Esterilizaciones forzadas: Corte IDH evaluará el caso de la muerte de una mujer víctima de las políticas del gobierno de Alberto Fujimori

Por primera vez, un caso de esterilizaciones forzadas, una política estatal impulsada durante el gobierno de Alberto Fujimori, llegará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este caso involucra a Celia Ramos, una mujer de 34 años, oriunda de Piura, quien falleció después de haber sido sometida a una esterilización quirúrgica como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar en 1997.

Durante la intervención, Celia sufrió un paro respiratorio debido a la falta de recursos y capacidad del centro médico para atenderla adecuadamente. La cirugía le costó la vida 19 días después del procedimiento.

Este hecho forma parte de un patrón más amplio de esterilizaciones forzadas que se llevaron a cabo durante el gobierno de Fujimori en la década de 1990, cuando miles de mujeres, en su mayoría de zonas rurales e indígenas, fueron sometidas a procedimientos sin su consentimiento informado. El caso de Celia Ramos, uno de los más emblemáticos, ha sido llevado a la Corte IDH después de años de luchas legales y la falta de justicia en el Perú.

El caso de Celia Ramos fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2010 por la organización feminista Demus - Estudio Para la Defensa de los Derechos de la Mujer. En 2021, la CIDH emitió un informe de fondo en el que se declaró la responsabilidad del Estado peruano por la violación de los derechos de Celia. La CIDH recomendó adoptar medidas de reparación para la víctima y asegurar que no se repitieran tales violaciones.

Sin embargo, debido a la falta de avances en el cumplimiento de estas recomendaciones, la CIDH envió el caso a la Corte IDH en junio de 2023. En ese mismo año, las organizaciones CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) y el Centro de Derechos Reproductivos se sumaron a la representación del caso.

El objetivo principal de este litigio es que la Corte IDH establezca la responsabilidad del Estado peruano por las esterilizaciones forzadas, las cuales se consideran un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles.

Las organizaciones que representan a las víctimas buscan que la Corte emita una sentencia que permita hacer justicia para Celia Ramos y para las miles de mujeres afectadas por estos procedimientos. A su vez, esperan que la sentencia garantice reparación integral para las víctimas y asegure que estos hechos no se repitan en el futuro.

La Corte IDH ha convocado a una audiencia pública que se celebrará en Ciudad de Guatemala el jueves 22 de mayo, a las 10 a.m. (hora de Perú) y 9 a.m. (hora de Guatemala). En la audiencia participarán los familiares de Celia Ramos, quienes se han convertido en un símbolo de la lucha por justicia para las víctimas de esterilizaciones forzadas en el Perú.

Acompañados por su defensa legal, conformada por Demus, CEJIL y el Centro de Derechos Reproductivos, los familiares de Celia buscan que la Corte reconozca las violaciones cometidas por el Estado peruano y que se establezca una reparación adecuada para las víctimas.

La Corte IDH, en un pronunciamiento del pasado 2 de mayo, también ordenó al Estado peruano garantizar que las representantes de la organización Demus puedan ejercer libremente la representación legal de Celia Ramos sin ser objeto de represalias.

Esta medida se toma debido a la aplicación de la recientemente promulgada “Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI”, también conocida como “Ley Anti Justicia”, que dificulta la representación legal en casos en los que el Estado esté involucrado o acusado. Este pronunciamiento resalta la importancia de proteger a los defensores de derechos humanos en el país.

Celia Ramos nació en 1963 en Piura, una ciudad del norte de Perú. En 1997, a sus 34 años, acudió a un puesto de salud en busca de atención médica. Sin embargo, fue víctima de las políticas coercitivas del gobierno de Fujimori.

En ese momento, personal de salud comenzó a presionarla para que se sometiera a una ligadura de trompas, un procedimiento que nunca fue debidamente explicado, y cuya realización vulneró su derecho al consentimiento libre, informado y previo. A pesar de la falta de información y la presión recibida, Celia fue sometida al procedimiento.

El 19 de mayo de 1997, Celia falleció debido a complicaciones derivadas de la cirugía. La falta de recursos médicos en el centro de salud y la ausencia de atención adecuada durante su intervención fueron factores clave que contribuyeron a su muerte. Su caso, como muchos otros, quedó marcado por la negligencia y la vulneración de derechos, lo que la convirtió en una de las miles de víctimas de esterilizaciones forzadas del régimen de Fujimori Fujimori.