempeñado diversos roles clave en instituciones públicas del Perú. Según su perfil profesional, no solo cuenta con amplios conocimientos en derecho administrativo, penal y procesal penal, sino que también ha demostrado habilidades en liderazgo, trabajo en equipo bajo presión y negociación en contextos de conflicto.

Ha ocupado cargos de alta responsabilidad en múltiples entidades gubernamentales. Entre sus funciones más destacadas se encuentra su labor como Director de la Oficina de Asesoría Jurídica del Servicio de Parques de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como su desempeño como Fiscal Provincial Titular en el distrito judicial de Junín. Además, fue Presidente de la Junta de Fiscales Provinciales durante el periodo 2010-2011, un cargo que subraya su capacidad de liderazgo en el ámbito judicial.

Asimismo, se ha desempeñado como abogado en Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y como asesor Legal en diversas instituciones, entre ellas la Secretaría General del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Viceministerio de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y la Gerencia General de SENCICO. Su experiencia en asesoría legal se extiende también al ámbito municipal, habiendo sido Secretario General en la Municipalidad Distrital de Breña.

En el ámbito ministerial, su trayectoria incluye roles como Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica tanto en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como en el Despacho Presidencial, además de haber ocupado el cargo de Subsecretario General del Despacho Presidencial. Asimismo, fue Director Ejecutivo de PRONACEJ y Secretario General del Ministerio de Salud, posiciones que reflejan su capacidad para gestionar áreas estratégicas en sectores clave del gobierno.

Previamente, se cuestionó su cercanía a Nicanor Boluarte, sobre todo al ser nombrado luego de la detención del hermano de la presidenta. Según declaraciones que brindó a Panorama, su amistad data de hace varios años. Este lazo quedó evidenciado en interacciones en redes sociales, donde ambos se dirigían de manera coloquial y amistosa, refiriéndose mutuamente como “doctores”.

La controversia en torno a Alcántara se intensificó en 2023, cuando fue contratado como funcionario del Ministerio de Salud. Esta decisión generó cuestionamientos debido a que Alcántara enfrentaba un proceso abierto relacionado con presuntas irregularidades durante su gestión como secretario general de la Municipalidad de Breña. Según un informe de la Contraloría General de la República, Alcántara habría incurrido en responsabilidad administrativa y penal al gestionar la contratación de un asesor sin la experiencia laboral ni la formación académica requerida.

El informe de entidad detallaba que Alcántara solicitó los servicios del ingeniero Daniel Peña Bermúdez como asesor en temas de infraestructura y gestión municipal para el entonces alcalde de Breña, José Li Bravo. Peña Bermúdez habría trabajado bajo un contrato irregular entre enero de 2019 y julio de 2021, percibiendo un sueldo mensual de 7.500 soles. Estas irregularidades fueron señaladas como parte de las responsabilidades atribuidas a Alcántara durante su desempeño en la municipalidad.